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Programa de Podemos
para un nuevo país


Garantías de Justicia Territorial


Hasta ahora, el desarrollo de nuestro país ha vivido de espaldas a la mayor parte del territorio. El abandono de la España vaciada ha perpetuado zonas periféricas en el interior de nuestro país, zonas mal comunicadas, pueblos y ciudades de los que la juventud sale solo con un billete de ida. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos tiempos y ha afectado, incluso, a la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La concentración en unas pocas grandes ciudades y zonas costeras al calor de empleos precarios nos deja un país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales que hay que recuperar para afrontar los retos que tenemos por delante.

Al mismo tiempo que dejan una España vaciada, las derechas de Aznar quieren enfrentar a los distintos pueblos de este país. Desde su misma Constitución, este es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven con fraternidad y deben poder elegir su destino. A su vez, hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de manera unilateral; tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque, para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas.

Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

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Iniciaremos un debate de Estado para actualizar la organización municipal, con las premisas de ir más allá de la estructura arcaica de las Diputaciones Provinciales y de generar instituciones capaces de frenar la fragmentación y el debilitamiento de unos municipios que son cada vez más pequeños, así como de poder gestionar de manera democrática un aumento de los servicios comunes, por ejemplo, a través de las instituciones comarcales. Un primer paso consistirá en la implementación inmediata de la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, para estudiar, al mismo tiempo, vías de mejora y superación de este marco.

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Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento de las masas forestales y los bienes naturales se destinará directamente a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea.

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El nuevo sistema de financiación autonómica se diseñará en diálogo con todas las comunidades autónomas, de manera vinculada a una reforma fiscal y a la solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación. Este nuevo sistema garantizará que se alcancen, al menos, tres condiciones: en lugar de estar basado en un «techo de gasto», que impide que los derechos de la ciudadanía sean efectivos por la vía de limitar los recursos de las Autonomías para prestar servicios públicos, se basará en un «suelo de ingresos», que permitirá financiar servicios públicos dignos en toda España; todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la que reciben en la actualidad, pues hay que tener en cuenta que, aparte de su tradicional infrafinanciación, los recortes posteriores a 2009 se hicieron recaer de manera desproporcionada sobre ellas; y se reducirá la desigualdad territorial en cuanto a financiación.

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La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España.

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Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones.

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La expansión de las grandes ciudades ha consolidado amplias áreas metropolitanas, que nos obligan a actualizar nuestro marco institucional. En particular, se debe reconocer esta realidad y crear las herramientas necesarias para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión y la asignación de recursos suficientes.

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De nuevo, es necesario introducir criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes, así como el mantenimiento para los territorios que han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.

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Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país.

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El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de todos los municipios con más de 20 000 habitantes esté atendida.

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Aprovechamiento de estas nuevas y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios (Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales con Francia y Portugal.

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Los peajes se irán incorporando al patrimonio común y abaratándose o convirtiéndose en gratuitos. Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran, permitirían reducir los accidentes.

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Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correospara que, en combinación con otras empresas públicas, como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España, apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma.

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