Hoy 30 de marzo de 2017, se conmemora el 41º aniversario de la huelga general organizada el 30 de marzo de 1976 en respuesta al plan israelí de expropiación de miles de hectáreas de tierra en la Galilea, que acabó con la muerte de seis palestinos y centenares de heridos y detenidos en las poblaciones palestinas con ciudadanía israelí. A partir de ese año, el Día de la Tierra Palestina (30 de marzo) ha quedado marcado como una de las primeras respuestas nacionales colectivas del pueblo palestino.

En este 2017 en el que se cumplen 50 años de la ocupación militar de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza considerada ilegal por la resolución 242 del Consejo de Seguridad, asistimos a una nueva ola colonizadora israelí con el anuncio a principios de año de más de 6.219 nuevas casas en Cisjordania y Jerusalén Este. Además, el 6 de febrero de 2017 el Parlamento de Israel aprobó una ley que le permite confiscar tierras palestinas de propiedad privada en la que se han establecido asentamientos. Estas acciones suponen una flagrante violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe la transferencia de población de una potencia ocupante a un territorio ocupado, y pueden suponer crímenes de guerra según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la CPI, y de la resolución 2334 de Naciones Unidas, del 23 de diciembre de 2016, que exigía el “cese inmediato y completo” de la colonización.

En la actualidad viven aproximadamente 621.000 colonos en la Cisjordania ocupada, 200.000 de ellos en Jerusalén Oriental. Además de violar el derecho internacional humanitario y constituir un crimen de guerra, las políticas de colonización de Israel fomentan violaciones de derechos humanos (destrucción de viviendas palestinas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, castigos colectivos, apropiación de recursos básicos como el agua y fragmentación de las poblaciones palestinas) y políticas de discriminación sistemática (política, económica, social y cultural; necesidad de solicitar permisos para actividades cotidianas, diferentes sistemas legales según la zona en que residan, carreteras separadas…) tipificadas como apartheid en la Convención Internacional de la ONU de 1973.

Todas estas políticas de ocupación aumentan las desigualdades, especialmente las de género, dentro de la población palestina. Según UNRWA España, las mujeres y las niñas palestinas se enfrentan a grados de inseguridad alimentaria más elevados que la población masculina, a una mayor dificultad de acceso a la educación y a los servicios de salud, así como a continuas situaciones de violencia machista.

En los últimos meses ha aumentado la represión, amenazas y persecución legal a activistas de derechos humanos palestinos, israelíes, españoles y de muchos otros países a los que protegen los derechos a la libertad de expresión y asociación para llevar a cabo campañas como las del boicot, tal y como han reconocido la vicepresidenta y Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini; los gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda; y el Parlamento de Navarra, que en noviembre de 2016 también reconoció el derecho al boicot como una “herramienta civil no violenta de solidaridad con Palestina”.

Por todas estas razones, las diputadas y diputados de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, ERC, Compromís y Bildu del Intergrupo Parlamentario por Palestina del Congreso de los Diputados nos comprometemos a:

  • A exigir el cumplimiento de la resolución 2334, en consonancia con la postura tradicional de España en contra de la colonización y su presencia en el Consejo de Seguridad, con medidas efectivas tomadas por nuestro país, presión diplomática y sanciones si Israel no cumple con la legalidad internacional.
  • A elevar las mismas políticas de condena de la colonización y políticas de discriminación a la Unión Europea implementando fórmulas para compensar los proyectos de cooperación europeos destruidos por Israel y sancionar a las compañías israelíes que producen y operan en los territorios ocupados.
  • A defender, en todas las instancias internacionales competentes, el libre tránsito de personas y mercancías desde y hacia Gaza.
  • A defender el derecho a las actividades legales y pacíficas de los activistas de derechos humanos palestinos, israelíes y de otros países protegidas por la libertad de expresión y reunión, como el derecho a promover campañas de boicot.
  • A impulsar y exigir el incremento de las partidas de cooperación y ayuda humanitaria con Palestina, recortadas como el resto de estas partidas, como país prioritario destinando al menos un 15% a intervenciones específicas de género, empoderamiento de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva.
  • E instamos al Gobierno a reconocer a Palestina, como Estado, en consonancia con la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de Noviembre de 2014.


Jueves, 30 de marzo de 2017