El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado y en el Congreso presenta una Moción para la transferencia efectiva de competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas

La iniciativa será presentada por Maribel Mora, Senadora por Andalucía, y Eduardo Santos, Diputado por Navarra.

Hace ya 13 años que está en vigor la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, para completar así su plena integración en los diferentes servicios autonómicos de salud. Esta transferencia efectiva de competencias debería haberse completado antes del 30 de noviembre de 2004. Sin embargo, a día de hoy, tan solo en País Vasco y Cataluña se ha realizado esta transferencia de competencias. La realidad en el resto de territorios del Estado es bien distinta y se regula, a pesar de las leyes aprobadas, en base a una serie de convenios firmados entre las diferentes autonomías e Instituciones Penitenciarias cuya aplicación tan solo ha revelado numerosas deficiencias y que en la actualidad no están en vigor.

Las 61.073 personas que a fecha de julio de 2016 cumplían condena en las diferentes prisiones del Estado gozan de muy mala salud. Se estima, por ejemplo, que un 40% de la población reclusa padece trastornos mentales y no recibe un tratamiento integral acorde a sus necesidades. Enfermedades prácticamente erradicadas en la sociedad como la Tuberculosis tienen presencia en las prisiones y la Hepatitis presenta unas tasas de incidencia en torno al 25% en las diferentes prisiones y cárceles de nuestro país. De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el mundo occidental entre el 1,5 y el 3%, más del 10% de la población reclusa padece esta grave enfermedad.

Sin embargo, este importante conjunto de personas no recibe ni de lejos una atención sanitaria acorde a sus necesidades. La red sanitaria de atención primaria en las prisiones está completamente aislada del resto del sistema sanitario, de tal forma que las historias clínicas de los reclusos y reclusas no están incluidas en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud (a excepción de País Vasco, Navarra y Cataluña). Los profesionales sanitarios que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior y, tal y como los propios profesionales denuncian, su desempeño profesional se ve limitado por criterios de seguridad que priman sobre criterios sanitarios, contrariamente a lo que la legislación establece. El modelo vigente se traduce además en una endémica falta de personal sanitario, un deficiente acceso a tratamientos médicos, problemas para acceder a los medicamentos normalizados en el Sistema Nacional de Salud, y una sistemática pérdida de citas médicas (un estudio realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz cifraba en torno a un 20% el número de citas médicas que se pierden en la en la prisión de Jaén por el actual sistema en vigor).

La moción que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta en el Senado y en el Congreso única y exclusivamente exige que se cumpla la legislación vigente realizando la transferencia con su correspondiente traspaso presupuestario, aprobada hace ya más de 13 años y que en la práctica sigue sin aplicarse. Existe además un absoluto consenso entre los profesionales sanitarios penitenciarios y del SNS, entre los colectivos de Derechos Humanos e incluso entre las propias instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o Consejo General de la Abogacía Española sobre la necesidad de que se cumpla con urgencia la ley, ya que ello supondría una mejora en muchos casos y una solución en otros para esta asistencia sanitaria que, a día de hoy, no es justa ni equitativa. Además, aplicar la legislación vigente no solo no tendría ningún coste adicional para las arcas públicas, sino que pondría fin incluso al dispendio público que supone la falta de coordinación entre administraciones o el importante porcentaje de citas médicas que se pierden con el actual modelo.