La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy muestra una vez más que la actual estrategia de crecimiento, a pesar del crecimiento del número de ocupados, no hace sino cronificar importantes problemas en nuestro mercado de trabajo. Desde que gobierna el Partido Popular, los indicadores de calidad del empleo no han parado de deteriorarse:

  • Incremento de la temporalidad: El número de asalariados indefinidos no se ha incrementado en los últimos trimestres; de hecho, desde el primer trimestre de 2014 el porcentaje de trabajadores temporales aumenta de forma continuada hasta superar el 27%.

  • Elevada parcialidad: Las jornadas a tiempo parcial suponen el 15% del número de ocupados. El incremento de este colectivo ha sido semejante al número de ocupados en su conjunto. Por ello, el mayor nivel de empleo no ha venido acompañado de una tasa significativamente menor de la parcialidad. La parcialidad es especialmente grave en el caso de las mujeres; mientras que el 7% de los hombres tienen un contrato a tiempo parcial, la tasa se eleva hasta el 23% en el caso de las mujeres.

  • Elevada tasa de subempleo por trabajadores que involuntariamente tienen un contrato a tiempo parcial, cifra que asciende a casi 1 de cada 10 ocupados. Si se suma la tasa de subempleo más la de desempleo se alcanza el 25% entre personas parcial y totalmente paradas. De hecho, de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial, casi el 13% de los trabajadores ingresa menos del salario mínimo interprofesional. Esto es resultado de la insuficiente creación de empleo: diez años después de iniciada la crisis económica y social todavía hay 1,7 millones menos de empleos que en 2007.

  • Elevadas tasas en el paro de larga duración: Uno de cada tres parados es un parado de larga duración (busca empleo desde hace más de dos años), cuando en 2007 eran poco más de 1 de cada 10. La persistencia de una tasa tan elevada puede provocar una mayor caída de la población activa, y el desempleo se reduce expulsando a más trabajadores del mercado laboral.

  • Caída en la tasa de actividad: hoy tenemos 67.000 personas activas menos que en el mismo trimestre de 2016, y 376.000 menos que en 2008; la tasa de actividad es muy inferior a la que existía en 2007. En gran medida, esta reducción de la actividad se debe al desánimo y a la diáspora de nuestros trabajadores: la población española residente en el extranjero entre 2010-2017 ha subido hasta los 2,4 millones de personas, casi un millón más que en 2009.

  • Elevadas jornadas laborales y abuso de las horas extraordinarias (especialmente de las no pagadas): La jornada promedio en España es muy superior a la de los países de nuestro entorno; su duración sobrepasa en más de un 20% la que existe en países como Alemania y Holanda (datos de la OCDE). De hecho, la mayoría de los ocupados (aproximadamente la mitad) trabajan más de 40 horas semanales, y alrededor del 10% lo hace más de 50 horas. Hecho que sin duda se encuentra relacionado con el abuso en las horas extraordinarias (alrededor de 5,2 millones de horas cada semana), de las que prácticamente la mitad no son remuneradas. Situación que se produce mientras más 2 millones de asalariados desean trabajar más horas.

  • Continúa la desigualdad de género en el mercado laboral. Debido a las mayores tasas de parcialidad y temporalidad que sufren las mujeres ocupadas, sus puestos de trabajo son notablemente más precarios y con menores salarios. Las mujeres siguen asumiendo la carga del trabajo no remunerado de cuidados y lo compatibilizan con contratos a tiempo parcial en el mercado de trabajo. De observarse una convergencia, esta se debe al deterioro de las condiciones laborales de los hombres.

Por todo ello, es fundamental afrontar una auténtica lucha contra la precariedad laboral para que no solo aumente el número de ocupados, sino para que también mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores. El Gobierno ha hecho público su último plan para una nueva reforma laboral. Todo apunta a que, además de una operación de maquillaje que no afronta los problemas esenciales (elevada temporalidad, parcialidad, rotación, subempleo y duración excesiva de la jornada laboral), también será una nueva vuelta de tuerca en el deterioro de las condiciones laborales:

  • En primer lugar, aunque es necesaria una reducción de las modalidades contractuales, la última propuesta no soluciona ninguno de los graves problemas del mercado de trabajo. El llamado contrato «de protección creciente», que no es otra cosa que el «contrato único» ya propuesto por Ciudadanos, erosionará las condiciones laborales de la mayoría social. El supuesto aumento de las indemnizaciones por despido de los actuales 12 días por año trabajado a 16 días (en el segundo año) y a 20 días (en el tercero) apenas va a tener efecto real sobre la excesiva rotación en el empleo (dada la reducida duración de los contratos en nuestro tejido productivo). Además, lo que sí supondrá es una nueva erosión en la protección al empleo (dado el abaratamiento del despido) de los actuales contratos indefinidos.

  • En la actual situación de elevada rotación en el puesto de trabajo, en el que la duración media de los contratos temporales no supera los 43 días y 1 de cada 4 dura menos de una semana, no habrá ningún cambio para la inmensa mayoría de los trabajadores temporales, salvo que se penalice la contratación temporal. Es más, la propuesta de «contrato único del Gobierno» puede resultar un incentivo para reducir aún más la duración de los contratos, para evitar el incremento en la indemnización.

  • En segundo lugar, la estrategia de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social no servirá para incentivar la contratación indefinida. La propuesta del Gobierno pretende, una vez más, bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellas empresas que tengan un porcentaje mayor de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. Este tipo de medidas han resultado un fracaso en términos de creación de empleo y de mejora de la calidad del mismo.

  • Esta propuesta solo sirve para debilitar los ingresos de la Seguridad Social (desde el 2012, el número de afiliados crece un 4,5%, el conjunto de las cotizaciones lo hacen a menos de la mitad, un 2,4%), lo que agravará los problemas de financiación de las prestaciones sociales, y especialmente de las pensiones. Como ha ocurrido hasta la fecha, es altamente improbable que incrementar las bonificaciones suponga una reducción notable de la temporalidad. Lo más probable es que este «bonus» solo sirva para que las empresas paguen menos cotizaciones, pero no se producirá ninguna mejora sustancial en el empleo.

  • Además, al considerar la ratio respecto al propio sector de cada empresa, no se abordan las principales causas de la elevada temporalidad del mercado de trabajo en España: el uso fraudulento de dicha figura contractual y el predominio en el modelo productivo de actividades muy vinculadas a la estacionalidad, como son el turismo, la construcción y muchas actividades agrarias.

Por el contrario, una reforma verdaderamente útil debe enfocarse en las siguientes líneas:

  • Unificar las distintas figuras de contratación temporal en una única modalidad, eliminando todas las cláusulas actualmente existentes, y reforzando el principio de causalidad económica asociada a la temporalidad. Para ello, es necesario garantizar que la contratación temporal no supondrá ninguna ventaja espuria respecto al contrato indefinido, por lo que esta deberá tener la misma indemnización por extinción de contrato. Además, cuando la concatenación de contratos temporales supere el año trabajado, se considerará indefinido. De esta forma se garantizaría que los contratos temporales se firman solo por razones vinculadas a la causalidad económica, y no porque suponen una forma de abaratar la contratación y reducir los salarios.

  • Establecer un límite máximo en la proporción entre el número de trabajadores que tienen modalidades de contratación atípicas (temporal, parcial, autónomos económicamente dependientes, etc.) y el número de trabajadores con contratos indefinidos en una misma empresa (incluidos los indefinidos fijo-discontinuos, especialmente para aquellas que se dediquen a actividades puramente estacionales). Sin ningún tipo de bonificación por cumplir esta condición.

  • Incrementar los tipos de cotización de las horas extraordinarias y de los contratos temporales con baja duración. Como se ha señalado, es evidente que existe un mal reparto del tiempo de trabajo. Mientras que una mayoría de trabajadores sufren largas jornadas y uso generalizado y habitual de horas «extraordinarias», otros trabajadores padecen bajos salarios por tener contratos a tiempo parcial, lo que crea una situación de subempleo. Asimismo, la enorme rotación (en el pasado mes fue necesario firmar casi 86 contratos para crear una nueva afiliación a la Seguridad Social) supone un elevado coste para los trabajadores (por la inseguridad asociada), para las empresas (por los costes de contratación) y para el SEPE (por el elevado volumen de altas y bajas). Estos incrementos de las cotizaciones eliminarían los incentivos existentes para extender las jornadas, reduciendo la parcialidad, y compensarían los gastos asociados a la elevada rotación.

  • Impulsar permisos de paternidad iguales e intransferibles a los de maternidad para reforzar efectivamente la igualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Esta medida permitiría no solo reducir el impacto del empleo atípico sobre las mujeres, sino también la brecha salarial.

  • Subida progresiva del salario mínimo interprofesional del 7%, hasta alcanzar los 1000 € al mes en 14 pagas o el 60% del salario medio. Como vimos en 2016, el crecimiento de los suelos salariales no solo no desincentiva la creación de empleo, sino que la puede fortalecer al reforzar la demanda de los hogares de menores ingresos. Esta medida permitiría reducir enormemente la actual desigualdad salarial, al incrementar de forma automática los salarios más bajos; con ello se conseguiría reducir la precariedad, especialmente de los trabajadores por debajo del umbral de la pobreza. Además, supondría un estímulo para las mejoras salariales en los distintos convenios colectivos, y mejorarían así los salarios del conjunto de los trabajadores.

Jueves, 26 de octubre de 2017
Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo