El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido asumir el caso auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar al presidente de la Comunidad Autónoma. Óscar Urralburu, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, ha señalado que «llega el final político de Pedro Antonio Sánchez».
El juzgado instructor de Lorca considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y encargó diseñar y construir un teatro auditorio a un conocido arquitecto.
La estafa de la nueva LECRIM
De esta causa se han separado otras distintas contra el presidente de la Región de Murcia (del PP). En ellas también se ha personado Podemos, como en el Caso Pasarela, mostrándose en toda su crudeza cómo la reforma del PP del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está concebida para favorecer la impunidad de presuntas conductas de corrupción, empezando por sus presuntos.
Lo que se investiga en el Caso Pasarela son los indicios de un fraccionamiento irregular de facturas realizadas para que el arquitecto, Martín Lejárraga, que también se encargó de las obras del teatro auditorio de Puerto Lumbreras, no tuviera que acudir a un proceso de licitación pública. Pues bien, el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Lorca ha decretado el archivo del Caso Pasarela por haber transcurrido los seis meses fijados por la reforma de esta ley para la instrucción del caso.
Podemos se personó en la causa hace tres meses, sin noticias del juzgado hasta el mismo día 23 de enero, en que se emitió un auto para informarnos de que ya han transcurrido los seis meses, a la vez se nos dice que nuestra solicitud de personación necesita una fianza de mil euros y, para colmo, como no se ha solicitado la declaración de causa compleja, se acuerda el sobreseimiento por falta de pruebas. Sin embargo, como ha asegurado Óscar Urralburu, el juzgado «nunca llegó a dirigir diligencias previas contra nadie concreto, ni instó diligencias probatorias. Lo único que hizo fue remitirlas a la Fiscalía para que comunicase las circunstancias, la naturaleza y las personas que se veían afectadas, aquella contra las que se dirigían las acusaciones. Lo que se ha permitido es que un supuesto delito de corrupción, que también apunta al presidente regional del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, ni llegue a ser investigado».
No obstante, con la asunción del caso auditorio por parte del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, «se le han acabado los comodines al líder del PP», asegura Urralburu, quien concluye que «los murcianos y las murcianas no se merecen ver al máximo representante de la Región sentado en el banquillo de los acusados. Sería una auténtica vergüenza y tendría un coste real para nuestros sectores productivos, como la propia economía regional o el turismo. El presidente regional tiene que tener bien claro que la Región de Murcia es lo primero y su situación judicial va después. Que no anteponga sus intereses al de todas y todos. No puede defenderse de acusaciones tan graves desde el sillón presidencial».
Miércoles, 8 de febrero de 2017
