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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Eje II. Europa con derechos


4. Derechos sociales y servicios públicos

De igual manera que la UE prescribió para los Estados la prioridad del pago de la deuda, es hora de revertir la situación y garantizar la efectividad de los derechos sociales. Por ello, se promoverá un marco normativo que obligue a los Estados a destinar al menos un 20 % de su PIB a inversión social, del cual un mínimo del 5,6 % corresponderá a educación y un 7,5 %, a sanidad.

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Para que no solo sean derechos declarados, sino también derechos efectivos, se impulsará la creación de un Tribunal Europeo de Garantía de los Derechos Sociales para la protección jurisdiccional de los derechos establecidos en la Carta Social Europea. En su estatuto se asegurará que, ante vulneraciones de sus derechos sociales, la ciudadanía pueda tener un acceso directo a este cuando los tribunales estatales no ofrezcan una protección suficiente. Además, se promoverá la inclusión de los derechos sociales en los Criterios de Copenhague y que su exigibilidad se añada a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Tal como se ha propuesto para reducir la desigualdad en España, se impulsará a escala europea una prestación de ingresos suficientes con una cuantía mínima de 600 euros para los estándares de vida españoles y de hasta 1 200 en función del número de miembros del hogar, que se ajustará a los estándares de vida de cada Estado. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección y promoverá su mejora en el resto.

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Se impulsará la puesta en marcha de un Plan Integral Europeo Contra la Pobreza Infantil que incluya una prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, adaptada a los estándares de vida de cada Estado, que llegará a los 1 200 euros al año de manera universal y a los 2 000 para situaciones de pobreza severa, con un incremento del 50 % en el caso de familias monomarentales o monoparentales para el caso español. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección e impulsará su mejora en el resto.

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La UE armonizará las regulaciones y los estándares de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro, al tiempo que apoyará a los Estados para que sea efectivo el reconocimiento de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública.

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La UE armonizará las regulaciones de los Estados mediante una legislación penal específica para garantizar la prevención, sensibilización, intervención, reparación y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia. Entre otras medidas, se promoverán la suspensión del cómputo para la prescripción de estos delitos ―al menos, hasta que las víctimas hayan cumplido treinta años―, el fin de la distinción entre agresión y abuso sexual, la creación de unidades especializadas en los respectivos sistemas judiciales, el desarrollo de reglas procesales adecuadas para la infancia y la implementación de medidas eficaces en los sistemas educativos, de salud y de servicios sociales.

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La UE establecerá medidas para fomentar el acogimiento familiar como forma de cuidado más eficaz y acorde con el fomento del buen trato y del bienestar actual y futuro de la infancia en relación con los centros residenciales. También promoverá medidas que armonicen los sistemas de adopción, los criterios y los tiempos para evitar discriminaciones y garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

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En el caso de los llamados «menores extranjeros no acompañados» (MENA), su condición de niños, niñas y adolescentes prevalecerá siempre sobre su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de su voluntad, tanto entre países de la UE como en terceros países. Asimismo, impulsaremos la armonización de los procedimientos en los países miembros de la UE a fin de garantizar la autorización de residencia y trabajo a la mayoría de edad de estas personas.

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La UE impulsará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria ―la cual comprenderá libros, material escolar y comedor, en caso de ser necesario, durante todas las etapas educativas―, así como de los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior impartidos en universidades y centros públicos, incluidos los estudios de máster cuando sean obligatorios para ejercer una profesión. Además, se diseñará un programa de prevención del fracaso escolar y del abandono escolar prematuro, se estudiarán medidas para evitar la segregación escolar y fomentar la alfabetización digital en todas las edades y se crearán programas de prevención del bullying (acoso), apoyando la financiación y los recursos de los Estados.

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Los programas Erasmus aportarán una beca suficiente al alumnado que viaja, de forma que nadie se quede sin disfrutar de esta oportunidad de formación por barreras económicas. También se incluirán programas de formación profesional, educación continua y la formación para personas adultas en los programas de movilidad Erasmus. Estas becas tendrán continuidad acabada la estancia Erasmus si en el Estado de origen no existe un sistema de becas suficiente para asegurar la igualdad de oportunidades.

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La UE garantizará el derecho a la salud y a un modelo público de asistencia sanitaria de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introduzcan barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquier país de la UE.

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Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos. También se promoverá la compra de medicamentos a escala europea para evitar que el actual esquema de venta separada a cada Estado o cada administración sanitaria, como en España ocurre con las comunidades autónomas, permita a las grandes farmacéuticas encarecer el precio de los medicamentos.

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Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.

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La UE promoverá un concepto de salud que no solo implique la ausencia de enfermedad, sino que la considere también como un indicador de bienestar. Para ello, entre otras cuestiones en los Estados se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental.

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La UE impulsará la lucha contra la discriminación que sufre la población con VIH ampliando los programas que combaten la estigmatización social, la discriminación y el desconocimiento. También se promoverán políticas eficaces y una inversión en I+D+i suficiente para desarrollar una vacuna eficaz, de carácter preventivo y asequible.

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La UE garantizará el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, impulsará la inserción de estas personas en el mercado de trabajo aumentando hasta el 50 % su tasa de actividad, creará un Fondo Europeo para la Accesibilidad Universal y apoyará a los Estados con el objetivo de que incrementen y agilicen las prestaciones para material ortoprotésico.

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Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Se promoverá la aprobación de una directiva que permita que los pisos vacíos de entidades financieras, fondos de inversión y empresas se incluyan en los correspondientes parques públicos de vivienda, en el marco de un Plan Integral de Vivienda Europeo con el objetivo de consolidar un parque público de vivienda y alquiler social destinado principalmente a las personas jóvenes y a los colectivos en riesgo de exclusión social.

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La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Se garantizará que España y el resto de los Estados miembros cumplan las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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