El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha comunicado hoy la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander al precio de 1 euro por el conjunto de sus acciones, incluidos los bonos (deuda subordinada) que han sido convertidos en acciones. Esta decisión se ha tomado en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. La gravedad de esta situación requiere considerar lo siguiente:

  • Se está aplicando la nueva normativa de resolución bancaria puesta en marcha en la Unión Europea para la resolución de crisis bancarias. Debemos estar vigilantes y denunciar cualquier garantía pública que el Gobierno pueda haber dado a la operación. El Banco Popular es un banco privado, por lo que deben ser sus accionistas y el Banco Santander –como principal beneficiario de la operación–, los que asuman el coste de los activos tóxicos que se encuentran en el balance del Popular. El Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre la venta al Santander en estas condiciones y del procedimiento que se ha seguido para ella.

  • Se han impuesto duras pérdidas a los bonistas: según el último informe financiero del Popular, al cerrar el primer trimestre tenían un valor de 1.262 millones de euros. Los organismos supervisores consideran de alto riesgo este tipo de capital híbrido y, al igual que las acciones preferentes, no debe ser vendido a particulares. El Gobierno y los organismos reguladores (especialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) deben estudiar si ha existido algún tipo de venta fraudulenta de dichos bonos convertibles a particulares. Además, el Popular ha realizado ampliaciones de capital recientemente, y debe analizarse si hubo algún tipo de ocultación de la información sobre la situación real del balance del banco a los nuevos accionistas durante dichas ampliaciones.

  • Es muy preocupante el tamaño que están adquiriendo los grandes bancos españoles, y en especial el Banco Santander, que se transforma en un megabanco, con un enorme control de los activos del sistema (más de 465.000 millones de euros). La experiencia de la crisis financiera de 2008 ha demostrado que bancos de este tamaño se convierten en «riesgo sistémico» (doctrina del too big to fail). Esto implica costes en términos de estabilidad del sistema, de riesgo moral y de sobrecostes para los consumidores, de los que se alertó al inicio de la crisis financiera: se avisó de que debían evitarse y, sin embargo, han acabado por imponerse.

  • También es preocupante la enorme concentración bancaria que se está desarrollando en el mercado financiero español. Los cinco mayores bancos han pasado de poseer de un 31,4% del mercado en 1997, al 42,4% en 2008 y al 61,8% en 2016 (datos del Banco Central Europeo). Algo que incrementa notablemente el poder de mercado no solo del Santander sino también de los grandes bancos en su conjunto. Como resultado de la concentración, los bancos disponen de una capacidad cada vez mayor para imponer condiciones a sus clientes. Es fundamental proteger a los consumidores y que las instituciones reguladoras y supervisoras, especialmente el Banco de España, refuercen sus mecanismos de control y supervisión sobre las entidades bancarias y financieras.

  • Los mecanismos de supervisión bancaria se han vuelto a mostrar insuficientes para garantizar la transparencia y estabilidad del sistema financiero. El Banco Popular había superado de forma reiterada todas las auditorías previas sin que se detectaran los problemas que hoy han llevado a su venta. Esto se debe a la conversión de las ayudas fiscales del Estado (44.287 millones de euros) en capital de máxima calidad –sin lo cual no hubiesen aprobado–. De esta manera, el Estado español ha facilitado el maquillaje de los balances bancarios, dificultando el conocimiento de su situación real y alargando innecesariamente el proceso de saneamiento bancario. En este sentido, es necesario reformar los mecanismos de supervisión y reestructuración, y evitar así este tipo de ayudas encubiertas al sistema bancario, que constituyen un mecanismo privilegiado de apoyo al sector.

  • La sobreexposición del sistema bancario al crédito hipotecario inmobiliario subyace en el caso del Banco Popular y demuestra que, más allá de la titularidad de las instituciones bancarias y de su propia naturaleza –como puede ser el caso de las antiguas cajas de ahorro–, fue esa excesiva concentración del negocio bancario y financiero en la construcción lo que explica la crisis financiera española.

  • La mala gestión no debe ser pagada por los trabajadores: hay que evitar los posibles ajustes y reestructuraciones de plantilla –de las trabajadoras y los trabajadores de ambos bancos– que se puedan derivar de la operación. Además, esta adquisición supone un gran riesgo en lo que respecta al cierre de oficinas, lo que supondría un gran perjuicio para los consumidores, especialmente en las zonas rurales, por cuanto agudizaría la exclusión financiera, ampliamente extendida ya en ese espacio.