Tras los datos de creación de empleo y paro registrado presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se esconde, una vez más, la precariedad generalizada de los nuevos puestos de trabajo: el número de nuevos contratos indefinidos sobre el total de contratos creados se queda en el 10 %, más de un 30 % de los indefinidos lo son a tiempo parcial, y, hoy en día, además, la duración de los contratos es notablemente inferior a la de hace una década.

Es decir, esta creación de puestos de trabajo no está solucionando uno de los principales problemas de la sociedad española: la baja calidad del empleo.

La creación de empleo estable sigue siendo la prioridad:

  • Según el dato de la Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2018, el paro registrado cae en 1.836 personas con respecto al mes de octubre de 2018, pero el número de afiliados no aumenta, sino que cae en todos los regímenes: 47.449 menos, de los cuales un 90,7 % son personas asalariadas por cuenta ajena.
  • De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2018, diez años después de iniciada la crisis económica y social hay 1,2 millones de empleos menos que en 2007: falta por recuperar más de un 30 % del empleo destruido.

 

La precariedad no se reduce, se agrava:

  • Por una parte, la duración media de los contratos sigue muy por debajo que hace diez años. En octubre de 2007, la duración media alcanzaba los 86,10 días; mientras que en octubre de 2018 se queda en 55,64.
  • Con anterioridad a la crisis, los contratos que tenían una duración inferior a los 7 días suponían el 14,8 % del total; sin embargo, en la actualidad ya superan el 26 %. La incertidumbre laboral se ha generalizado, a pesar de la creación de empleo.
  • Vemos también cómo estas cifras tienen su correlato en la brecha de género: los contratos indefinidos firmados por mujeres son solo el 5 % del total de contratos nuevos firmados, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje asciende hasta el 11 %.
  • Otra cara de la precariedad se refleja en el empleo a tiempo parcial —en particular en el involuntario—. Este ha pasado del 12 % del total en 2008 al 15 % en el tercer trimestre de 2018. Además: a) oculta en gran medida situaciones de subempleo (el 54 % se encuentra en esta situación porque no consigue un empleo a tiempo completo) y b) conlleva una fuerte segregación por razones de género (el 74,5 % de las personas con contrato a tiempo parcial son mujeres).
  • Además, el resto de indicadores de calidad del empleo no presentan una mejora:
    • Tenemos una elevada tasa de subempleo debido a la presencia de trabajadores y trabajadoras que involuntariamente tienen un contrato a tiempo parcial, cifra que asciende a casi 1 de cada 10 ocupados. Si se suma la tasa de subempleo más la de desempleo, se alcanza el 22,6 %, entre personas parcial y totalmente paradas.
    • Se mantienen las tasas elevadas en el paro de larga duración: de cada 3 parados, 1 lo es de larga duración (personas que buscan empleo desde hace más de dos años), cuando en 2007 eran poco más de 1 de cada 10. La persistencia de una tasa tan elevada puede provocar un fuerte efecto de desánimo y el abandono de la búsqueda de empleo por parte de las personas desempleadas, con la consiguiente caída de la población activa. Así se reduciría el desempleo, pero por la vía espuria de expulsar a más trabajadores y trabajadoras del mercado laboral.
    • Caída en la tasa de actividad: hoy en día hay 638.000 personas activas menos que en 2012, lo que ha supuesto una reducción en la tasa de actividad en nuestra economía, que ha pasado del 60,5 % al 58,7 %. Es especialmente preocupante que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) no haya venido acompañado de un incremento de la población activa. En gran medida, esta reducción de la actividad se debe al desánimo de muchas de las personas paradas y trabajadoras, que abandonan el mercado de trabajo, y a la emigración de muchas de ellas —especialmente los jóvenes— a otros países.

Por todo ello, es fundamental poner en el centro del debate político la creación de empleo de calidad y legislar para poner fin a la precariedad laboral.

Hay que incrementar ya el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes, para que entre en vigor en 2019. Además, es necesario adoptar medidas para impedir la contratación temporal injustificada, como planteamos en la Proposición de Ley de Estabilidad en el Empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

4 de diciembre de 2018
Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo