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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Eje III. Europa con futuro


11. Territorio, mundo rural, municipalismo y movilidad

Para ello, y de manera complementaria, se avanzará en (1) el reconocimiento en la normativa comunitaria de las agrupaciones de entidades locales como unidad territorial sobre la que planificar la distribución y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión, ya que, dentro de una misma provincia, existen diferencias demográficas que, si se obvian, harán imposible enfrentar la despoblación, y (2) desarrollar el concepto de ultraperiferia demográfica interior para reconocer la situación de aislamiento y alejamiento social y económico de las áreas escasamente y muy escasamente pobladas de Europa, con el objetivo de articular un tratamiento fiscal y de políticas públicas diferenciado.

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Se impulsará un plan de choque europeo para darle la vuelta a la discriminación territorial y acelerar la equiparación de derechos y servicios en todo el territorio de la UE. En virtud de este plan, se descentralizarán las inversiones productivas y se garantizará que cualquier programa e inversión europeos que deban implementarse en distintas fases priorizarán los territorios despoblados, aislados y peor tratados por las anteriores políticas de inversión.

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Para ello, es necesario poder complementar y utilizar todos los fondos disponibles de manera coordinada, de forma que el desarrollo rural no dependa solo de los fondos de la PAC, sino que reciba otros fondos para inversiones, formación y empleo. Aparte de asegurar una mayor dotación presupuestaria, se podrán transferir hasta el 50 % de los fondos de la PAC a este pilar de desarrollo rural. De ahí la importancia de crear un Marco Financiero Multifondo para el Desarrollo Rural con una dotación suficiente que integre los fondos FEGA, Feader, FEDER y FSE para garantizar mayor impacto en los territorios rurales. Por último, se impulsarán las estrategias y medidas de desarrollo local participativo impulsadas al amparo de la metodología LEADER, pero garantizando una vuelta a los principios originarios de la iniciativa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Se promoverá el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Se intensificarán los planes de infraestructura ferroviaria potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.

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Se impulsará de manera inmediata una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. Se impulsarán los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red y las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, se impulsará un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su seguridad, se promoverá una directiva y planes específicos para luchar contra la contaminación química y acústica, con medidas tales como la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes ―parques, jardines y cinturones verdes―, el fomento de sendas urbanas ―vías anchas y preferentes de peatones, seguras y flanqueadas por vegetación arbórea―, la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, salvo en determinadas áreas ―modelo de las «Ciudades 30»―, y la limitación estricta de los niveles de ruido, en especial en zonas residenciales y de descanso.

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Creación de espacios de coordinación de áreas metropolitanas y regiones para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión pública, la asignación de recursos suficientes y el aumento de su influencia en las políticas globales que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

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Se facilitará que la voz de los barrios y municipios se escuche directamente en Europa a través del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y de otras instituciones. Asimismo, se velará por el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local.

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Se fomentará la capacidad de iniciativa de los poderes locales, en especial de las agrupaciones supramunicipales en asociación con otras organizaciones de base territorial y social ―como ONG, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de carácter económico…―, para promover experiencias de cooperación interregional en políticas de desarrollo que aseguren la participación de la ciudadanía.

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