Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Se promoverá la aprobación de una directiva que permita que los pisos vacíos de entidades financieras, fondos de inversión y empresas se incluyan en los correspondientes parques públicos de vivienda, en el marco de un Plan Integral de Vivienda Europeo con el objetivo de consolidar un parque público de vivienda y alquiler social destinado principalmente a las personas jóvenes y a los colectivos en riesgo de exclusión social.

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La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Se garantizará que España y el resto de los Estados miembros cumplan las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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Para reducir el consumo de energía primaria y producir también un ahorro económico para la ciudadanía, se impulsarán medidas de ahorro y la eficiencia energética. Por ello, se promoverá, en primer lugar, un Plan Europeo de Rehabilitación de Edificios que mejore la eficiencia de un sector que consume el 40 % del total de energía. En segundo lugar, se implementará un plan progresivo de retirada del mercado europeo de productos de baja eficiencia energética.

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