1. El agua nunca más será un producto financiero
La mercantilización del agua conlleva carísimas infraestructuras, que solo benefician a constructoras y fondos de inversión.
Garantizaremos el acceso a agua de calidad como derecho universal.
2. Las centrales hidroeléctricas volverán a ser públicas
Una vez acabado su periodo de explotación privada, pasarán automáticamente a la gestión pública.
3. La gestión pública del agua se recuperará en una legislatura
Casos como los de Lezo y Acuamed demuestran que la privatización del agua ha generado corrupción y peores servicios para la ciudadanía.