La moratoria en la concesión de licencias para nuevos hoteles es la decisión de mayor calado que ha tomado el nuevo equipo de gobierno, que ya ha tenido dificultades para aprobar algunos de sus proyectos a causa de su minoría en el pleno municipal
Ada Colau cumple este lunes su primer mes como alcaldesa de Barcelona, un tiempo todavía escaso para valorar el grado de cumplimiento del programa electoral de su formación, Barcelona en Comú.
Con todo, en estos 30 días la primera alcaldesa de la capital catalana ya ha tomado una serie de medidas que han generado malestar entre algunos de los colectivos más vinculados al establishment, a la vez que muestran la voluntad de su equipo de gobernar a partir de unas prioridades notablemente distintas a la que tenía el ejecutivo precedente, encabezado por el convergente Xavier Trias.
Colau fue investida primera edil de Barcelona el 13 de junio, gracias a los votos de su partido, ERC, PSC y de uno de los tres concejales de la CUP, pero gobierna en solitario y en minoría —Barcelona en Comú cuenta con 11 de los 41 representantes del pleno municipal— y en estas cuatro semanas ya ha comprobado las dificultades para sacar adelante sus propuestas si no consigue la colaboración de parte de la oposición.
La alcaldesa y su equipo han tomado varias decisiones, la mayoría de momento simbólicas, que suponen un giro notable en la política del consistorio, pero si hay una medida que ha acaparado titulares en su primer mes de mandato esta ha sido la moratoria de un año en la concesión de licencias de alojamientos turísticos.
La alcaldesa y su equipo han tomado varias decisiones, la mayoría de momento simbólicas, que suponen un giro notable en la política del consistorio.
Según el sector, la moratoria implica la paralización de la construcción de 48 nuevos hoteles y ha generado un fuerte malestar en el lobby turístico de la ciudad, uno de los más importante y que ha tenido más influencia en la administración local en los últimos años.
Por ejemplo, el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, ha declarado que supondrá un “efecto bumerán y no vendrán los inversores” a la ciudad. Colau, por su parte, ha defendido la moratoria por la necesidad de “poner orden” y “repensar” la oferta turística de la ciudad, con una gran concentración en determinadas zonas, lo que ha generado un creciente malestar con los vecinos en barrios como la Barceloneta. Según el barómetro de junio del ayuntamiento, presentado la semana pasada, para los barceloneses el turismo es el tercer problema más grave la ciudad.
La primera reunión del equipo de gobierno de Colau, celebrada el 17 de junio, sirvió para tomar la decisión de renunciar a la candidatura para ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, en colaboración con los Pirineos, aduciendo que no eran una “prioridad”. La medida fue duramente criticada por casi toda la oposición —con la excepción de la CUP— y la semana pasada se anunció que CiU, PSC y ERC —con el apoyo de Ciudadanos— forzarán la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre la renuncia a la candidatura, argumentando que fue “precipitada”. El portavoz municipal del PSC, Jaume Collboni, aprovechó el anuncio para asegurar que la oposición utilizará en más ocasiones la figura del pleno extraordinario para “discutir” medidas del equipo de gobierno.
Gestos para abordar los desahucios
El proceso ha puesto de relieve la debilidad aritmética de Barcelona en Comú en el pleno municipal, lo que supondrá la necesidad de buscar pactos y alianzas —hasta después de las elecciones catalanes del 27 de septiembre seguro que serán sólo ocasionales y no estables— para garantizar la aprobación de sus medidas. La rebaja salarial del equipo de gobierno y del resto del plenario municipal y el reparto de los asesores entre los distintos grupos es otro de los puntos en los que, de momento, tampoco hay acuerdo. En principio, la propuesta es que la alcaldesa tenga una rebaja salarial del 27% con relación a Trias —y su coste para el presupuesto sea de 80.115 euros, aunque realmente Colau ingresará un máximo de 2.200 euros mensuales, siguiendo el código ético de Barcelona en Comú, y el resto irá a entidades sociales— y que los concejales también tengan una rebaja notable, pero la mayoría de la oposición (CiU, Ciudadanos, PSC y PP) se oponen a la reducción.
En cambio, Colau no ha cuestionado uno de los proyectos que genera consenso entre elestablishment político y económico de la ciudad, el Mobile World Congress (MWC) y la reunión del patronato de la Fundación Mobile World Capital Barcelona sirvió para que el organismo —que ahora preside la alcaldesa— ratificara su propuesta a la organizadora del certamen, GSMA, para prolongar el MWC en la ciudad hasta el año 2023.
Una parte significativa del equipo de gobierno de Colau proviene del activismo social y han insistido en que no querían perder el contacto y el vínculo con la calle.
Una parte significativa del equipo de gobierno de Colau proviene del activismo social y han insistido en que no querían perder el contacto y el vínculo con la calle. En este sentido, la alcaldesa decidió empezar su primer día en el cargo acudiendo al distrito de Nou Barris —el de menor renta de la ciudad— para hacer frente un desahucio, algo que había hecho decenas de ocasiones durante su etapa de portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Más allá de este gesto, el nuevo ayuntamiento convocó la comisión mixta sobe lanzamientos de vivienda —que reúne a la administración, entidades financieras, entidades sociales, PAH,…— algo que no pasaba desde febrero de 2014 y se comprometió a activar tres grupos de trabajo para que efectivamente sirva para abordar la problemática de la vivienda.
Carlos Macías, el portavoz de la PAH, ha manifestado en una entrevista a Público que han encontrado “predisposición” para abordar cambios importantes en este ámbito, pero que se trata de pasar a los hechos. Además avisa que, a pesar del vínculo emocional con Colau,el movimiento protestará si el ayuntamiento no cumple su compromiso de evitar todos los desahucios. Para abordar la problemática, también se han celebrado algunas reuniones con dirigentes de entidades financieras y, por ejemplo, Colau explicó en su blog el contenido de la que tuvo con Isidre Fainé, presidente de CaixaBank, en un gesto de transparencia.
Revisar la ordenanza del civismo
Uno de los ámbitos en los que ya se están viendo cambios más notables es en el represivo. El comisionado de Seguridad del ayuntamiento, Amadeu Recasens, confirmó la semana pasada que reducirán el número de agentes de la unidad antidisturbios de la policía municipal. En cambio, Colau ha ratificado en el cargo al intendente jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, quién afirmó que los hechos denunciados en el documental Ciutat Morta —que retrata un montaje policial y las supuestas torturas a manos de agentes de la policía local que sufrieron varios jóvenes— eran “falsos”.
Para más adelante quedan proyectos ambiciosos como la conexión de los tranvías por la avenida Diagonal y, especialmente, la puesta en marcha del plan de choque para abordar temas básicos como la vivienda, el paro y la malnutrición infantil.
La Sapol, el principal sindicato de la Guarda Urbano, se ha mostrado hasta el momento muy crítico con las propuestas de seguridad hechas por Colau. Su portavoz, Marcos González, también tuvo cierta relevancia después de la tormenta política generada por Ciutat Morta, en su caso para defender la actuación de los agentes —dos de los cuáles han sido condenados por torturas en otro caso— y atacar también la versión que muestra el documental.
Además, el nuevo consistorio ha decidido durante este mes retirarse como acusación en los procesos contra los universitarios Dani Ayyash y Ismael Benito (ya absueltos), por un lado; y contra Saturnino Mercader y Roger Sànchez, por el otro. En ambos casos se les imputaban delitos cometidos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Finalmente, Colau ha anunciado que quieren revisar el reglamento y las multas de la ordenanza del civismo, al considerarlas “desproporcionadas” y que contribuyen a “criminalizar la pobreza”.
Público, MARC FONT
Lunes, 13 de julio de 2015