La Proposición de Ley contra la Precariedad Laboral presentada por Ciudadanos esconde, tras una apariencia «progresista», una serie de medidas que abaratan nuevamente el despido —en la línea de la reforma laboral de 2012— al ampliar el abanico de causas de despido objetivo. Con ello, la propuesta de Ciudadanos limita formalmente la contratación temporal, pero a costa de hacer temporal la contratación indefinida. Esta proposición de ley, en caso de llevarse a cabo, pondría en peligro el actual sistema de Seguridad Social.

En primer lugar, si bien se derogan la mayoría de fórmulas vigentes de contratación temporal (solo se mantienen los contratos formativos y los de sustitución), también se reformula el despido objetivo (cuya indemnización es de veinte días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades) para que cubra prácticamente todos los supuestos. Por una parte, se incluye como causa extintiva específica la finalización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia. Por otra parte, se incorpora la causa por amortización del puesto de trabajo individualizado, que abarca prácticamente cualquier situación, lo que supondrá que, de facto, se reduzca en muchos casos la indemnización de treinta y tres días y veinticuatro mensualidades (del despido improcedente) a veinte días y un máximo de doce mensualidades.

Esta ampliación de las causas de despido desvirtúa por completo el sentido de la propuesta y acaba «contaminando» de precariedad todos los contratos, también los indefinidos. Para acabar con el abuso de los contratos temporales, no es necesario modificar las causas de los despidos objetivos.

La supresión del contrato temporal y sus cláusulas no resuelve por sí misma el problema de la temporalidad. La temporalidad es el resultado de una determinada forma de organización empresarial asociada al abuso del empleo atípico. Dado el actual nivel de rotación en el puesto de trabajo —la duración media de los contratos se sitúa en cincuenta y tres días al año—, el «despido sin causa» que contempla Ciudadanos, a pesar de la indemnización de veinte días, no servirá para frenar los contratos de días o semanas que abundan en nuestro tejido productivo. De hecho, en enero de 2018, el 53 % de los nuevos contratos firmados tuvieron una duración inferior a seis meses (que cubre el período de prueba). Lo más probable es que las empresas sigan manteniendo una elevada rotación, salvando que ahora, simplemente, dejará de llamarse «empleo temporal». Es más, la proposición de Ciudadanos incluso facilitaría el despido de los trabajadores indefinidos. Asimismo, la parcialidad involuntaria, un problema igual de grave que la temporalidad, no se verá reducida, ya que su proposición de ley no incluye medidas específicas.

En segundo lugar, esta proposición afecta gravemente al sistema de la Seguridad Social por dos vías. Por una parte, establece importantes bonificaciones en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo de los trabajadores fijos en las empresas que tengan una menor rotación en sus plantillas en relación con otras empresas de su sector. Por otra parte, establece un mecanismo de cuentas personales de la Seguridad Social (la llamada «mochila austriaca»), que consiste en la asignación a cada trabajador de una cuenta personal con motivo del alta inicial en cualquier régimen de la Seguridad Social.

Aunque la proposición de ley no especifica su desarrollo, los efectos de la mochila austriaca pueden ser muy negativos por dos motivos:

  1. Terminar con la solidaridad del sistema de Seguridad Social para construir un sistema individual, e incluso hereditario, que aumentaría aún más las desigualdades (en uno de los países donde más han crecido desde la crisis en Europa).

  2. Podría crearse un sistema paralelo al actual que únicamente afectaría a las personas con salarios suficientemente altos como para hacer contribuciones adicionales. A su vez, si se permite que estas contribuciones se deduzcan de la parte destinada a la Seguridad Social, de nuevo el sistema actual se vería perjudicado en su poder recaudatorio.

Por último, esta proposición de ley deja deliberadamente de lado temas que atañen a todos los trabajadores y trabajadoras, y algunos problemas del mercado de trabajo que necesitan solución para terminar con la precariedad:

  1. El aumento del salario mínimo. España tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la zona euro, y la brecha en la distribución entre los beneficios empresariales y los ingresos del trabajo se ha agrandado con la crisis en favor de los primeros.

  2. La necesidad de restituir el equilibrio en la negociación colectiva reforzando un marco más favorable a las rentas del trabajo y garantizando que el crecimiento de los salarios sea, al menos, el mismo que el de la productividad.

  3. El problema de supervisión de las horas extraordinarias. Los datos de la EPA señalan que en España se realizan más de seis millones de horas extra a la semana, de las que casi la mitad no son remuneradas.

En nuestra opinión, las medidas para afrontar la precariedad laboral deben ir por el siguiente camino:

  1. Restablecimiento del contrato fijo como situación ordinaria y recuperación de la causalidad en la contratación temporal, reduciendo las figuras contractuales temporales y estableciendo de forma estricta los únicos casos en que pueden ser utilizadas.

  2. Incremento de la indemnización por extinción del contrato temporal hasta los veinte días por año trabajado para equipararse al despido objetivo del contrato indefinido ordinario, sin modificar la regulación de este último.

  3. Establecimiento de una duración máxima de los contratos temporales e imposibilidad de que sean prorrogables más de una vez.

  4. Prohibición del encadenamiento contractual (sucesión de contratos temporales a distintas personas) respecto a un mismo puesto de trabajo.

  5. Endurecimiento de las sanciones en caso de fraude de ley, estableciendo mecanismos legales que resulten realmente útiles para prevenir el fraude masivo que actualmente se produce.

  6. Penalización mediante aumentos en las cuotas empresariales a la Seguridad Social a aquellas empresas con porcentajes de temporalidad superiores a la media del sector.

19 de junio de 2018