Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Cualquier modificación en la gobernanza de la zona euro, o la creación de cualquier nueva institución u organismo, deba incluir la garantía del control parlamentario en su elección y rendición de cuentas. Esta garantía evitará giros en la orientación político económica de la UE al margen de sus pueblos, así como la creciente autonomización de las instituciones económicas respecto al principio de legitimidad democrática que se ha consolidado en la UE durante las últimas décadas.

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Será una cámara formada por representantes de los distintos Parlamentos nacionales de acuerdo con criterios de población, de características territoriales y de pluralidad política. Contará con una verdadera capacidad legislativa y de control político, así como de debate y de decisión sobre la agenda política y económica de la zona euro, incluyendo nuevos pasos en los procesos de integración.

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Se modificará el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia y el resto de los puestos del Comité Ejecutivo del BCE. Por lo tanto, se pasará del actual sistema de elección ―opaco y pactado entre Estados― a uno con criterios de selección transparentes, un debate abierto sobre la estrategia del BCE que requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y del citado Parlamento de la eurozona.

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Esto implicará, también, la coordinación formal de la política monetaria con el resto de las políticas económicas.

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Esto hará que el BCE se convierta en una agente encargado de sostener las finanzas de los Estados, en lugar de un instrumento para su sometimiento a través de estas. Para ello, podrá actuar como prestamista directo de los tesoros nacionales, y no solo de manera interpuesta a través de los bancos, como ha ocurrido durante la crisis, con enormes beneficios para estos y un gran coste para nuestras deudas.

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Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

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La agenda política europea sigue precisando de un mecanismo de desendeudamiento global, para lo cual se celebrará una Conferencia Europea de la Deuda. En ella, se impulsará un acuerdo para que el BCE reestructure y mutualice aquella parte de la deuda pública de todas las economías de la zona euro que exceda el 60 % del producto interior bruto (PIB). Esto podría hacerse mediante un canje de los bonos actuales por otros nuevos, adquiridos por el BCE al valor nominal con un tipo de interés del 0 % y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Este proceso de reestructuración no conllevará transferencias interterritoriales de renta y permitirá ahorrar a España unos 42 000 millones de euros en el pago de intereses en los próximos cinco años.

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Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Este Plan Europeo de Inversiones se financiará mediante la emisión de eurobonos, aparte de con los ingresos provenientes de una nueva fiscalidad más justa y progresiva.

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Con este fin, se reformarán en profundidad las actuales reglas fiscales: se renunciará a establecer de forma arbitraria los mismos objetivos o límites al déficit público para todos los países y se reconocerá que las políticas fiscales (y no solo las de recortes) pueden desempeñar también un papel estabilizador.

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Algunos impuestos, como el de sociedades o aquellos para el nuevo entorno digital, requieren una normativa común a escala europea para evitar la competencia o el dumping fiscal entre Estados, que termina erosionando la recaudación y perjudicando a la mayor parte de la población de la UE. Para ello, se establecerán unos estándares mínimos comunes para el impuesto de sociedades y se armonizarán los sistemas de retenciones fiscales en origen con un tipo mínimo efectivo de 20 puntos en todos los países de la UE, así como el límite de las deducciones de impuestos a inversiones ecológicas en un porcentaje que no exceda el 5 %.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se definirá una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la competencia a la baja y reconecte el crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad. La recuperación del peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos al nivel previo a la crisis de 2008, será un objetivo prioritario de la política económica de la UE.

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Se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance en todos los países al menos el 60 % del salario medio, lo que equivaldría, por ejemplo, a 1200 euros al mes en España.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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Con este nuevo marco normativo común, se establecerá un «suelo de derechos» que permitirá igualar —en lo relativo a derechos laborales— la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos Estados para evitar la competencia y el perjuicio que esto les causa a todas las personas que trabajan.

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Gracias al establecimiento obligatorio de una negociación colectiva europea en las grandes empresas con presencia en varios Estados, se consolidará un mecanismo de conquista de derechos y de mejora de las economías de los Estados.

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Esta institución pasará de tener un carácter consultivo a disponer de una mayor cantidad de recursos y competencias para realizar una actividad de inspección a escala europea en colaboración con las autoridades estatales. También deberá liderar la protección de los derechos de las personas trabajadoras allí donde las autoridades estatales hayan renunciado a esta labor. Asimismo, establecerá criterios vinculantes para la protección de estos derechos e impulsará la armonización legislativa en materia laboral y sindical.

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Se apoyará a las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Además, se fomentará la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, y será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de estos en los órganos de dirección con voz y voto. De este modo, nuestras economías aprovecharán ese talento, que mejorará las decisiones estratégicas de las empresas.

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La UE establecerá medidas para garantizar que los Estados cumplen con su obligación de dar acceso a unas pensiones suficientes y actualizadas para hacer posible una vida digna. En particular, pondrá en marcha una estrategia europea para elevar las pensiones más bajas, que nunca podrán situarse por debajo del umbral de la pobreza, y para reducir la brecha de género en las pensiones, derivada de las discriminaciones acumuladas durante décadas contra las mujeres.

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