Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas

Horizonte Digital y Nueva Economía


Las medidas de este horizonte, que dibuja nuevas posibilidades de organizarnos y de producir, son decisivas no solo para avanzar hacia una nueva economía, sino, también, para avanzar hacia los horizontes verde y morado y construir un nuevo modelo industrial y una economía feminista de los cuidados.

Ante las enormes transformaciones que se están viviendo y que se van a acelerar en los principales ámbitos productivos, la actitud histórica de los dirigentes de este país ha sido la inacción, lo que equivale a entregar las llaves de los sectores más dinámicos de la economía del país a grandes corporaciones, con frecuencia extranjeras. Lo anterior provoca que nuestras empresas y la ciudadanía se queden atrás, sin poder competir en igualdad de condiciones, relegadas a posiciones subalternas o desplazadas hacia sectores más difíciles, como son el turismo y la hostelería.

La alternativa es tener las manos libres y el pulso firme para liderar el futuro de la economía de nuestro país en materia de I+D+i y en los procesos de digitalización de la industria y los servicios. Debemos cuidar nuestro talento en ámbitos tan importantes como la ciencia o la cultura, no solo para evitar la fuga de talentos, sino para que estos no se sacrifiquen en el altar de la precariedad. También debemos poner por delante nuestra industria y a nuestra gente frente al enorme poder que están acumulando los oligopolios en los sectores estratégicos, en perjuicio de las pymes y de la ciudadanía en general, que son quienes pagan las consecuencias del lastre que generan a la economía.

Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será, junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía.

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Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas.

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Impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60 000 millones de euros en el rescate bancario. A través del rescate bancario —debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades—, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

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Liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

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Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz.

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Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal.

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Se desarrollará un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

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Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello es urgente recuperar el personal científico que los gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público.

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Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

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Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Junto con el aumento de la financiación pública, esto tendrá un efecto de arrastre sobre la inversión privada en I+D+i, que es una de las mayores debilidades de nuestro sistema. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

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Habrá tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Uno de los objetivos de de nuestra política económica debe ser que la introducción nuevas tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial, no suponga una reducción de la cantidad de empleos ni de los derechos laborales, sino una mejora de la competitividad cuyos efectos positivos se distribuyan en beneficio de las personas trabajadoras. Para ello, resulta vital que el sector público participe en la orientación de la revolución tecnológica, democratizándola, y que impida las deslocalizaciones, los cierres, las concentraciones excesivas o la destrucción de empleo que afectan a pymes, trabajadores y trabajadoras.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia. La necesidad de una mayor presencia del sector público, para una orientación democrática de la investigación y la participación directa en estas tecnologías, se corresponde con el objetivo de que la nueva relevancia de la inteligencia artificial redunde en beneficio de todas las personas y no suponga un deterioro para nuestros derechos civiles o nuestros empleos.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Sin embargo, el alto precio de las telecomunicaciones lastra los presupuestos familiares y la viabilidad de pymes y autónomos. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red.es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red.es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Para ello, es necesario conquistar el control sobre estos y poder aprovecharlos como un bien común, e impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados, más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro.

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Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la Administración en un mundo digital.

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Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres tomen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, incrementaremos la presencia del sector público en la I+D+ para aprovechar esta oportunidad hacia la formulación de alternativas tecnológicas y sociales, con una gobernanza más descentralizada, democrática y respetuosa con los derechos de las personas que trabajan. En particular, consideraremos que quienes dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.

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La desigualdad de fuerzas entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía. En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.

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A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse y la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado.

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La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.

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En cooperación con el resto de Administraciones y partiendo de la actual red de bibliotecas, centros culturales, centros cívicos, casas de juventud y de nuestra propuesta de centros de innovación ciudadana, se impulsará, como modelo antagónico a las casas de apuestas que proliferan en los barrios, el refuerzo y la actualización de estas instituciones culturales y de ocio, con nuevos productos en formatos electrónicos y materiales para el empoderamiento tecnológico, y con la filosofía del «hazlo tú mismo» como herramienta. De este modo, se impulsará el derecho al ocio de calidad y autogestionado de los y las jóvenes. Se incluirá una dotación específica para contratar programadores y programadoras e implementar programas en coordinación con el sistema educativo, y se fomentará la cogestión ciudadana.

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La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar una producción propia de calidad mediante el establecimiento de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones. Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales y propias del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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Aunque el diseño es un sector importante tanto cultural como económicamente, no recibe un tratamiento adecuado por parte de los poderes públicos. Crearemos, para ello, una entidad de carácter público que mapee y pueda proponer políticas eficaces para la visibilidad y viabilidad del sector, al tiempo que promueve un Museo del Diseño. Estableceremos también un epígrafe específico en el impuesto sobre actividades económicas para quienes trabajan en este ámbito y medidas específicas para contrarrestar la precariedad que se ha instalado en el sector. Para fortalecerlo, es imprescindible también que la formación en diseño cuente con recursos públicos suficientes que impidan el predominio casi en exclusiva de la formación privada.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen
la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras
figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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Implementaremos un Plan de Reforma de RTVE y sus Sociedades, que nos coloque a la altura del modelo de la BBC británica, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación de profesionales y de público, el prestigio del servicio público y la consolidación del proceso de renovación vía concurso público, tal y como se acordó en el Congreso y en el Senado. Todo ello, atendiendo al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad. También se fomentará y coordinará la participación directa de la audiencia, y se creará un Consejo Social Asesor que garantice el derecho de acceso y participación de la ciudadanía. Se dará voz en horario relevante a grupos políticos y sociales significativos y se realizarán auditorías semestrales con participación rotativa de las y los propios profesionales de la corporación y de la sociedad civil. Aseguraremos un Programa de Inversión en Producción propia para el Ámbito Digital, asumido de manera directa por los programas esenciales del servicio público, de manera que la externalización de servicios informativos quede excluida y se alcancen progresivamente los niveles de dotación presupuestaria previos a los recortes iniciados en 2012.

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Implementaremos un Plan de Desarrollo del Estatuto para la Agencia EFE, que garantice la continuidad y relevancia de este servicio de información de carácter público. Este plan incluirá el establecimiento de un Estatuto de la Información y de un Consejo de Redacción propios, la creación de un Consejo Social Asesor con competencias suficientes para garantizar el derecho de acceso, la suscripción de «contratos programa» plurianuales con la Agencia EFE que permitan la planificación y evaluación independiente y democrática en su gestión como servicio público, una financiación proporcional y suficiente, que garantice la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, así como la sujeción al control parlamentario de la gestión de dicha agencia.

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Para ello, potenciaremos el uso de las lenguas cooficiales y propias en las desconexiones territoriales y favoreceremos una opinión pública informada y plural, la atención a las minorías y la diversidad cultural, la vertebración del territorio y la proyección de dicha diversidad cultural en el exterior.

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La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo.

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Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector.

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Crear una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía para dirigir y coordinar estas reformas junto con el resto de Administraciones y agentes sociales.

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