El pasado viernes 18 de marzo, en el Consejo Europeo, los Gobiernos de los 28 estados miembros de la Unión Europea aprobaron por unanimidad un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que es inaceptable jurídicamente, vergonzoso éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos humanos y humanitaria que vive Europa. Más allá de unos arreglos cosméticos, este acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación internacional de los derechos humanos. Y, lo que es igualmente grave, el Gobierno de España en funciones ha desatendido claramente el mandato recibido del Parlamento español al votar a favor de un acuerdo que no incluye las garantías exigidas por el legislador español para conseguir que dicho acuerdo respetase las obligaciones de España y la Unión Europea con los derechos de las personas refugiadas y migrantes, que no son números, sino mujeres, hombres, niños y niñas con derechos y dignidad.

El pasado miércoles, 16 de marzo, la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea aprobaba por unanimidad una declaración institucional que fijaba la postura del Parlamento español ante el principio de acuerdo alcanzado el día 7 de marzo de 2016, entre la Unión Europea y Turquía, para la deportación colectiva a ese país de cualquier persona que llegue a las fronteras europeas (incluidas las que quieran pedir asilo o huyen de persecución, conflictos o violaciones de derechos humanos) a cambio de una serie de contrapartidas (económicas, exención de visados, apertura de negociaciones de admisión, etcétera). Dicho principio de acuerdo fue denunciado por organismos de Naciones Unidas, múltiples organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil en España y toda Europa por vulnerar de manera flagrante la legislación internacional de derechos humanos. A él se opusieron, de manera unánime, todos los grupos parlamentarios.

La declaración aprobada en el Parlamento establecía una clara oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que permitiera expulsiones colectivas (tanto de personas refugiadas como de migrantes). Además, exigía garantías de que cualquier expulsión se adoptaría solo tras un proceso de asilo adecuado y de que Turquía cumpliría con la legislación internacional (y europea) de derechos humanos, como el respeto al principio de no devolución forzosa, el derecho a solicitar asilo y a tener un juicio con las debidas garantías y, en el caso de huir de persecución, obtener la protección de la Convención de Ginebra (o garantías equivalentes).
Por todo ello, Podemos manifiesta que:

1. El acuerdo está llamado a encubrir, en la práctica, expulsiones colectivas, ya que no recoge garantías concretas de cómo se puede llevar a cabo el proceso de asilo individualizado en muy pocos días (2 o 3) que cumpliría no solo con la directiva europea de procedimiento, como menciona el acuerdo adoptado ayer, sino, sobre todo, con la legislación internacional de derechos humanos que exige derecho a abogado, intérprete, derecho a recurso con efectos suspensivos, acceso a organizaciones de derechos humanos, toma de decisiones por agencias especializadas y no por agentes migratorios, etcétera. Es importante recordar que, en estos momentos, Grecia no está capacitada para llevar a cabo todos esos procedimientos con las debidas garantías, tal y como ha establecido en varias sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La obligación de la Unión Europea de no realizar expulsiones masivas no se cumple ni respeta a través de la mera inclusión de unas palabras en el acuerdo, o a través de la creación de un proceso que «parezca» individual, pero que sea tan acelerado (y sin suficientes garantías) que pueda suponer que se devuelva a personas necesitadas de protección internacional, lo que vulneraría las obligaciones de Europa con la legislación de derechos humanos.

2. El acuerdo no recoge garantías expresas, como exigía el Parlamento español y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que todo proceso de expulsión o devolución de todas las personas (migrantes y refugiados) sea individualizado y con las debidas garantías. Solo habla del proceso para quien pide asilo.

3. El acuerdo del pasado viernes 18 de marzo tampoco establece las garantías exigidas por el Parlamento español de que Turquía reformará su legislación para respetar la legislación internacional de derechos humanos. Turquía no es un país seguro para todas las personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la protección y una solución duradera, no reconoce como personas refugiadas de la Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea (por ejemplo, a los miles de iraquíes, afganos, eritreos o somalíes que podrían ser devueltos). A las personas sirias solo les reconoce un estatuto de protección temporal insuficiente y sin adecuadas garantías. Además, como han denunciado Acnur y diversas organizaciones de derechos humanos, en diversas ocasiones, muchas personas sirias o iraquíes han sido devueltas por el Gobierno turco a sus países de origen, lo que ha vulnerado el principio de no devolución. En el acuerdo no aparece ninguna garantía expresa de que Turquía respetará ese principio respecto a quienes sean devueltos a Turquía, una cláusula que estaba en los primeros borradores del acuerdo firmado ayer.

Además, miles de personas refugiadas viven en Turquía en campos que no reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las mujeres son muy vulnerables a la discriminación y violencia de género (incluida la trata) y donde miles de niños y niñas no son escolarizados. Se trata, además, de un país sobre el que la propia Unión Europea ha venido mostrando en el pasado preocupación por la situación de respeto a los derechos humanos: la situación de la oposición política, los defensores y las defensoras de derechos humanos (en especial, de los derechos de las mujeres), los periodistas y medios de comunicación, así como las minorías étnicas (especialmente la población kurda).

4. El acuerdo menciona que se agilizará la disponibilidad de 3.000 millones de euros (ampliable a otros 3.000) del Fondo Europeo para Refugiados para las personas sirias reconocidas bajo protección temporal en Turquía. Pero nada dice, como exigía el Parlamento, de cómo se reforzarán los mecanismos de control sobre el efectivo destino de dicha ayuda a Turquía.

En definitiva, el acuerdo aprobado el 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía no recoge las garantías que el Parlamento español consideraba necesarias para que dicho acuerdo se ajustara a la legislación internacional y europea de derechos humanos, por lo que Podemos denuncia que el gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber votado en contra de dicho acuerdo en el Consejo Europeo. Al no hacerlo, ha incumplido el mandato que tenía del Parlamento, al cual estaba obligado por encontrarse en funciones. Por ello, anunciamos que tomaremos las medidas necesarias para que rinda cuentas ante la ciudadanía a través del Congreso.

Por último, Podemos muestra una profunda preocupación por otros extremos del acuerdo aprobado el 18 de marzo entre la Unión Europea y Turquía. Lamenta profundamente que, de nuevo, se opte por priorizar el control migratorio y la protección de las fronteras frente a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Resulta absolutamente lamentable que el acuerdo firmado el 18 de marzo se centre en el cierre de las rutas migratorias por parte tanto de la Unión Europea como de Turquía, o de la bienvenida a la operación de la OTAN en el mar Egeo y nada diga de la obligación jurídica y legal de todos ellos de poner en el centro del derecho de asilo el rescate y el salvamento de las personas que arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo. En lo que va de 2016 han muerto más de 476 personas. Lo que tienen que hacer Europa y España para acabar con esas muertes no es cerrar sus fronteras y militarizarlas, sino abrir «pasajes legales y seguros» (visados humanitarios para pedir asilo, reagrupaciones familiares, exenciones de visados, peticiones de asilo en embajadas) para quienes huyen de violaciones de derechos humanos.

El acuerdo pretende afrontar esta crisis de derechos humanos con un plan de deportaciones «urgente y temporal» y con un claro enfoque de seguridad y control migratorio, en vez de abordando las causas profundas de esta crisis. Causas que tienen directa relación, por un lado, con el creciente olvido (desde hace años) de los valores fundacionales de la Unión Europea y los derechos humanos en sus políticas de asilo y migración y, por otro, con una política exterior que, demasiadas veces, ha puesto sus intereses geopolíticos, de seguridad y económicos por encima de los derechos humanos. Por ello, para Podemos, la única manera justa y eficaz de afrontar esta crisis es modificar radicalmente las políticas migratorias, de asilo y exterior de la Unión Europea y sus Estados miembros, para poner en su centro los derechos humanos, la democracia y un desarrollo sostenible e inclusivo.

Además de la vergüenza que nos produce como ciudadanos europeos la profundización de esta catástrofe, nos asusta la desconexión que una vez más se ha evidenciado entre nuestros dirigentes y sus pueblos, muestra del cortoplacismo con el que juegan nuestras más altas instituciones y representantes. Desde Podemos hemos venido defendiendo y defendemos que los parches, los chantajes y la instrumentalización de las vidas de las personas como un intercambio de cromos no hace sino continuar la senda de políticas erráticas que distan mucho de la eficacia y la solidaridad necesarias para abordar la actual coyuntura. Nuestros Gobiernos ya no solo desoyen el mandato de sus ciudadanos y de sus parlamentos, ahora además tuercen la legalidad internacional para perpetuar imágenes y actitudes vergonzosas a las que ni podemos ni debemos acostumbrarnos.