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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Eje III. Europa con futuro


8. Acción exterior

Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se apoyará con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, con la base jurídica de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado especial. Se promoverá el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

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Se promoverá el reconocimiento por parte de las instituciones europeas del Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional, y se exigirá el fin de la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufren sus poblaciones. Se decretará un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y se impulsará una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos. Se promoverán también normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos o procedentes de los asentamientos ilegales, según el derecho internacional y la ONU. Además, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con una financiación fija y suficiente.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se fortalecerán la cooperación europea y el desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias y la racionalización de capacidades entre Estados como la eficacia en conjunto. Se apoyará la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y de los sistemas de armamento letal autónomo ―es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso― y se impulsará la educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental. En el proceso gradual de conformación del Ejército europeo, defenderemos que este tenga una orientación defensiva, que disponga de mecanismos de legitimación democrática parlamentaria desde el inicio, y que su participación en la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad esté basada en el derecho internacional y en la aprobación parlamentaria.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Se potenciará el rol del Parlamento Europeo en la toma de decisiones del envío de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se promoverán consultas ciudadanas sobre financiación y participación en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

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Se planteará un abordaje integral del fenómeno que dé respuesta también a las causas sobre las que los grupos terroristas expanden su barbarismo: la exclusión, las desigualdades, la difusión de la cultura del odio, la intolerancia, los fundamentalismos religiosos, así como sus fuentes de financiación y su acceso a las armas. En paralelo, se establecerán mecanismos que mejoren la cooperación policial, judicial y de los servicios de inteligencia, y el intercambio de información a escala europea y entre los Estados miembros, y se adoptarán políticas de seguridad y prevención basadas en la evidencia y que no vayan en detrimento de las libertades civiles.

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Se orientará de manera especial a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental. Esta Vicepresidencia armonizará y coordinará la acción exterior de la UE para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo, en colaboración con sus socios externos y con mecanismos de evaluación y auditoría utilizando los instrumentos disponibles en el marco de sus políticas exteriores y apoyando en particular los esfuerzos en los países en desarrollo. Además, velará por la coherencia de las políticas públicas para evitar los impactos negativos que puedan tener en la contribución a la Agenda 2030.

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Se desarrollará esta normativa con el objetivo de armonizar la dispersión existente y asegurar que la ayuda internacional para el desarrollo de la UE responda en exclusiva a objetivos de desarrollo sostenible, de manera que se evite cualquier subordinación o condicionalidad de esta a los fines de otras políticas, como la comercial o la migratoria.

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Se promoverá una hoja de ruta comprometida con la financiación a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para alcanzar el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta en 2027.

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