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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Garantías de Justicia Laboral y Pensiones


El horizonte verde, morado y digital que proponemos va a significar a largo plazo un vuelco de nuestras relaciones laborales, de la distribución de tiempos de cuidado y de disfrute personal y, en general, de nuestra manera de estar en este planeta. Para ello hay, que cortar amarras con una precariedad laboral que no nos deja llegar a final de mes, planificar nuestro futuro o alcanzar unas pensiones dignas. Hay que hacer excepcionales los contratos temporales y que los indefinidos vuelvan a significar algo en términos de estabilidad y de posibilidades de planificar una vida.Hay que acabar con los fraudes y las horas impagadas, y reequilibrar los sueldos y el poder de negociación de las partes.

Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las medidas que se proponen en este apartado.

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De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).

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En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.

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En primer lugar, si se despide a un trabajador o a una trabajadora con un contrato temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido. Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras temporales antes de que sus contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

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Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo facilitando las distintas modalidades de despido y abaratando su coste. En particular, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.

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Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.

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Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trajajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.

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En España se hacen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas impagadas y que, además, desequilibran cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida. Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan.

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Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

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(Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

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(Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

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(Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

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Se conocen cada vez más casos, como los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

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En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

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Las grandes empresas del IBEX y cotizadas cobran inmediatamente, pero pagan a 90 días, e incluso más a veces, de manera que se financian gracias a unos trabajadores y trabajadoras autónomos y pymes a quienes trasladan todos los riesgos. Muchas de estas pymes y autónomos son, además, reticentes a reclamar, porque temen las represalias de esos grandes clientes de los que dependen. Por lo tanto, la prohibición se debe acompañar de un sistema automatizado de sanciones y reparaciones para hacerse efectiva sin que sea necesaria la reclamación específica. Asimismo, el sector público dará ejemplo de puntualidad, para lo que impulsaremos una ley que lo obligue a pagar a 30 días como máximo a pymes y autónomos en todas las Administraciones.

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Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Al derogar estas dos reformas, se reestablecerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa. Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los trabajadores y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación colectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y efectividad de la prevención de riesgos laborales.

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Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

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Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.

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El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

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Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

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Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

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Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.

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al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.

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Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los presupuestos de 2020 y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal para garantizar una subida lineal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen disciplinario y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los perjuicios ocasionados para los y las militares y sus familias. También se renovarán los órganos de participación, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), con criterios democráticos y vinculantes para la elaboración de las normas sociolaborales. En la misma línea de equiparación de derechos, se reformará la Justicia militar: se suprimirá la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

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A través de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de complemento) y estableceremos una carrera militar integral sin discriminaciones por escala.

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Por un lado, mejoraremos sus condiciones sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral, una adecuación de los complementos conforme a una retribución lineal y un proceso de negociación con las asociaciones y los sindicatos. Por otro lado, incrementaremos esta plantilla para responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo público la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal precario y sin formación adecuada. En este sentido, desprivatizaremos la vigilancia de los perímetros de las cárceles, ya que se trata de un servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil, como esta ya hacía antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para mejorar las condiciones laborales de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios y las funcionarias de prisiones, así como la vida de las personas reclusas.

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Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

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Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

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Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. Esta norma también incrementará la protección de la salud de quien utiliza estos servicios, que muchas veces se prestan sin la titulación profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros talentos seguridad durante los ciclos de preparación de la alta competición. También se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres y a las oportunidades a través del empleo público. Este sector, cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar, y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y estableceremos premios y dietas iguales para mujeres y hombres. También fomentaremos el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que empezarán los medios públicos conforme a criterios objetivos de éxito en las competiciones nacionales e internacionales.

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Estas personas tienen una tasa de paro del 26,2 %, casi 10 puntos por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barrera principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.

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Necesitamos abrir un proceso de diálogo con las organizaciones agrarias para reformar la actual Ley 12/2014, que regula la representación de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo es alcanzar una adecuada representatividad y una interlocución eficaz entre el sector agropecuario y la Administración. Este proceso debe ser democrático y representar la diversidad de los distintos tipos de agricultura y ganadería que se dan en nuestro sector primario.

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Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

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De no derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.

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Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social Europea.

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Tanto la limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos.

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Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de manera más eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados.

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Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un empleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación por el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.

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Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

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Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.

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