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Programa de Podemos
para un nuevo país


Garantías de Justicia Social


España ha perdido al menos una década. Aunque valores macroeconómicos como el PIB hayan vuelto a niveles previos a la crisis de 2008, los indicadores que importan han retrocedido. La desigualdad y la falta de ingresos para asumir gastos básicos como la vivienda, los suministros, una alimentación decente o algo de ocio dejan fuera a más gente —con o sin empleo— de formar parte de nuestros retos colectivos como país. Es inviable pensar que podemos conseguirlos dejando a grandes capas de la ciudadanía fuera de este esfuerzo colectivo.

Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado. La burbuja del alquiler, unida a la anterior burbuja hipotecaria, ha llevado a que en España se destine, en promedio, más de un tercio de la nómina mensual al alquiler de vivienda o que el 80 % de los menores de treinta años vivan en casa de sus padres porque no pueden acceder a un derecho reconocido en la Constitución. Al mismo tiempo, el último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones.

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Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.

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Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.

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Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público. Impulsaremos nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas.

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Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo, elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda.

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Para priorizar la convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes. Junto con las Administraciones locales, estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia.

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En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada.

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España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

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Adoptaremos medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

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Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la situación de vulnerabilidad. Además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros. Esta renta garantizada se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. (Véase el apartado «Horizonte Morado y Economía de los Cuidados»).

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(Véase el apartado «Garantías de Justicia Laboral y Pensiones»).

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Subiremos inmediatamente este índice un 25 % y lo ligaremos al valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano para evitar que las prestaciones que se vinculan a este índice vuelvan a perder valor o sean menos accesibles.

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Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

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Nuestra salud no puede ser un bien como otro cualquiera, con el que hacer más dinero y del que se priva a quien no puede pagarlo. Adoptaremos medidas urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización, como es, por ejemplo, la sustitución de la normativa vigente —que favorece la expansión de la gestión privada de la sanidad— por una que se base en la gestión pública directa.

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Dentro de las competencias del Estado, a través de los órganos correspondientes y con la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios, se hará valer esta garantía.

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Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria, y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.

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Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria, y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.

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Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y han perjudicado la atención a toda la ciudadanía. Por eso, pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que responda al interés de los y las profesionales y de toda la ciudadanía, por encima de criterios comerciales.

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Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

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Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

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Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos, de modo que es necesario garantizar una acción pública y un marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la participación de las asociaciones de afectados y afectadas en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos, productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances médicos y científicos.

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Aprobaremos este plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de garantizar la protección de sus derechos.

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Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

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Esta norma será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

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La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

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El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido estudiar en algo imposible para muchas familias, y quienes han accedido con recursos escasos han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará las becas concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, se establecerá un calendario para que se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se ingresen durante el primer trimestre.

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Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

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Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Tal como exige el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es fundamental para el desarrollo personal e intelectual de estas que puedan participar en la educación en un entorno inclusivo y habitual.

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Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

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Se trata de un aumento que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para potenciar la intervención comunitaria.

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Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma dará entidad a los servicios sociales, delimitándolos como un catálogo de servicios, cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo de servicios sociales a la creación de empleo estable y de calidad, y garantizaremos una cartera estatal de servicios que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y la justicia. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.

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Con este fondo, se financiarán en el conjunto del país los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, de modo que se garantice una vida independiente a todas las personas con diversidad funcional.

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Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

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Tener una situación de diversidad funcional sale caro y finalmente constituye una causa de desigualdad económica. El material ortoprotésico resulta costoso y las cuantías de las ayudas actuales son bajas, de manera que en muchas ocasiones apenas alcanzan para cubrir el coste. Además, es importante que las personas con diversidad funcional no tengan que adelantar el dinero del material, porque para algunas es sencillamente imposible y para todas supone asumir su financiación, ya que la ayuda puede tardar meses en llegar.

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En todos los casos en que se haya padecido una contratación irregular, conforme a la normativa de consumo aplicable, la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude.

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Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI). Eliminaremos también el régimen de impatriados, que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 % a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que les correspondería.

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