Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Se impulsará un plan de permisos y prestaciones para el cuidado y la atención de niños, niñas y adolescentes en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Se establecerá un objetivo mínimo de 24 semanas iguales, 100 % remuneradas e intransferibles, para cuya implementación la UE prestará apoyo a los Estados.

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Se promoverá la reducción de la jornada laboral a 34 horas para avanzar hacia la corresponsabilidad y la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres dentro del ámbito familiar. Además, se impulsará una racionalización de los horarios laborales, la flexibilidad consensuada, el aprovechamiento de las posibilidades del teletrabajo, la protección de los tiempos de desconexión y el establecimiento de planes de respiro familiar para las personas que cuidan.

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En muchos países de la UE, el primer tramo de la educación infantil se encuentra privatizado, y la mayor parte de las familias no tienen acceso a estos recursos. Esto tiene impactos sociales negativos, ya que contribuye a la consolidación de la pobreza en las nuevas generaciones y a la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo. Además, generalizar el acceso a la educación infantil mejorará el rendimiento escolar. Por ello, la UE impulsará la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años para todos los niños y las niñas una vez finalicen los permisos de sus progenitores y progenitoras.

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Para ello, se impulsará la implantación de sistemas de atención a la dependencia públicos, universales y gratuitos para todas las personas en situación de dependencia. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía funcional sin que los cuidados informales recaigan en otros miembros de la familia. El objetivo es alcanzar en la UE una protección media similar a la existente en Suecia. Para lograrlo, se fortalecerán los servicios públicos de atención frente a las prestaciones económicas mejorando la calidad del servicio y facilitando la creación de empleo regular, estable y profesionalizado. En definitiva, se transitará desde el modelo asistencialista actual hasta un enfoque que considere la atención a la dependencia como un derecho.

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Para fortalecer la efectividad de los derechos de las personas empleadas del hogar, la UE ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que estas trabajadoras tengan al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que trabaja, como la prestación por desempleo o las protecciones frente al despido. Asimismo, se impulsará que los Estados que no lo hagan reconozcan periodos no cotizados para su derecho a pensiones, así como la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por la especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las limpiadoras de piso en hotelería (las kellys), las aparadoras de calzado y otros. También se estudiará la elaboración de un Estatuto Europeo del Trabajo de Cuidados para armonizar las protecciones específicas de estos empleos.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Diseñar e implementar políticas feministas requiere un esfuerzo explícito de análisis y dotación presupuestaria para revertir la inercia de siglos de invisibilización. Por este motivo, todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados se elaborarán desde la perspectiva de género y el análisis feminista con perspectiva interseccional y será preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como después de su aplicación. También se empleará esta perspectiva en la elaboración de presupuestos y de las políticas que vayan a adoptarse en el marco financiero plurianual.

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Será obligatorio que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la UE sean paritarios; es decir, que estén compuestos, al menos, por un 50 % de mujeres. También se prestará especial atención a la presencia de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

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La UE obligará a los Estados a que garanticen una acción eficaz para la erradicación de las violencias machistas. Se blindará el 5 % del presupuesto de la UE para ese fin y se exigirá a los Estados que aumenten la dotación de todas las políticas públicas que promuevan la igualdad de género y, por lo tanto, contribuyan a terminar con las violencias machistas.

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Se impulsará una directiva que obligue a los Estados a garantizar la libertad sexual y erradicar las violencias sexuales contra todas las personas, de forma que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político sobre relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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La UE definirá la violencia machista de forma que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, sin limitarse a la ejercida por parejas y exparejas, ya que esto priva de una protección equiparable al resto de las mujeres que sufren violencia; por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso, la UE ratificará el Convenio de Estambul, que incorpora una definición adecuada de las violencias machistas, lo aplicará y hará que los Estados cumplan su contenido, incluso mediante las sanciones correspondientes.

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Se impulsarán medidas que garanticen una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. En particular, se promoverá el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito, practicado en los centros de los sistemas nacionales de salud, para lo que se pondrá a disposición de las mujeres toda la información necesaria para que puedan elegir, se regulará la objeción de conciencia y se impedirá el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica.

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Se pondrá freno a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello, se eliminará cualquier patologización de las personas LGTBI y se garantizará su acceso a la salud en igualdad de condiciones.

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Se implementará un plan europeo para la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica orientada hacia el control reproductivo, las maternidades segregadas y las esterilizaciones forzadas.

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Ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual ni por su identidad o su expresión de género. Se promoverá, por tanto, un marco legal que garantice la protección jurídica de las personas trans, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, y la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual teniendo en cuenta las dificultades específicas de quienes forman parte de un colectivo tan amplio como el LGTBI.

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La UE promoverá la eliminación de las restricciones a los derechos y responsabilidades de parejas, padres y madres por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, siempre garantizando los derechos de la infancia. Se protegerán las distintas realidades familiares elegidas con libertad mediante medidas de apoyo a la adopción para familias LGTBI, el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Desde la UE se establecerá un plan de lucha contra la discriminación hacia las personas intersexuales, respetando el derecho a su integridad corporal, con procedimientos de reconocimiento de género legales rápidos, transparentes, accesibles y basados en la autodeterminación. Se fomentarán políticas específicas de no discriminación, así como medidas frente a los delitos de odio e incitación al odio basados en las características sexuales.

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