El pasado 28 de diciembre, tras varias semanas de negociaciones, el partido conservador Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, anunció la formación de un Gobierno de coalición en Israel. Este Gobierno nace después de cinco elecciones parlamentarias en los últimos tres años y está conformado por el ala más extremista de la política israelí, incluyendo partidos de la derecha tradicional —como Likud y Shas—, pero también todos los partidos del denominado «sionismo religioso». Netanyahu volverá, por tanto, a dirigir Israel aun cuando prosiguen las investigaciones judiciales que lo mantienen acusado de corrupción, atado a las voluntades de los partidos extremistas, que serán los encargados de apoyar las reformas legislativas necesarias para evitar su entrada en prisión y la prohibición del ejercicio de cargos públicos.

En un movimiento peligroso, los partidos representantes del sionismo religioso (Poder Judío, UTJ, Sionismo religioso, Noam) han realizado una campaña electoral basada en la exhortación de la violencia contra la población palestina a ambos lados de la línea verde; la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania; la necesidad de incrementar el uso de tácticas agresivas por parte de las fuerzas militares y policiales contra las respuestas violentas de la población palestina (llegando a sugerir la inclusión de la pena de muerte en el Código Penal y la garantía de inmunidad para los soldados por crímenes de guerra), y el refuerzo de la identidad judía tanto a partir de la modificación de aspectos educativos clave como de la intervención en el territorio (como es el caso de la planificación de intervención sobre Al-Aqsa). Este discurso supremacista ha encontrado un importante calado dentro de la sociedad israelí, de modo que el conjunto de los partidos del sionismo religioso ha conseguido sus mejores resultados históricos con más de un 25% de los votos.

El acuerdo de coalición de Gobierno busca institucionalizar estos discursos, poniendo en el centro de la futura acción del Ejecutivo cuestiones como la declaración del «exclusivo e inalienable derecho de la población judía sobre todo el territorio [Israel y territorios palestinos ocupados]» y asumiendo principios de campaña como el refuerzo necesario de las fuerzas armadas y policiales para asegurar el acceso al territorio y «combatir el terrorismo» o la promoción de la identidad judía del territorio y  de la población. La forma de garantizar la ejecución de estos acuerdos ha sido distribuir a líderes políticos en puestos ministeriales claves e iniciar una serie de modificaciones legislativas para incrementar su poder.

De esta manera, el líder extremista y antiárabe Itamar Ben-Gvir (Poder Judío) ha sido designado ministro de Seguridad Nacional y se han ampliado los poderes de su Ministerio, que se encargará de los cuerpos militares y policiales tanto en Israel como en Cisjordania. Avi Maoz (líder de Noam), conocido por sus visiones supremacistas, encabezará la formación de un departamento de identidad nacional judía (también considerando Cisjordania); y Orit Strock, de Sionismo Religioso, se encargará del Ministerio de Misiones Nacionales, un eufemismo para referirse al establecimiento de nuevas colonias en territorio cisjordano.

Si bien las acciones de los Gobiernos israelíes nunca han puesto en el centro el respeto a los derechos de la población palestina y de su territorio ni han rendido cuentas por sus acciones en contra de ellos, el actual Gobierno de coalición da un paso más allá, lo cual supone un grave avance en la institucionalización de las prácticas de apartheid y de ocupación más extremas, a partir de la legitimación de los discursos supremacistas judíos radicales y de la descripción institucional del territorio palestino como inalienablemente judío. El potencial que presentan estos movimientos para complejizar, aún más, el escenario israelí-palestino y para acrecentar la inestabilidad regional es alarmante y debe preocupar profundamente a la comunidad internacional. Estamos ante uno de los Gobiernos más extremistas de la historia de Israel, con líderes políticos en sus filas que han mostrado de manera sistemática sus perspectivas supremacistas y su desprecio a las normas internacionales.

Desde Podemos siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de la población palestina en su conjunto, la búsqueda de vías consensuadas para acceder a este derecho y la necesaria rendición de cuentas de los crímenes cometidos por el Gobierno israelí. Estos elementos se ven gravemente amenazados con el escenario resultante de las últimas elecciones, por lo que es urgente priorizar la resolución de este contexto y que, desde los organismos internacionales y estatales, no se obstaculicen las demandas del pueblo palestino. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras la extrema derecha israelí, con la connivencia de los EE.UU. y sus aliados, profundiza en su proyecto de supremacismo y de expulsión de la población originaria palestina.


Miércoles, 4 de enero de 2023