Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Democracia, participación y lucha contra la corrupción


1. Democracia, participación y lucha contra la corrupción

El marco político actual de la UE, basado en el Tratado de Lisboa, hace del neoliberalismo ley. Consolida un funcionamiento cerrado por el que los poderes centrales de la UE dirigen la economía y la sociedad de manera tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos. Por eso, es necesario abrir un proceso de refundación de la UE que incluya la aprobación de un nuevo tratado capaz de superar la visión ideológicamente sesgada que rige en la actualidad e incorpore el principio democrático en todas sus instituciones.

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Si la ciudadanía vota al Parlamento Europeo, esta institución debe al menos poder elaborar y aprobar leyes de manera completa. Se trata de la única institución elegida por la ciudadanía europea y, por lo tanto, concentra una legitimidad democrática que debe servir como palanca de cambio para la democratización y el equilibrio de poder en toda Europa.

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El Parlamento Europeo propondrá, elegirá y controlará a quienes compongan la Comisión, desde su presidente o presidenta hasta sus comisarios y comisarias, y lo hará de acuerdo con criterios de paridad y de equilibrio territorial. Asimismo, para que la Comisión se centre en tareas ejecutivas, se repartirá su iniciativa legislativa con el Parlamento y el Consejo, lo que permitirá configurar una Comisión más reducida que responda a la pluralidad política electa. Además de democratizar su conformación, el Parlamento podrá realizar mociones de censura constructivas tanto a los comisarios o comisarias individuales como al presidente o a la presidenta de la Comisión.

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Para que la legitimidad democrática impregne todas las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo elegirá y controlará los puestos de máxima responsabilidad de las agencias y otros organismos de la UE, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Alta o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social.

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Se reforzará la voz y la influencia de los municipios y de las comunidades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones y se promoverá que estas últimas asistan a las reuniones del Consejo de Ministros de la UE para intervenir en los asuntos de su competencia.

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Se impulsará la creación de una Carta Democrática Europea que contemple la adopción de medidas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en su gestión y en su control democrático. Para ello, se crearán también procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía mediante formatos inclusivos. La Carta conllevará la puesta en marcha de nuevos espacios participativos para la deliberación ciudadana en lo relativo a la elaboración, la gestión y el control de las políticas públicas, los presupuestos participativos, la participación en los procesos legislativos o la celebración de un mayor número de consultas populares en asuntos decisivos.

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Los requisitos y el procedimiento para presentar una moción de censura ciudadana serán los mismos que los establecidos para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea: primer grupo mínimo de siete ciudadanos nacionales de siete países miembros y un millón de firmas. La moción será debatida y votada en el Parlamento Europeo.

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Se implementará una estrategia europea para la participación de la infancia que asegure que los niños, niñas y adolescentes aporten e influyan en todos los ámbitos de la vida y, en especial, para que asuman un rol de liderazgo en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

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Se establecerán mecanismos de transparencia que hagan accesible la información de todos los procesos de la UE, en especial, de los debates, discusiones y compromisos del Consejo Europeo, del Eurogrupo y de los triálogos entre la Comisión y los representantes del Parlamento o del Consejo.

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Se controlarán y se limitarán las actividades de los lobbies y se hará una difusión pública obligatoria de su actividad, de modo que cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con algún miembro de la Comisión, del Consejo, del Parlamento o con un o una alto cargo de la UE, la ciudadanía debe poder saberlo. También se establecerá un registro oficial y obligatorio de lobbies.

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Se establecerá una legislación rigurosa y unos medios suficientes para hacerla efectiva con el objetivo de impedir que representantes políticos y altos cargos de la UE usen su información y sus contactos a favor de grandes corporaciones, tanto durante su actividad pública como al terminarla.

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Se creará un Código de Ética y Transparencia que recoja mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones y del personal que las compone para que la ciudadanía pueda conocer los motivos de sus decisiones y, en particular, las circunstancias relativas a la adjudicación de fondos europeos a programas, agencias y organizaciones. Este código incluirá, también, la exigencia de una plena justificación de todas las dietas y partidas que se cobren, así como la obligación de los cargos electos de hacer declaraciones de sus ingresos y propiedades, gastos y relaciones con su electorado.

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Para evitar el alejamiento de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos y a las instituciones comunitarias, se impulsarán las siguientes limitaciones: 1) se limitarán los salarios, de modo que ningún parlamentario o parlamentaria cobre más de cuatro veces el salario mínimo de su lugar de residencia o destino ―3 600 euros al mes en España, en lugar de los 6 700 euros netos actuales― y que nadie del funcionariado o que represente a la UE cobre más de cinco veces ese salario mínimo, para lo que se establecerán compensaciones en los casos de mayor desequilibrio; 2) se requerirá justificación del uso de la dieta diaria de más de 300 euros y la mensual de «gastos generales» que reciben los y las representantes en el Parlamento y se devolverá lo no gastado; 3) se eliminará las indemnización por residencia, que supone el 15 % del sueldo base, y también la indemnización por representación de los cargos de alto nivel; 4) se fijará una tributación fiscal igual que para el resto de la ciudadanía.

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Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Por eso, se llevará a cabo una reforma para blindar la independencia de los partidos respecto al poder financiero también en la UE.

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La UE establecerá los medios necesarios para luchar contra la corrupción en su seno y en los Estados, sobre todo cuando las propias instituciones estatales no estén haciendo todo lo posible para ello o sean responsables de situaciones de corrupción, como se ha revelado recientemente en España. En particular, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados y articulará un programa de protección para quien denuncie casos de corrupción y para los funcionarios y funcionarias, periodistas y la ciudadanía en general que tomen partido contra la corrupción. También se reforzará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que se convertirá en agencia, y su control democrático.

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