Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Se impulsará la creación de esta figura con las funciones de armonizar la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados y de supervisar su garantía, y se establecerán sanciones para aquellos que los vulneren o no actúen con la diligencia debida para evitarlo.

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Por su importancia para el buen funcionamiento de la democracia, se promoverá una Directiva Marco de Derechos Procesales y Penales que sintetice y ordene la normativa existente y establezca el acceso gratuito a la justicia, así como un suelo de derechos comunes en esta materia para todos los Estados.

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Para acabar con las situaciones de impunidad y de olvido de la historia que se dan en algunos Estados, como ocurre en España, esta política seguirá un enfoque de derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y garantías de no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Asimismo, se investigarán las ventajas económicas ilegítimas de las que disfrutaron las jerarquías de regímenes como el franquista. También se impulsarán las medidas necesarias para la creación de diferentes Comisiones de Verdad y Reconciliación a escala europea para reconocer la persecución histórica y el repudio sistemático de las poblaciones roma, judía, afro y migrante.

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Quien padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de acabar con ese sufrimiento mediante una eutanasia con garantías. Para ello, la UE estudiará el establecimiento de unos estándares compartidos entre los Estados con objeto de ofrecer todas las garantías necesarias a las personas que deciden poner fin a su vida, así como a los y las profesionales que las asisten.

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Desde la UE, se promoverá un proceso armonizado y garantista de la despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis en los ámbitos personal y colectivo, la regulación de la actividad de los clubs sociales de cannabis y el establecimiento del rol de los Estados en la garantía de seguridad de quienes consuman cannabis y en el control de la producción, distribución y consumo.

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Se impulsará la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional ―en particular, en la persecución del fraude y la corrupción―, logrando una mayor implicación de Eurojust y Europol. Se implementarán mecanismos para cortar las fuentes de ingresos extranjeros de la delincuencia transnacional y para perseguir su financiación oculta. Como se señaló en el Plan Europeo Contra la Corrupción, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados, al mismo tiempo que se fortalecerán las Unidades de Inteligencia Financiera en los propios Estados.

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Se promoverá una directiva con medidas integrales para la erradicación del discurso y los delitos de odio de carácter misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo, afrófobo o LGTBIfobo, en todas sus formas de expresión y en todas las esferas, desde una perspectiva interseccional. Esta directiva incorporará medidas para que la erradicación de tales discriminaciones esté incluida en los marcos de políticas públicas dirigidos al reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos humanos desde una óptica integral.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se promoverá la creación en los Estados de unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de delitos de odio. También se establecerán medidas para asegurar que ningún trabajador o trabajadora de las Administraciones Públicas participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen.

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La UE instará a los Estados a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia y a prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.

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Se promoverá la igualdad jurídica de las distintas confesiones y la separación de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales, haciendo hincapié en la eliminación de privilegios fiscales.

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Para garantizar el derecho a una información y comunicación plural, veraz e independiente, promoveremos una normativa que impida el proceso de concentración empresarial en el ámbito de la comunicación. Los bancos y fondos no podrán ser propietarios de medios de comunicación. La salud de la democracia exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública.

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Este ente desempeñará un rol esencial en la creación de una identidad compartida por todos los pueblos de Europa en torno a los valores esenciales de la UE. Su gestión será independiente y transparente, y estará sometida a control democrático.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, promovido donde sea necesario por una entidad pública. Se incorporará un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico y fomentaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones para que baje esta factura en los Estados en que es más alta, como en España. Asimismo, se impulsará una estrategia europea para el desarrollo del 5G.

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Impulsaremos un texto del máximo rango jurídico que sintetice las garantías que otorga la UE a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral, al tiempo que servirá de protección frente a los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas en su relación con los proveedores de servicios en internet, el uso indiscriminado de datos personales para su venta, la opacidad en el procesado de la información y la vigilancia masiva. Esta carta conjugará la libertad de expresión y creación con una remuneración que haga sostenible la actividad de autores y autoras. También establecerá la obligación de los Estados de hacer accesible la red a un precio asequible y de garantizar el derecho al olvido en internet.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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