Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) vuelven a confirmar que el modelo de crecimiento impulsado por las políticas del Partido Popular se basa en puestos de trabajo precarios y de bajos salarios: ni corrige la desigualdad ni mejora la situación de la mayoría de las familias ni es sostenible.

La situación de los jóvenes es especialmente grave, y no se corrige con más precariedad, que sería el resultado de los planes anunciados por el Gobierno.

Es fundamental un plan global de lucha contra la precariedad, la recuperación de los salarios (especialmente la subida de los más bajos), y políticas industriales que transformen nuestro patrón de crecimiento.

La Encuesta de Población Activa (EPA) que conocemos hoy muestra una vez más que con las actuales políticas de empleo no se van a resolver los grandes problemas por los que atraviesa la mayoría social del país, y en especial los jóvenes. Desde que gobierna el Partido Popular, ha sido una constante que los indicadores laborales no hayan cesado en su deterioro:

  • Diez años después de haber comenzado la crisis, hay casi dos millones menos de empleos que en 2007 (falta por recuperar el 50% del empleo destruido). Existe una elevada tasa de subempleo, principalmente debido a aquellos trabajadores que involuntariamente tienen un contrato a tiempo parcial. Y unas elevadas tasas en el paro de larga duración: el porcentaje de parados que buscan trabajo desde hace más de dos años es prácticamente del 40%, cuando en 2007 era tan solo del 11,5%.
  • Caída en la tasa de actividad: en la actualidad, en nuestro país hay casi 150.000 personas activas menos que en el mismo trimestre de 2016, lo que supone la tasa de actividad (58,8%) más baja que se registra desde 2007 Esta reducción de la actividad se debe, en gran medida, a la diáspora de nuestros trabajadores jóvenes: el saldo migratorio total en el periodo 2010-2015 ha tenido un resultado negativo de 571.000 personas.
  • Incremento de la temporalidad: el número de asalariados indefinidos no se ha incrementado en los últimos trimestres; de hecho, desde el primer trimestre de 2014 el porcentaje de trabajadores temporales aumenta de forma continuada hasta superar el 27% del total de asalariados.
  • Incremento de la parcialidad: las jornadas a tiempo parcial suponen más del 15% del número de ocupados, y el 66% de estos empleos a tiempo parcial son involuntarios, es decir, por no poder encontrar un trabajo a jornada completa. La creación de empleo no está corrigiendo esta preocupante tasa de parcialidad no voluntaria. La parcialidad es especialmente grave en el caso de las mujeres: mientras que el 7,5% de los hombres tiene un contrato a tiempo parcial, la tasa se eleva hasta casi el 25% en el caso de las mujeres. Por tanto, continúa la desigualdad de género en el mercado laboral, lo que implica que las mujeres siguen asumiendo la carga del trabajo no remunerado de cuidados, y lo compatibilizan con contratos a tiempo parcial en el mercado de trabajo.
  • La situación económica y social de la población desempleada no ha dejado de empeorar, como consecuencia no solo de la crisis sino también de los recortes que se han aplicado sobre las prestaciones por desempleo. Al inicio de la crisis, en 2008-2009, el número de desempleados con una prestación superaba el 75%. Esta cobertura ha descendido de modo preocupante, y hoy apenas la mitad de los desempleados cuenta con algún tipo de protección frente al desempleo.

La situación de los jóvenes, lejos de mejorar, se está agravando aún más:

  • Altísimas tasas de paro juvenil: los jóvenes sufren una tasa de paro de más del doble que la media nacional; de hecho, aproximadamente un 50% de ellos se encuentran en situación de desempleo. La situación se agudiza en el caso de las mujeres jóvenes, y así, 6 de cada 10 están desempleadas.
  • Sus tasas de actividad no han parado de caer con la crisis: entre los jóvenes de 16-19 años la tasa de actividad ha caído desde 2007 más de la mitad (hasta un bajísimo 13%) y entre los de 20-24, más de 16 puntos. Según Eurostat, la tasa de actividad entre los jóvenes de 16-24 (el 33% en 2016) es inferior a los de la media de la eurozona. Además, como muestran los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), hay un 22% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero en mayor parte (dos de cada tres) se debe a que se encuentran en situación de desempleo. La elevada tasa de desempleo en este colectivo está provocando que muchos sean expulsados del mercado laboral.
  • Grave diáspora juvenil: de acuerdo con distintos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 800.000 jóvenes de entre 20-29 años han salido del país entre 2008 y 2016. Lo que se traduce en que en el padrón de españoles residentes extranjeros (dato que hay que considerar como el mínimo) se han incrementado en un 70% los jóvenes que residen en el exterior entre 2009 y 2017.
  • El número de contratos indefinidos en los jóvenes también ha caído de forma continuada. Los asalariados de entre 16 y 29 años son solo el 8,6% del total de los asalariados indefinidos, 10 puntos menos de la cuota existente en 2007. Además, este grupo de edad presenta una elevadísima tasa de temporalidad, que se sitúa en el entorno del 58%.
  • A esto hay que sumar la precaria situación que viven muchos de los jóvenes que se encuentran en activo. Entre ellos, hay al menos 80.000 becarios (según datos de la Seguridad Social) que no tienen reconocido prácticamente ningún derecho laboral.

Los planes del Gobierno para impulsar el empleo refuerzan esta tendencia a la cronificación de la precariedad. En particular, el plan hecho público por Gobierno y Ciudadanos para establecer un complemento salarial vinculado al contrato de formación y aprendizaje de los jóvenes no soluciona ninguno de estos problemas, sino más bien lo contrario:

  • Fomenta este tipo de contratos, que vienen a precarizar aún más el empleo juvenil.
  • No mejora realmente la situación de los jóvenes, sino que supone mayores bonificaciones para las empresas (se utilizan fondos que estaban destinados a la Garantía Juvenil).
  • No genera en realidad nuevo empleo. Al igual que las otras bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales, solo sirve para fomentar un tipo de contratos, en este caso, además, con peores condiciones para los trabajadores.

Es fundamental, por todo ello, afrontar una auténtica lucha contra la precariedad laboral, en especial la juvenil, para que se cree empleo decente y con derechos. Se necesita un enfoque integral que atienda a todas las particularidades de nuestro mercado laboral y que modifique las características estructurales de nuestro modelo de crecimiento:

  • Modificar las distintas figuras de contratación temporal, con la eliminación de las figuras que facilitan un uso abusivo de este tipo de contratación (como los contratos temporales por obra o servicio, y los contratos temporales eventuales). Es necesario reforzar el principio de causalidad económica asociada a la temporalidad.
  • Establecer un límite máximo a la concatenación de contratos temporales en una empresa, así como a la proporción entre el número de trabajadores que tienen las modalidades de contratación temporal, contratación de prácticas y contratos de formación, y el número de trabajadores con contratos indefinidos en una misma empresa.
  • Reducir el abuso del contrato a tiempo parcial con el incremento de los tipos de cotización a la Seguridad Social de las horas extraordinarias para desincentivar su uso generalizado y en muchas ocasiones fraudulento. Las empresas deberán garantizar que no se superan las horas máximas en la duración de la jornada laboral ordinaria acordadas en la legislación y en los convenios colectivos.
  • En el caso de los trabajadores autónomos, suprimir la modalidad de autónomo económicamente dependiente, estableciendo que los trabajadores para los que el 75% de sus ingresos dependan de una misma compañía se considerarán asalariados. Dadas las nuevas modalidades de contratación que se están produciendo en el ámbito de la economía digital, es necesario también incluir una modalidad específica que atienda a este colectivo (mayoritariamente joven), que actualmente está completamente desprotegido.
  • Es necesario impulsar la Ley reguladora de las Prácticas Académicas Universitarias Externas para acabar con el fraude que sufren los becarios y reconocer sus derechos laborales.
  • Recuperar las condiciones del contrato-relevo para trabajadores de más de 60 años, con objeto de fomentar el acceso de los jóvenes al mercado laboral en unas condiciones dignas.
  • Reformar el Sistema de Garantía Juvenil, valorando las opiniones de los agentes sociales y las experiencias de nuestro entorno para que de verdad llegue a los jóvenes. Los recursos comprometidos por el Gobierno al Sistema de Garantía Juvenil, en lugar de dedicarse a bonificaciones empresariales que se han demostrado inútiles para crear empleo deberían redirigirse hacia un plan de empleo joven. Este Plan de Empleo Joven debe estar destinado a cambiar la especialización sectorial de la economía y a modificar el modelo productivo, enfocando la financiación hacia el sector de las energías renovables, de la movilidad eléctrica y de la rehabilitación inmobiliaria.
  • Subida progresiva del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7% anual, hasta alcanzar los 950 euros al mes en 14 pagas o el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. La subida del SMI que tuvo lugar en 2016 ha demostrado que el crecimiento de los suelos salariales no solo no desincentiva la creación de empleo, sino que la puede fortalecer al reforzar la demanda de los hogares de menores ingresos. Pero dicha subida sigue siendo muy insuficiente, y debe mantenerse durante los próximos años hasta alcanzar el umbral señalado.

Estas medidas son fundamentales para que la recuperación del empleo revierta en una mejora significativa de las condiciones de vida de los trabajadores, y en especial de los jóvenes.

Jueves, 27 de julio de 2017
Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo