Nuestros tres parlamentarios en el Parlamento de Cantabria coronaron en octubre un nuevo logro: la aprobación por mayoría de la modificación de la Ley de Suelo de Cantabria, para contemplar la regulación del derecho de realojo y retorno

Cantabria es la comunidad autónoma pionera en introducir el principio de vivienda por vivienda, es decir, el deber que tiene el ente expropiador –de manera directa o indirecta– a satisfacer y garantizar el derecho de realojo y retorno. Es decir, que deberá entregar una vivienda a cambio de la expropiada, pudiendo optar, si así lo decide la persona afectada, por la entrega de la vivienda o el abono del justiprecio en metálico de la misma.

La vivienda de sustitución, además, debe cumplir unos requisitos que son fruto de las demandas sociales y que pretenden poner fin a múltiples abusos que se han venido produciendo en la práctica. Por ejemplo: la vivienda debe estar en el mismo barrio (si la actuación urbanística es compatible con usos residenciales) o en el más cercano, y debe respetar las mismas condiciones superficiales, vistas y orientación. Debe respetar el mismo equipamiento que tenía para supuestos de personas con discapacidad y el obligado a garantizar el realojo y retorno deberá costear todos los gastos de traslado de bienes y enseres y las altas de aquellos servicios y suministros necesarios y que ya existieran en la vivienda afectada por la actuación urbanística.

Pero si esto es ya novedoso y garantista con los derechos a una vivienda digna y compatible con el mandato constitucional de que los poderes públicos legislen para evitar la especulación del suelo, más aún lo es el hecho de que se ha incluido en esta reforma la protección de los derechos de los propietarios de los locales comerciales, o de quienes los explotan en régimen de alquiler, prácticamente en los mismos términos y con todos los supuestos indemnizables que reconoce la jurisprudencia para la suspensión temporal de las actividades económicas o para su traslado forzoso como consecuencia de las actuaciones urbanísticas de los locales de negocios. Hemos garantizado un derecho fundamental como es el derecho al trabajo.

Además, la aprobación definitiva del proyecto urbanístico que corresponda dependerá de la validez del procedimiento de realojo y retorno que se ha configurado como un procedimiento autónomo. Este procedimiento está sometido a los trámites de aprobación inicial e información pública, que es previa a la aprobación definitiva en la que debe constar un estudio completo de las consecuencias sociales y económicas de su ejecución, y que justifique la existencia de medios necesarios para llevarlas a efecto y la adopción de las medidas precisas que garanticen la defensa de los intereses de la población afectada.

Esta ley, nacida del poder legislativo y mejorada gracias a la participación y colaboración con la población afectada, es una gran victoria de la sociedad civil organizada. «¡Por días como estos, merece la pena lo que estamos haciendo, compas!», nos anima Verónica Ordóñez, nuestra portavoz en el parlamento cántabro.

Podemos ha sacado adelante esta medida en el Parlamento de Cantabria en cooperación con Ciudadanos y con el PP, mientras que el PSOE y el PRC –que son los partidos que gobiernan– se abstuvieron después de informar de forma negativa su tramitación y negarse a participar en el proceso legislativo.

En este vídeo, Verónica Ordóñez defiende la medida desde la tribuna parlamentaria.