La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España (Artículo 68.5 de la Constitución Española)

4,7%. Ese es el dato definitivo de participación en las pasadas elecciones entre los españoles residentes en el extranjero. Más grave aún que la contundencia de los números es que nadie pueda reclamarse hoy sorprendido. Desde que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en 2011 para silenciar las voces de los emigrantes, todos y cada uno de los procesos electorales han arrojado cifras similares. La decisión es injustificable, pero requiere de algo más que su reversión. El voto es el derecho más sagrado en una democracia: tener o no el derecho a participar en la decisión colectiva sobre los asuntos comunes es la diferencia esencial entre ser un súbdito o un ciudadano. Así lo recoge la Constitución de 1978 en sus artículos 23 y 68. Quien ha legislado de manera consciente para arrebatar un derecho fundamental a millones de compatriotas debe hacer algo más que rectificar: debe rendir cuentas por ello. Por eso impulsamos una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, para conocer cuáles fueron las razones y las responsabilidades que condujeron a este resultado inaceptable, para conocer de primera mano las experiencias y necesidades de nuestros compatriotas en el extranjero, y para sentar las bases de una legislación que responda a sus necesidades y garantice la protección máxima de sus derechos políticos, económicos y sociales.

Varias fuerzas políticas reconocieron en la campaña el “error” que supuso la restricción del derecho al voto de nuestros emigrados. Pero no basta con eliminar el infame trámite del voto rogado que esas mismas fuerzas implantaron: deben rendir cuentas y explicar en sede parlamentaria cuáles fueron las razones que les llevaron a pactar la misma norma que hoy pretenden derogar. En los últimos años, bajo el azote de las peores consecuencias de una crisis que ellos no causaron, cientos de miles de ciudadanos se vieron forzados —en una imagen que creíamos reprimida en lo más profundo del inconsciente de nuestro pueblo— a hacer las maletas y abandonar el país en busca de un futuro y una prosperidad que aquí se les sigue negando. La reacción de los partidos gobernantes, lejos de arroparles y facilitarles al máximo el duro trance, fue emprender una campaña sistemática para arrebatarles sus derechos sociales —como el derecho a la asistencia sanitaria— y políticos, convirtiendo algo tan esencial como el libre ejercicio del derecho al voto en un imposible para la mayoría de los residentes en el extranjero.

A la pérdida que supone el exilio para quien debe abandonar su patria se une esa segunda “muerte civil” que busca restarles el último vínculo político con la realidad de su país, su última capacidad de decidir y de intervenir para cambiarla. Es algo lo suficientemente grave como para ser objeto de una investigación.

Esa comisión debe servir, por tanto, para todo lo contrario: abrir un espacio en la sede de la soberanía popular para que quienes están fuera puedan participar activamente de los asuntos públicos, ejercer su voz y ser escuchados. Poco se habla en la esfera pública —pese a que cientos de miles de familias tienen sobrada experiencia y conocimiento privado— de los problemas que tienen nuestros emigrados para inscribirse en los consulados; de un sistema anticuado y poco flexible que no tiene en cuenta las situaciones en las que se encuentran los españoles en el extranjero; de las peculiaridades de la última ola de emigración surgida a raíz de la crisis económica; de las dificultades para emprender el retorno.

Por eso es fundamental que, para la elaboración de una nueva ley electoral, se cuente con la participación de aquellos a quienes afecta, especialmente de aquellos que han sufrido en los últimos años los peores efectos de la crisis. Que se escuche a quienes tras completar los interminables trámites para rogar su voto se quedaron sin votar porque ni siquiera les llegaron las papeletas, o a las miles de personas que no pueden inscribirse a tiempo por ausencia de información institucional. Que se vean las imágenes de las sacas de correo con miles de papeletas languideciendo durante días en Barajas. Que se explique por qué muchos de los votantes deben financiarse el envío de sus papeletas, entre 5 y 25 euros, cuando la ley establece el derecho al reembolso. Que los jóvenes y no tan jóvenes organizados de manera ejemplar en movimientos sociales como la Marea Granate o la plataforma de juristas “DosMillonesDeVotos” puedan explicar a los representantes electos las irregularidades detectadas, que han sido responsables de que miles de personas se quedaran sin votar en las pasadas elecciones.

Queremos que se investigue y queremos que se dé respuesta a sus demandas, que se conozcan los verdaderos problemas y las razones que llevaron a implantar un sistema a todas luces desastroso. Queremos así poder elaborar una ley electoral comprometida también con los que están lejos. Dos millones de españoles en el exterior no se merecen menos.

Pablo Bustinduy, portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea y Esperanza Jubera, representante de los inscritos en el extranjero en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos

Viernes, 4 de marzo de 2016

* Leer artículo en El País