El 6 de julio conocíamos las conclusiones del llamado informe Chilcot. Tras más de 7 años de investigaciones sobre el contexto de las decisiones políticas que llevaron al Reino Unido a participar en la guerra e invasión de Irak, algunas de las certezas que pone de manifiesto este informe resultan muy graves.

El informe ha concluido que la guerra se realizó con una base jurídica insuficiente, que se manipularon las pruebas provenientes de la inteligencia, que no se habían agotado las posibilidades de acción diplomática, que no se tuvieron en cuenta las consecuencias que la invasión de Irak tendrían para el incremento del terrorismo de Al Qaeda, y que no se planificó el escenario posterior a la invasión, cometiendo grandes errores estratégicos que han provocado un profunda división sectaria y una destrucción, que aún continúa, en el país.

En definitiva, el informe revela las consecuencias desastrosas de una guerra que se ha saldado, según algunas fuentes, con más de 1.200.000 millones de muertes y que nunca debió llevarse a cabo. Una guerra que se emprendió en contra de la opinión de la inmensa mayoría de la sociedad británica y que, esperamos, obligue al entonces presidente Tony Blair y el resto de personas implicadas a rendir cuentas ante un Tribunal.

Desde Podemos, no olvidamos la implicación directa que nuestro país tuvo en esta guerra. En España, vivimos como un presidente del Gobierno se sumó a una guerra criminal y a todas luces injusta en contra de la voluntad de la sociedad española. Resulta envidiable la capacidad del Reino Unido para investigar hechos como estos y hacer públicos los resultados. Nuestra organización va a trabajar para lograr una investigación similar en nuestro país que ayude a esclarecer la implicación española en la guerra de Irak y que contribuya a que sus responsables, empezando por el ex-presidente José María Aznar, rindan cuentas políticas y judiciales, si es necesario.

Este informe nos demuestra también la ineficiencia de la política exterior y de defensa llevada a cabo por la administración Bush y sus aliados. La guerra de Irak ha producido más inestabilidad, más violaciones de los derechos humanos y mayor inseguridad, no sólo para la población del país, sino para las poblaciones de todo el mundo. Es díficilmente explicable el auge actual del grupo Estado Islámico o Daesh sin la invasión y la destrucción del estado iraquí a partir de 2003. Es también díficilmente explicable la llegada masiva de refugiados desde Oriente Medio (muchos procedentes de Iraq y Afganistán) sin remitir a la política belicista liderada por EEUU y sus alíados a principios de la década pasada. Una política que no sólo no consiguió el que se presentaba como principal objetivo -acabar con Al Qaeda-, sino que facilitó el crecimiento del grupo en un contexto de caos e impunidad. Además, la guerra de Irak debilitó el sistema de derecho internacional amparando acciones unilaterales, sin base legal, cuyas consecuencias se padecen aún hoy y que lejos de aumentar la seguridad en la región y en el mundo la han empeorado.

Esta guerra es el ejemplo de un enfoque belicista que apuesta predominantemente por las soluciones militares y securitarias, justamente las que más ineficaces resultan en el largo plazo y las que más violaciones de los derechos humanos generan. En estas actuaciones suelen primar los intereses geopolíticos y comerciales por encima de los derechos humanos o la promoción de la paz, como el propio informe demuestra.

Frente a este modelo ilegal, injusto e ineficaz, desde Podemos, promovemos activamente un enfoque de la política de seguridad basado en la democracia, los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible y la equidad de género. Apostando, por lo tanto, por la construcción de paz, por el respeto y garantía de los derechos humanos, atendiendo especialmente a los grupos más vulnerables en los conflictos (como por ejemplo las mujeres y niñas) y en la articulación de vías diplomáticas para la resolución de conflictos. Un modelo mucho más justo y sostenible y en el que sean las personas las que estén en el centro del política de seguridad y defensa.