Quien padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de acabar con ese sufrimiento mediante una eutanasia con garantías. Para ello, la UE estudiará el establecimiento de unos estándares compartidos entre los Estados con objeto de ofrecer todas las garantías necesarias a las personas que deciden poner fin a su vida, así como a los y las profesionales que las asisten.

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Desde la UE, se promoverá un proceso armonizado y garantista de la despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis en los ámbitos personal y colectivo, la regulación de la actividad de los clubs sociales de cannabis y el establecimiento del rol de los Estados en la garantía de seguridad de quienes consuman cannabis y en el control de la producción, distribución y consumo.

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De igual manera que la UE prescribió para los Estados la prioridad del pago de la deuda, es hora de revertir la situación y garantizar la efectividad de los derechos sociales. Por ello, se promoverá un marco normativo que obligue a los Estados a destinar al menos un 20 % de su PIB a inversión social, del cual un mínimo del 5,6 % corresponderá a educación y un 7,5 %, a sanidad.

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La UE armonizará las regulaciones y los estándares de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro, al tiempo que apoyará a los Estados para que sea efectivo el reconocimiento de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública.

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La UE garantizará el derecho a la salud y a un modelo público de asistencia sanitaria de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introduzcan barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquier país de la UE.

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Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos. También se promoverá la compra de medicamentos a escala europea para evitar que el actual esquema de venta separada a cada Estado o cada administración sanitaria, como en España ocurre con las comunidades autónomas, permita a las grandes farmacéuticas encarecer el precio de los medicamentos.

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Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.

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La UE promoverá un concepto de salud que no solo implique la ausencia de enfermedad, sino que la considere también como un indicador de bienestar. Para ello, entre otras cuestiones en los Estados se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental.

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La UE impulsará la lucha contra la discriminación que sufre la población con VIH ampliando los programas que combaten la estigmatización social, la discriminación y el desconocimiento. También se promoverán políticas eficaces y una inversión en I+D+i suficiente para desarrollar una vacuna eficaz, de carácter preventivo y asequible.

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La UE garantizará el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, impulsará la inserción de estas personas en el mercado de trabajo aumentando hasta el 50 % su tasa de actividad, creará un Fondo Europeo para la Accesibilidad Universal y apoyará a los Estados con el objetivo de que incrementen y agilicen las prestaciones para material ortoprotésico.

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Se impulsarán medidas que garanticen una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. En particular, se promoverá el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito, practicado en los centros de los sistemas nacionales de salud, para lo que se pondrá a disposición de las mujeres toda la información necesaria para que puedan elegir, se regulará la objeción de conciencia y se impedirá el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica.

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Se pondrá freno a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello, se eliminará cualquier patologización de las personas LGTBI y se garantizará su acceso a la salud en igualdad de condiciones.

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Se implementará un plan europeo para la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica orientada hacia el control reproductivo, las maternidades segregadas y las esterilizaciones forzadas.

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La UE establecerá medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una cobertura sanitaria adecuada, al margen de donde vivan, su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen.

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Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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Se establecerá un derecho de indemnización añadida en caso de fraude que opere como desincentivo. Se instaurarán regulaciones adaptadas a cada Estado para, en su caso, prohibir los productos financieros o de servicios que inducen conductas patológicas, especialmente en jóvenes, como la ludopatía en el caso de las apuestas. Se establecerán unas normas de etiquetado para facilitar la alimentación saludable y para erradicar los productos químicos nocivos. También se prohibirán los números de tarificación adicional para servicios de atención al cliente.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Establecimiento de un reglamento que reoriente la política alimentaria de la UE hacia la efectividad de este derecho.

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Para ello, es imprescindible contar con una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria más fuerte, sometida al control democrático e independiente respecto a las presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

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Es necesario abandonar el modelo de donación de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, en la medida en que limita su dieta y la hace depender de los productos donados. En cambio, el Fondo de Ayuda Europea para personas desfavorecidas debe vincularse a una dieta saludable, cercana y de calidad que permita, además, impulsar experiencias de producción local, ajenas a las grandes industrias alimentarias que se benefician del sistema actual.

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La UE establecerá obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional por cada 100 gramos de producto, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. También promoverá una regulación de la publicidad de la comida basura que la restrinja en horario infantil y persiga la que sea engañosa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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