En términos generales, la digitalización es el resultado del abaratamiento y la mejora en las tecnologías que obtienen y procesan información, y da lugar a dos grandes procesos complementarios. Por un lado, la automatización de la producción de bienes y servicios consiste en la combinación de la tecnología tradicional (como robots industriales) con la inteligencia artificial (capacidad de interactuar en entornos cambiantes), de tal forma que se generen sistemas capaces de trabajar de forma autónoma y organizarse a sí mismos (reduciendo errores, actuando con más rapidez y recortando costes operativos). Por otro lado, la informatización consiste en una transformación en la captura, el tratamiento, la obtención, el proceso y el análisis de la información digital, que, mediante herramientas como la nube y el big data, permitirán gestionar grandes volúmenes de datos. La Industria 4.0 está llamada, en definitiva, a transformar los procesos de producción.

Estas nuevas tecnologías pueden aportar ventajas, como el incremento de la productividad en el trabajo y el ahorro de insumos energéticos, aunque también presentan algunos riesgos, relacionados con el empleo y las condiciones laborales, con la polarización social o el reparto justo de estas ganancias. Por tanto, es necesario impulsar una estrategia que permita a la vez aprovechar sus ventajas para transformar el sistema productivo y asegurar que esta transformación revierta en un mayor bienestar social que mejore las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos, y no solo de una minoría. Para conseguirlo, será necesario mejorar la regulación laboral de los nuevos puestos de trabajo en los entornos digitales.

El elevado desinterés del Gobierno del PP en estas cuestiones queda claramente reflejado en la eliminación de la Secretaría de Estado de Industria y en el reparto de sus competencias entre tres ministerios distintos, lo que dificulta la coordinación de los programas de gasto y las distintas líneas de actuación. También es muy escaso el grado de implicación que muestran la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España y la Agenda Digital para España, ya que no establecen compromisos de gasto asociados a ambas y, además, presentan una total ausencia de seguimiento de la efectividad de las medidas, lo que imposibilita una adecuada instrumentación y valoración de estas.

A lo anterior hay que sumar una bajísima inversión en I+D+i, lo que evita que el sistema nacional de investigación provea de los inputs tecnológicos necesarios para la industria (y ahonda en la dependencia tecnológica). De acuerdo con los datos presupuestarios, mientras que en 2009 se presupuestaron 8.400 millones de euros, en 2017 la cantidad descendió hasta los 4.635, es decir, prácticamente a la mitad. En términos de gasto ejecutado, la situación es todavía más dramática: en millones de euros, en 2009 se ejecutaron 6.675, y en 2017 la cantidad fue de 1.376. Esto significa que en 2017 la inversión pública en innovación constituye un 20 % de la existente en 2009.

La digitalización por sí sola no garantiza una mejora notable de la productividad y de las condiciones de vida, pero sí ofrece una importante oportunidad para conseguirla, siempre que se vea acompañada de una política activa, tecnológica e industrial por parte de los principales agentes sociales. Por todo ello, proponemos un Acuerdo Nacional por la Industria y la Economía Productiva, de carácter tripartito (Estado, empresas y trabajadores), que sirva de marco para proponer, implementar y evaluar las políticas industriales y tecnológicas que permitan el desarrollo de las nuevas industrias avanzadas (como la ingeniería, el diseño, las reparaciones o la investigación) y creen sinergias entre sectores y territorios. Nuestras principales líneas estratégicas de política industrial serán las siguientes:

  • Plan Nacional de Transición Energética (PNTE): un plan consistente en una inversión anual público-privada equivalente al 1,5 % del PIB en eficiencia energética y energías renovables durante un periodo de veinte años.
  • Plan de Rescate de la Ciencia y la I+D+i: incremento de la financiación a la ciencia y de proyectos para empresas con base tecnológica y sectores estratégicos, con los objetivos de mejorar el tejido industrial, transferir y aplicar el conocimiento científico y reforzar la capacidad de ofrecer suministros tecnológico-industriales al resto de los sectores productivos.
  • Plan de Inversión Pública: un plan consistente en una nueva política de infraestructuras, basada en criterios claros de rentabilidad económica, social y ecológica, que incluya las redes digitales y que permita una significativa reducción de los costes logísticos y energéticos.
  • Plan de Ayudas para la Renovación del Equipamiento Industrial: un plan que permita a las empresas acceder a la tecnología necesaria para mejorar su productividad y su capacidad para competir en los mercados internacionales.
  • Plan de Apoyo a la Innovación: creación de un «ecosistema» desde el que impulsar el desarrollo de los sectores más innovadores. Esto puede realizarse mediante el impulso de hubs (pequeños centros de negocio) y clústeres de innovación (que reduzcan costes y riesgos).
  • Banca pública: para mejorar la financiación de los sectores productivos que se consideren estratégicos mediante proyectos empresariales a largo plazo. Estas medidas deberían contribuir a transformar el modelo de crecimiento, con el fin de que se reduzca el desempleo y dicho modelo sea sostenible económica y ecológicamente.
  • Lucha contra los oligopolios y fomento de la competencia en los sectores estratégicos: uno de los mayores problemas que afronta la industria son los elevados precios de los insumos, derivados de la falta de competencia en sectores clave (especialmente el energético). Por ello, proponemos medidas regulatorias orientadas a favorecer la competencia, tales como la imposibilidad de integración vertical, la separación entre la propiedad y la gestión de las redes de distribución o la creación de organismos independientes de supervisión, entre otras.

 

23 de mayo de 2018