Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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Para reducir el consumo de energía primaria y producir también un ahorro económico para la ciudadanía, se impulsarán medidas de ahorro y la eficiencia energética. Por ello, se promoverá, en primer lugar, un Plan Europeo de Rehabilitación de Edificios que mejore la eficiencia de un sector que consume el 40 % del total de energía. En segundo lugar, se implementará un plan progresivo de retirada del mercado europeo de productos de baja eficiencia energética.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Se eliminarán sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, se avanzará en unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Se priorizará la generación eléctrica distribuida y renovable cerca de su lugar de consumo, en contraste con las grandes infraestructuras de transporte, que solo serán admisibles como último recurso cuando se demuestre fehacientemente que el resto de los instrumentos que permiten la integración de renovables son insuficientes. Se tenderá a la exclusión del gas en los sistemas eléctricos insulares para alcanzar cuanto antes un mix energético 100 % renovable que sea referencia de la transición energética, y se evitará la construcción de nuevas infraestructuras gasísticas, sobre todo de transporte y regasificación, para contribuir a esta transición.

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Se impulsará una mayor cooperación entre los Estados, la armonización normativa y la integración virtual de los diferentes sistemas eléctricos, de forma tal que se garantice que la ciudadanía europea es menos vulnerable a los intereses de los oligopolios.

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Se instará a los Estados a que impidan nuevas autorizaciones de exploración y extracción de hidrocarburos ―convencionales y no convencionales, como el fracking o fractura hidráulica―, debido a sus consecuencias irreversibles.

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Para proteger la salud y la seguridad de la población europea, se impulsarán medidas para reforzar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados y las grandes empresas de las actuales y futuras directivas sobre gestión de residuos y contaminación, y se fortalecerán y agilizarán también los mecanismos sancionadores. El Parlamento Europeo establecerá, asimismo, medidas más decididas para reducir la contaminación del aire, tales como techos de emisión atmosférica ambiciosos y vinculantes.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, se impulsará un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su seguridad, se promoverá una directiva y planes específicos para luchar contra la contaminación química y acústica, con medidas tales como la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes ―parques, jardines y cinturones verdes―, el fomento de sendas urbanas ―vías anchas y preferentes de peatones, seguras y flanqueadas por vegetación arbórea―, la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, salvo en determinadas áreas ―modelo de las «Ciudades 30»―, y la limitación estricta de los niveles de ruido, en especial en zonas residenciales y de descanso.

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