Tras los datos de creación de empleo y paro registrado presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se esconden, una vez más, la precariedad de los nuevos puestos de trabajo (el número de contratos indefinidos sobre el total no alcanza el 8%) con cada vez más trabajo a tiempo parcial (un tercio de esos contratos indefinidos son a tiempo parcial), con menor duración de contratos y la persistencia del mismo modelo de producción y empleo (más de la cuarta parte de los afiliados se localiza en las ramas de comercio, alojamiento y hostelería). Esta creación de empleo no está solucionando los principales problemas de la economía española:

  • Estamos ante una década pérdida en la creación de empleo. Diez años después de iniciada la crisis económica y social, hay dos millones menos de empleo que en 2007 (falta por recuperar el 60% del empleo destruido). Además, a la cifra de paro registrado hay que añadir la existencia de un elevado subempleo (situación en la que se encuentran, entre otros, trabajadores que involuntariamente tienen un contrato a tiempo parcial), lo que según los últimos datos publicados por el Banco de España hace que el problema de la falta de empleo afecte al 30% de la población activa. Incluso si el escenario macroeconómico previsto por el Gobierno se cumple (lo que es dudoso, porque el crecimiento depende sobre todo de factores externos) y todo el crecimiento del PIB se traduce en empleo, el desempleo seguirá siendo en 2020 muy superior al que había en 2007 y uno de los más altos de la Unión Europea. En definitiva, afrontar los graves problemas del paro y de la precariedad requiere otra política económica.
  • La precariedad no se reduce, se agrava. La duración media no ha parado de caer, mientras que la duración media de un contrato en mayo de 2007 era de 69,26 días, en mayo de 2017 ha sido de 48,85 días. En ese mismo periodo, los contratos de 7 días eran el 23% del total de contratos y ya rozan el 30%. Estas cifras tienen su correlato en la brecha de género, los contratos indefinidos firmados por mujeres son solo el 2,3% de todos los contratos. Según datos de Eurostat, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras pobres se mantuvo en un 13,1% en 2016.
  • Los salarios siguen deteriorándose. Según los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial, publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pérdida acumulada de poder adquisitivo acumulada desde 2011 es del 2,9%, a pesar del crecimiento del 1,1% del salario medio que se produjo en 2015. Todo ello ha provocado que las rentas del trabajo no hayan parado de perder peso en la renta nacional a favor de las del capital, lo que lo ha convertido en uno de los factores explicativos del empeoramiento de la desigualdad. Además, este ajuste salarial está provocando una brecha generacional: a pesar de la subida del salario medio en 2015, el de todos los grupos de trabajadores y trabajadoras menores de 40 años se redujo hasta un 5,1% en el caso de quien tiene entre 20 y 24 años. También en los salarios se agrava la brecha de género, que en términos de ganancia anual media se situó en el 22,9% en 2015. Además, el sueldo por hora de las mujeres fue de media 2,25 euros menor que el de los hombres; el porcentaje de mujeres que ganan entre 0 y 2 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) fue del 55,1%, más de veinte puntos por encima del de los hombres.
  • La precariedad y el estancamiento de los salarios hacen que el crecimiento en el empleo no se esté traduciendo en una mejora de la situación de los hogares. Recientemente, el informe de la Fundación FOESSA afirmaba que el 70% de los hogares no ha notado la «recuperación económica», y, de ellos, los que más sufrieron los efectos de la crisis han sido los que menos se benefician de ella. Esto también se observa en las cifras de la Contabilidad Nacional por Sectores Institucionales (hechas públicas el pasado viernes): los hogares han tenido una necesidad de financiación (la diferencia entre su renta y su gasto total) de 15.234 millones de euros en el primer trimestre de 2017, prácticamente el doble que en el mismo periodo del año anterior. En consecuencia, la tasa de ahorro es negativa, un -3,4%, y es la más baja de toda la serie. Esto significa que la mayoría de los hogares tienen que reducir su ahorro para sostener sus gastos de consumo, como consecuencia de los bajos salarios.
  • Los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones no se están recuperando. La semana pasada también conocíamos una nueva retirada del fondo de reserva de la Seguridad Social, que está próximo a agotarse. El argumento de que la creación de empleo solucionaría las dificultades por las que atraviesa nuestro sistema público de prestaciones sociales no se puede sostener con este tipo de empleo precario. Mientras que desde el 2012 el número de afiliados crece un 4,5%, el conjunto de las cotizaciones lo hacen a casi la mitad, el 2,4%. Las pensiones públicas no se aseguran con más recortes, sino con empleo de calidad y con la defensa de los ingresos del sistema.

En resumen, la creación de este tipo de empleo no puede ocultar la grave situación que atraviesa la mayoría social del país. No cabe esperar que, sin un cambio de políticas, esta recuperación solucione los problemas sociales: las tasas de desempleo y subempleo siguen siendo elevadísimas, la situación de los hogares es cada vez más precaria (y con un mayor número de trabajadores pobres) y las cuentas de la Seguridad Social no están mejorando, a pesar de los recortes.

Por todo ello, es fundamental cambiar la orientación de la política económica en nuestro país:

  • Reducir el desempleo requiere de planes públicos que generen empleo de calidad y de gran utilidad social, como el Plan Nacional de Transición Energética o reorganizar el sistema de cuidados, el fomento de la reducción de la jornada laboral (una de las más elevadas de la OCDE) y un mayor control para evitar el abuso en las horas extraordinarias.
  • La precariedad, los bajos salarios y la pobreza laboral deben ser combatidas mediante un nuevo estatuto de los trabajadores, que derogue las dos últimas reformas laborales y que tenga como objetivos prioritarios reequilibrar la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, así como atajar de forma drástica el abuso de la contratación temporal y una subida del salario mínimo (hasta el 60% del salario medio). Esto permitiría una mejora en el patrón de distribución de la renta y en la situación de los hogares, además de que haría posible una mejora sostenida del consumo, el componente de mayor participación en la demanda agregada.
  • Los ingresos de la Seguridad Social deben incrementarse. Además del efecto que tendrían las mejoras salariales, también es necesario el destope de la base de cotización máxima y el incremento de la base mínima, así como la supresión de las reducciones de las cotizaciones sociales. Sin medidas como estas, por el lado de los ingresos, se está poniendo en riesgo uno de los pilares del Estado de bienestar.

Martes, 4 de julio de 2017
Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo