España necesita un ambicioso plan de inversiones que impulse la reconstrucción económica y la creación de empleo, y que sirva también para transformar la economía y reforzar los derechos sociales. El acuerdo del Fondo de Reconstrucción abre un tiempo nuevo en Europa y permite impulsar la agenda reformista del acuerdo de coalición progresista. Tanto en Europa como en España hemos aprendido de los errores del pasado, y es el momento de aplicar una política económica y social que no los repita.

  1. El Escudo Social desplegado por el Gobierno ha permitido sostener temporalmente nuestra economía, evitar el colapso de millones de empresas y proteger los ingresos de los hogares. Desde que se inició la pandemia, la política aplicada por el Gobierno ha estado encaminada a minimizar el impacto económico y social asociado a la crisis sanitaria. Con el objetivo de proteger la renta de los hogares, evitar la erosión del tejido empresarial y minimizar la destrucción de empleo, se han inyectado 100 000 millones de euros de liquidez en las empresas, se ha dado cobertura a más de tres millones de trabajadores a través de ERTE, e incluso se ha generado un nuevo derecho social: el Ingreso Mínimo Vital.
  2. Ahora, lo que se necesita es un ambicioso plan de inversiones que impulse la reconstrucción de la economía: reactivar la economía y recuperar el empleo, pero también orientar estas inversiones hacia la transformación de nuestro tejido productivo.
    • La reactivación económica no podrá tener lugar sin el apoyo de estas inversiones, lideradas por los Gobiernos, puesto que en la «nueva normalidad» vamos a seguir conviviendo con la pandemia hasta que se disponga, de forma generalizada, de una vacuna. Muchos sectores van a necesitar durante este tiempo el pulmón artificial de una política fiscal (y monetaria) muy expansiva.
    • La salida ha de ser europea y basada en la cooperación: ningún país tendrá capacidad, por sí solo, de movilizar las inversiones necesarias para acometer este reto y, aunque pudiese hacerlo, de nada serviría si el resto de sus socios comerciales se encuentran en una situación de recesión.
    • El acuerdo aprobado por el Consejo Europeo supone un gran paso adelante: la UE reacciona de forma conjunta para financiar un gran estímulo fiscal, y España recibirá 140 000 millones, de los cuales 72 000 millones serán ayudas que no habrá que devolver. Los «eurobonos», que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes. La UE parece haber aprendido de sus fracasos en la última crisis: no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales; no tendremos hombres de negro aplicando planes de ajuste en los países, sino planes de inversión negociados. Nos hemos dado cuenta de que la única forma de salir de la crisis es cooperar.
  3. Debemos elegir bien en qué invertimos, para convertir la necesidad en una oportunidad de transformar la economía y abordar los retos del futuro.
    • No podemos pensar que solo con una mera política de «estímulos keynesianos» aseguraremos la recuperación que necesitamos. Además de los estímulos fiscales, es importante elegir bien el tipo de inversiones y reformas que debemos impulsar, seleccionando las que sirvan para transformar y modernizar nuestro tejido productivo, priorizando el incremento de la productividad, el desarrollo industrial y el desplazamiento del tejido empresarial hacia sectores de mayor valor añadido, y mejorando el bienestar social.
    • España necesita reformas, y ya tiene una «agenda reformista» puesta en marcha: la del acuerdo de coalición progresista. Este acuerdo constituye el núcleo de las reformas que el Gobierno debe acometer (derogación y superación de la reforma laboral de 2012, desarrollo de las políticas activas de empleo, universalización del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años, impulso de la FP dual, sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, etcétera). Estas reformas no son contradictorias con el acuerdo alcanzado en la UE para crear el Fondo de Reconstrucción; al contrario, dicho fondo debe servir para acelerar y fortalecer la agenda de reformas del acuerdo de coalición.
  4. Los Presupuestos Generales del Estado deben alinearse con estos objetivos: impulsar cuanto antes la reconstrucción y garantizar el cumplimiento del acuerdo de coalición. Los fondos europeos facilitan, de hecho, que el Gobierno trabaje en la aprobación de unos presupuestos expansivos y nítidamente progresistas.
    • Por ello, los Presupuestos deben sustentarse en la mayoría progresista que existe en el Congreso; particularmente, en los apoyos que hicieron posible la investidura. La ciudadanía progresista no entenderá que el acuerdo alcanzado en Europa no tenga continuidad en un proyecto de Presupuestos progresistas, que combinen la transformación productiva con el impulso de los derechos sociales: precisamente, ahora es posible avanzar más rápido en el cumplimiento del acuerdo, y los partidos que formamos el Gobierno debemos trabajar para consolidar la mayoría que puede apoyarlo.
    • El Fondo Europeo de Reconstrucción no puede servir para «ahorrarse partidas» en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno debe presentar al Parlamento, sino para reforzar los esfuerzos nacionales. Los Presupuestos Generales deben contener un plan de estímulos ambicioso. Además, deben asegurar también los objetivos de modernización y transformación económica, y de mejora del bienestar social.
  5. Necesitamos, además, una nueva perspectiva sobre las finanzas públicas, con un enfoque menos dogmático sobre el déficit, que reconozca su papel para recuperar el crecimiento económico.
    • No hay duda de que esta crisis va a tener efectos importantes sobre la deuda y el déficit públicos, elevándolos tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno. Pero renunciar a los estímulos fiscales ambiciosos por miedo a un aumento de la ratio deuda/PIB sería mucho peor: seguramente, provocaría una recesión económica tan fuerte que —entonces sí— estaríamos abocados a una crisis de sostenibilidad de las finanzas públicas. Actuar decisivamente contra la recesión es lo responsable y la mejor forma de salvaguardar la estabilidad de las finanzas públicas, especialmente cuando contamos con el respaldo del BCE.
    • El programa de estímulos tiene que ser, además, lo suficientemente duradero y asegurar que la actividad económica se recupera totalmente. Una retirada prematura de los estímulos fiscales haría descarrilar este plan: en 2010-2014 pudimos comprobar cómo la retirada demasiado temprana de los estímulos y la llegada de la austeridad fiscal abortaron la recuperación del crecimiento económico y llevaron a una segunda recesión. En esta ocasión, además, impediría alcanzar los efectos transformadores del plan de inversiones, que solo serán efectivos si los estímulos se mantienen en el tiempo.
    • La reducción del déficit y de la deuda no debe hacerse de forma precipitada, inmediatamente después de que pase lo peor de la crisis, y recortando el gasto y la inversión.Esta es, en realidad, una fórmula errónea para reducir la ratio deuda/PIB. La mejor forma de reducirla es garantizar un crecimiento económico sostenido, que permita reabsorber paulatinamente la deuda, al mismo tiempo que se crea empleo, se transforma el tejido productivo y se expanden los derechos sociales. Entre 2010 y 2014 también vimos cómo los recortes del gasto y de la inversión pública terminaron causando justamente lo contrario de lo que supuestamente pretendían: en lugar de reducir la ratio deuda/PIB, los recortes la hicieron crecer, al agravar la recesión.
    • Esta crisis nos va a situar también ante nuestras propias debilidades fiscales, que se encuentran sobre todo en el lado de los ingresos. Para reducir progresivamente el aumento de la deuda y del déficit público que va a producirse, lo imperioso es cerrar paulatinamente nuestra brecha de recaudación con la UE (los ingresos públicos en España siguen estando siete puntos del PIB por debajo de la media europea). Los dogmas liberales se han demostrado inconsistentes de forma reiterada: «Bajar impuestos para impulsar el crecimiento y así recaudar más» fue el leitmotiv de la reforma fiscal de Montoro en 2014. Sin embargo, solo se consiguió aumentar los privilegios fiscales de los grandes grupos empresariales y desfiscalizar aún más las rentas del capital, pero no reforzar el crecimiento económico, ni mucho menos aumentar la recaudación. Si queremos un Estado del bienestar digno, necesitamos reforzar la justicia fiscal.
    • La mejor vía para reforzar la capacidad recaudatoria y la progresividad de nuestro sistema fiscal es acabar con los privilegios fiscales de los que disfrutan los grandes grupos empresariales, los grandes patrimonios y las rentas más altas. Existen múltiples vías potenciales de actuación: garantizar un tipo efectivo mínimo en el impuesto sobre sociedades; modernizar la imposición a la riqueza, implantando un impuesto a las grandes fortunas; eliminar aquellos beneficios fiscales que, como el reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demuestra, no son eficaces en el logro de sus objetivos, y además son regresivos socialmente; acabar con esquemas especiales de tributación (como, por ejemplo, los de las sicavs), además del resto de medidas contempladas ya en el acuerdo de coalición.
    • Hay que activar de forma inmediata la cláusula de excepcionalidad prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Atarse a las mismas normas que se han mostrado inadecuadas en el pasado para manejar una crisis sería poco inteligente. Al mismo tiempo, debemos impulsar una reforma de las fracasadas reglas fiscales, tanto a nivel comunitario (el Pacto de Estabilidad y Crecimiento) como nacional (la Ley de Estabilidad y la reforma del artículo 135 de la Constitución).


Viernes, 24 de julio de 2020