Esto pasa, en primer lugar, por modificar el actual modelo de crecimiento basado en empleos precarios y mal pagados.

La Seguridad Social, que tenía un superávit equivalente al 1,3% del PIB en 2008, registró en 2015 un déficit de 16.708 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB. Esta situación es el resultado de los efectos de la crisis, pero también, de una manera determinante, de las políticas aplicadas desde entonces. En concreto, el déficit actual se debe a cuatro problemas principales:

•    La falta de empleo. En 2008 había 19,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, y en 2015 sólo 17,1. Sólo se ha recuperado 1 de cada 3 empleos destruidos durante la crisis, y actualmente hay 123.000 ocupados menos que cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno.
•    La devaluación salarial, y por tanto el deterioro de las cotizaciones con las que se financia la seguridad social. En 2015, a pesar de que el empleo creció un 3,2%, las cotizaciones sólo crecieron un 1,3% (Gráfico 1). Este último año, los ingresos por cotizaciones han sido 5.000 millones más bajos que en 2011, cuando se inicia el gobierno del Partido Popular, prácticamente con el mismo número de afiliados. Esto se debe a la caída de la cotización media que se ha producido desde entonces (Gráfico 2).
•    La menor protección de los desempleados. Esto ha provocado en 2015 una caída de un 14% (más de 1.000 millones) en las cotizaciones de los desempleados a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta caída es muy superior a la reducción del número de parados.
•    La política de bonificaciones. El Partido Popular ha puesto en práctica diversas medidas para bonificar las cotizaciones a la seguridad social de las empresas. Estas medidas son ineficaces para la creación de empleo estable, que requiere otro tipo de políticas, pero tienen un gran impacto sobre las cuentas de la Seguridad Social, cercano a los 2.000 millones de euros.

Con un número de afiliados igual al anterior a la crisis y un nivel de cotizaciones por afiliado similar al que se registraba cuando el Partido Popular llegó al gobierno, la Seguridad Social no registraría déficit. Por tanto, la primera medida para garantizar el futuro de las pensiones es asegurar cotizaciones suficientes a través de la creación de empleo de calidad.

Las reformas aprobadas por el PSOE (2011) y el Partido Popular (2013), con la excusa de asegurar el futuro de las pensiones, están en realidad justificadas por las presiones para reducir el déficit, y tienen consecuencias muy negativas sobre los y las pensionistas. Si queremos asegurar pensiones acordes con un nivel de vida aceptable para las personas que se jubilan, hay que derogarlas.

Estas reformas han disminuido la pensión inicial que se empieza a cobrar  en el momento de jubilarse; han reducido el número de años en los que se cobra la pensión, al retrasar la edad de jubilación; y el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad provocarán que el valor real de la pensión inicial se reduzca incluso en el medio y largo plazo.

Todos estos recortes de derechos de los y las pensionistas actuales y futuros conducen a una sociedad más empobrecida. El propio gobierno del Partido Popular estimó, al presentar su reforma, que entre 2014 y 2022 se produciría un “ahorro” acumulado (recorte de las pensiones que se pagarían sin las medidas adoptadas) de 33.000 millones de euros. Otras estimaciones indican que los efectos conjuntos de las reformas del PSOE y del Partido Popular pueden suponer una reducción del 40% en la pensión que se cobrará en 2050 (en relación a lo que hubieran sido sin ambas reformas) .

Sin embargo, las pensiones siguen siendo bajas en España: mientras que el PIB per cápita es el 93% de la media europea, la pensión contributiva media es un 25% inferior a la de la media de la UE, y la no contributiva sólo llega al 50%. Es evidente que no tenemos un problema de “excesiva generosidad” de nuestro sistema de pensiones.

Por todo ello, Podemos propone derogar las reformas de las pensiones que aprobaron el Gobierno del PSOE en 2011 y el Gobierno del PP en 2013.

•    De forma específica, no se aplicarán los factores de revalorización y de sostenibilidad, y se establecerá un mecanismo de indexación de las pensiones basado en el IPC que asegure que en ningún caso se reducen las pensiones o se produce una pérdida de poder adquisitivo.
•    Restableceremos la edad de jubilación en los 65 años.
•    La pensión de jubilación mínima se revalorizará progresivamente hasta que sea equivalente al SMI anual, o al 110% del SMI anual en la pensión de jubilación con cónyuge a cargo.

La demografía no pone en peligro las pensiones, y la Seguridad Social es sostenible desde el punto de vista económico. Los problemas que pueden plantearse son para mantener un sistema financiado exclusivamente con las cotizaciones sociales. Pero en todo caso la solución no sería reducir las pensiones: aseguraremos y mantendremos la recuperación de las cotizaciones, y si es necesario ampliaremos la financiación a través de un sistema fiscal que queremos reforzar.

Aunque algunas previsiones anteriores ya se han mostrado demasiado pesimistas, es previsible que en el futuro se eleve el porcentaje que supone el gasto de pensiones sobre el PIB. Sin embargo, esto no justifica las reformas que se han adoptado, o nuevas medidas orientadas en la misma dirección, por tres razones:

•    El gasto de España en pensiones es todavía inferior al de otros países con sistemas parecidos. Incluso en el momento en que este porcentaje sería más elevado (15% PIB, sin el recorte derivado de las reformas), la experiencia de estos países muestra que es perfectamente asumible.
•    Esta capacidad para absorber un mayor gasto en pensiones se ve reforzada por el propio crecimiento del PIB previsto para los próximos años: los aumentos de la productividad permiten simultáneamente mejorar el nivel de vida de los activos y mantener unas pensiones adecuadas.
•    Hasta ahora, la reforma de las pensiones se ha enfocado siempre desde la perspectiva de los gastos: recortarlos lo necesario para que se ajusten a las cotizaciones. El procedimiento fijado en 2013 por el Partido Popular para revalorizar las pensiones exige en primer lugar eliminar el déficit, y después establece que las pensiones crezcan en función de los ingresos previstos. Y la pensión inicial se ajusta a la esperanza de vida, reduciéndola cuando ésta crece. Su efecto sería mantener constante el gasto sobre el PIB, a pesar de que el porcentaje de la población pensionista puede haberse duplicado en 2050. Esto da una idea de la magnitud del recorte.

Proponemos un planteamiento alternativo: establecer cuál es el nivel de pensiones al que tienen derecho las personas que se jubilan, y adoptar las medidas necesarias para asegurar los ingresos suficientes mediante un sistema tributario más progresivo.

Por supuesto, hay que empezar por recuperar las cotizaciones sociales, situando el empleo en el centro de nuestras prioridades: adoptar medidas para reducir rápidamente el desempleo actual, pero también para elevar la tasa de participación de las mujeres (todavía 10 puntos inferior a la de los hombres). Y hay que hacerlo sin crear empleos precarios, y por tanto cotizaciones insuficientes.

También se revisarán todas las medidas de reducción de las cotizaciones empresariales aplicadas en los últimos años, que no han servido para generar empleo pero sí para deteriorar gravemente el saldo de la Seguridad Social, y se eliminará el tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción. Los regímenes especiales de cotización se suprimirán progresivamente para las nuevas afiliaciones. Se eliminarán los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como en el caso de los planes de pensiones privados.

Asumimos el compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva.