La situación laboral en España, a día de hoy, está determinada por la falta de empleo y la precariedad laboral representada por la devaluación salarial, la temporalidad y la desprotección frente al despido.

En 2008 había 19,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, y en 2015 solo 17,1. Solo se ha recuperado 1 de cada 3 empleos destruidos durante la crisis, y actualmente hay 123.000 ocupados menos que cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno.

En 2008 había 2,5 millones de desempleados, y hoy 4,7 millones. Entre ellos, las mujeres en situación de desempleo han incrementado en 108%, y los hombres en un 99%.

Entre 2009 y 2013 el sueldo medio en España ha crecido por debajo de la inflación, lo que significa que ha habido una devaluación salarial, es decir, una caída de salarios reales. Según la EPA, el sueldo medio en España creció el 3% nominal entre 2009 y 2013, lo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% dada la inflación acumulada en ese periodo. Además, la caída salarial se ha centrado principalmente en los salarios más bajos. Esto ha provocado la aparición del fenómeno de trabajadores pobres, que representan un 15% del total de asalariados en 2015.

Aunque la tasa de temporalidad ha caído en los últimos años, como consecuencia de la destrucción de empleos temporales, España sigue ocupando el 2º puesto de la OCDE con una tasa de temporalidad del 24% en 2015. La razón de esta excesiva temporalidad reside en la especialización en un modelo productivo de Sol y playa, y sobre todo en el extendido fraude de ley existente: estas figuras contractuales no se usan para cubrir tareas temporales en las empresas, sino tareas de carácter permanente. Existe una impunidad en el fraude de ley en los contratos temporales que hay que corregir.

Contrariamente a lo que se piensa, la protección del despido (tanto individual como colectivo) en España no es elevada, situándose en niveles inferiores a la media de la OCDE. Igualmente, los subindicadores de OCDE muestran que el conjunto de normas para el despido son más laxas y facilitan más el despido que en los países de nuestro entorno.

España crea más empleo que la media en periodos de crecimiento, y destruye a mucha más velocidad en periodos de recesión. Este fenómeno lastra el crecimiento de la productividad.

El programa de Unidos Podemos tiene como objetivo la creación de empleo digno, la reducción de las desigualdades, el incremento de la productividad y la transformación del modelo productivo. Estos objetivos se articulan en torno a tres ejes: Terminar con la austeridad para aumentar el ritmo de creación de empleo; fortalecer las políticas sociales y la protección al empleo para reducir las desigualdades; y transformar el modelo productivo.

Terminar con la austeridad para aumentar el ritmo de creación de empleo:

Debemos poner punto y final a la política de “austeridad fiscal”, que condiciona toda la política económica al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% en 2016, hasta alcanzar el déficit cero en 2018. Esta política sigue asfixiando a nuestra economía.

Proponemos suavizar la senda de reducción del déficit, condicionando dicha reducción a la previa disminución del desempleo. Este margen fiscal permitiría un plan de inversión y gasto público de 15.000 millones de euros anuales, garantizándose con ello un nivel de empleo al final de la próxima legislatura de 20 millones de puestos de trabajo y la reabsorción de todo el empleo destruido durante la crisis.

Los años de mayor austeridad, 2011-2013, han sido los que más empleo se ha destruido, buena parte del cual todavía no se ha recuperado. En estos momentos la economía está amenazada por nuevos recortes que le harían ralentizar el ritmo de crecimiento y, con ello, la creación de empleo. Revertir los recortes que han tenido lugar en nuestra economía ayudará a afianzar el crecimiento económico, a reducir más rápidamente el desempleo y a no depender tanto de los vientos de cola que llegan desde fuera, fruto principalmente de la política monetaria del BCE.

El objetivo en este sentido es doble: Acercarnos a la media europea en términos nominales, y de gasto por habitante en servicios públicos fundamentales; y fortalecer el crecimiento y la creación de empleo.

Fortalecer las políticas sociales y la protección al empleo para reducir las desigualdades.

Debemos garantizar que se crea empleo digno, con derechos y que nos acerque a las condiciones laborales de los países más avanzados de la zona euro.

Es necesaria una reforma de nuestro mercado de trabajo que termine con la precariedad laboral:

> Subida del SMI, 800€ la primera parte de la legislatura, y 950€ al final de la misma, para acercarnos al 60% de la renta media, tal y como establece la Carta Social Europea. Es necesario alejar el SMI del umbral de la pobreza, contribuyendo así a reducir las desigualdades.

> Desincentivo de las figuras contractuales temporales y a tiempo parcial, y un reequilibrio de la negociación colectiva. Se trata de incrementar la productividad reduciendo la inestabilidad en el empleo, su rotación y volatilidad, es decir, lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. La generalización del fraude de ley en la contratación temporal es algo que lastra el crecimiento de nuestra productividad, genera inestabilidad y un mercado de trabajo muy vulnerable a los ciclos económicos.

> Avance hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal. En España se trabajan 280 horas más al año en comparación con Alemania. Esto se traduce en más de 30 jornadas laborales de trabajo en cómputo anual para cada trabajador. Es necesario impulsar la creación de empleo continuando con la tendencia histórica mostrada por los países de la OCDE a la reducción de la jornada laboral.

> Permisos iguales e intransferibles. Caminaremos hacia la igualdad de género en el mercado de trabajo con la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, y con el establecimiento de un calendario que aumente el actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Estos permisos deben ser intransferibles, y además equivalentes al 100% del salario. Esta medida ayudará a hacer iguales en el mercado de trabajo a hombres y mujeres, evitando los sesgos en la contratación hacia estas últimas.

Asimismo, es imprescindible reducir las desigualdades e impulsar un Programa de Garantía de Rentas que garantice la erradicación de la pobreza. Nuestro plan de Renta Garantizada permitirá que ninguna persona tenga unos ingresos inferiores a los 600€, con un programa de renta diferencial que permitirá alcanzar la pobreza cero en una legislatura.

Transformar el modelo productivo.

Un Plan Nacional de Transición Energética, basado en un plan de inversiones públicas centradas en la transición energética, garantizando el ahorro y el desarrollo de las energías renovables, de forma que se reduzca nuestra factura importadora en combustibles fósiles: que pueda crear hasta 400.000 puestos de trabajo; que pueda transformar el modelo energético español haciéndolo transitar hacia la descarbonización; que por cada euro del sector público que se invierta, se movilicen hasta 3 euros del sector privado.

Una política industrial activa que impulse los sectores intensivos en tecnología, y que garantice una convergencia en los niveles de gasto de I+D+i con la UE, hasta alcanzar el 2% del PIB. Esta política industrial debería permitir el progresivo desplazamiento de nuestro tejido productivo hacia ramas industriales de mayor valor añadido y, con ello, una creación de empleo de mejor calidad. Además, debería permitir también el retorno de los investigadores e ingenieros que dejaron nuestro país durante la crisis.

Secretaría de Economía de Podemos


Viernes, 15 de julio de 2016