La incursión del Ejército israelí en el campo de refugiados de Jenín el pasado 26 de enero fue una de las más sangrientas que se recuerdan, con 9 personas asesinadas y varias heridas. Si bien las fuerzas israelíes adujeron que esta operación se encontraba bajo el paraguas de una acción antiterrorista, como suele ser práctica habitual, no se protegió el derecho a la defensa de las personas acusadas, sino que se optó por lo que, según el derecho internacional, podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales. Es necesario recordar que en lo que va de año, las fuerzas israelíes han cometido 35 asesinatos de personas palestinas, uno de los comienzos de año más sangrientos que se recuerdan en Cisjordania, al mismo tiempo que la expansión de los asentamientos ilegales, al igual que la violencia por parte de colonos israelíes hacia palestinos y sus propiedades, no ha parado de crecer, alimentadas por las políticas de los distintos Gobiernos israelíes.

En este clima de tensión y violencia, los pasados días 27 y 28 de enero se produjeron dos ataques violentos por parte de personas palestinas en la zona de Jerusalén Este, que dejaron 7 muertos y varios heridos. La respuesta del Gobierno israelí frente a estos ataques ha sido adoptar un paquete de medidas que incluye la demolición de las casas de los familiares de las personas atacantes, el incremento de la presencia de fuerzas armadas en Cisjordania, la facilitación al acceso a armas por parte de los civiles israelíes y la revocación de los permisos de residencia y ciudadanía para aquellos palestinos acusados de «ataques violentos contra el Estado de Israel o sus ciudadanos». Cabe recordar que estas medidas extralimitan cualquier capacidad legítima de respuesta del Estado, ya que constituyen un ejercicio de castigo colectivo ante acciones individuales y, por tanto, una violación del derecho internacional. A su vez, la Autoridad Palestina ha anunciado el cese de colaboración en materia de seguridad con el Gobierno israelí.

Esta situación de escalada no se puede desligar del incremento de la presión de la ocupación y las prácticas de apartheid protagonizadas por el nuevo Gobierno ultraconservador israelí ni de la creciente complicidad de la comunidad internacional occidental hacia una situación cada vez más injusta y dolorosa. El silencio y la impunidad ante las constantes violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluyendo los Acuerdos de Oslo, tan solo han pavimentado un camino en el que la ocupación y la violencia hacia la población palestina avanza sin barreras, una situación que se ha denominado como una Nakba continua por la sociedad civil.

La población palestina ve ante sus ojos cómo todos sus esfuerzos para la rendición de cuentas en organismos internacionales no dan respuesta a sus urgentes necesidades, e incluso las organizaciones que los lideran son tildadas de terroristas; sus esfuerzos de resistencia pacífica, como el boicot a los productos y servicios israelíes, son definidos como «antisemitas»; y que las únicas salidas pacíficas que se dan a la situación no contemplan la legalidad del derecho internacional y son además una humillación, como lo fue el Plan de Paz presentado por la Administración Trump. Asimismo, sufren el doble rasero de potencias internacionales, con Estados Unidos a la cabeza, que excusan los asesinatos sistemáticos de la población palestina por parte de Israel como «legítima defensa», pero que tildan el uso de la violencia por parte de la población palestina como «terrorista», con el claro objetivo de deslegitimar su lucha por la supervivencia.

Todo ello culmina en un sentimiento de abandono, desesperanza y desconfianza en el que la violencia se hace la protagonista y las soluciones políticas se tornan cada vez más complejas. Estamos en un momento de frágil equilibrio en el que el extremismo está cada vez más presente en las instituciones israelíes y en el que las probabilidades de un estallido político y social, como ya fueron las anteriores Intifadas, son cada vez mayores.

Desde Podemos apelamos a la comunidad internacional, con España y la UE a la cabeza, a actuar urgentemente contra la impunidad sistemática con la que Israel actúa y a defender activamente los derechos de la población palestina. Es urgente una paralización de las acciones contrarias a derecho cometidas por las fuerzas e instituciones israelíes hacia la población palestina, el apoyo a los procesos de verdad y rendición de cuentas por parte de la sociedad civil palestina y el lanzamiento de las bases de un nuevo proceso de paz que, esta vez sí, ponga en el centro una solución justa y duradera, la protección de los derechos y no los intereses geoestratégicos y económicos internacionales.

En la cuestión palestina, además de las vidas y la dignidad de todo un pueblo, la UE se juega su credibilidad y sus valores, como es el compromiso con la defensa de los derechos humanos. Así, también está en juego la confianza en los organismos internacionales como herramientas de solución pacífica a los conflictos. Europa ha ido mucho tiempo en la dirección incorrecta, asumiendo que el apoyo a Israel podría resultar en un Mediterráneo más seguro y próspero, sin prestar atención a las graves consecuencias que ello tiene para la población palestina, pero también para la estabilidad regional. En un contexto internacional de enorme volatilidad, esta es una lucha que no podemos olvidar.


Martes, 31 de enero de 2023