Hoy, día internacional por la despatologización trans, desde Podemos queremos mostrar nuestro apoyo y reivindicar el derecho de las personas trans a no ser tratadas como enfermas.

Demandamos que un cambio en la ley de identidad de género (Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas), que nos parece insuficiente y dañina.

Es dañina por exigir, para el cambio de la mención de sexo en la documentación oficial, un certificado de disforia de género. Tratar como enfermas a personas que no lo están no sólo es innecesario sino que implica una estigmatización social que incide los problemas de rechazo, acoso y agresiones transfóbicas que los poderes públicos deberían contrarrestar, no fomentar. Pero además, el tratamiento de hormonación de 2 años de duración que se también se exige suele provocar esterilidad, una clara vulneración a los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans.

Y es insuficiente por excluir a menores y migrantes, por no ofrecer una cobertura sanitaria pública realmente accesible a las personas afectadas (teniendo que desplazarse en ocasiones cientos de kilómetros para una consulta) y por no prever ni luchar contra la grave exclusión laboral que sufre el colectivo trans.

La ley no establece de ninguna manera criterios unificados ni protocolos de atención integral y, cuando los hay, son desiguales y no respetan el concepto de autodeterminación ni el de consentimiento informado. Mientras haya criterios dispares, la atención del personal médico dependerá del libre arbitrio del mismo, basándose a menudo en catálogos de enfermedades y en obsoletas recomendaciones internacionales. El criterio que debe regir en todos estos procesos es la autonomía del paciente y el consentimiento informado.

Algunos de estos problemas se resolverían si simplemente se desarrollaran las actuaciones previstas en las leyes integrales autonómicas de transexualidad que se han aprobado. Es prioritario que las leyes se cumple y se desarrollen todos los puntos recogidos en ellas, sin excusas: hay vidas en juego.

Creemos que deben considerarse como «personas expertas», junto al personal sanitario, a las propias personas trans. Deben tener voz determinante y no ser sujetos pasivos a quienes se tipifica según criterios patologizantes.

Pedimos por último y una vez más la retirada de las categorías transespecíficas del Capítulo ‘Trastornos mentales y del comportamiento’ del futuro CIE-11, la retirada de la categoría «Incongruencia de género en la niñez» y la inclusión de una categoría transespecífica en un capítulo no patologizante. Porque las personas trans no necesitan de códigos enfermantes para vivir sus vidas, sino de comprensión y de un acceso sencillo a procedimientos que pueden llegar a salvar vidas en lugar de condenarlas.

Cada vez son más los países que, como Argentina, Malta o Dinamarca han dado el paso a la despatologización trans. No sumarse a esa corriente supone seguir vulnerando los derechos humanos de miles de personas.