La aprobación por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de los objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para los ejercicios 2018-2020 sigue reflejando una grave distorsión en la forma de abordar los verdaderos objetivos a los que debe atender la política presupuestaria.
Para atender a los intereses de la mayoría social debemos discutir principalmente la reversión de los recortes de los servicios públicos fundamentales que se han llevado a cabo desde 2011 y cómo asegurar una base sólida de ingresos públicos para que los servicios del Estado de bienestar puedan financiarse de forma suficiente y estable. Es decir, asegurar un «suelo de ingresos» que garantice unos servicios públicos dignos.
Estos ingresos públicos representan en España 8 puntos menos del PIB que en la media de la zona euro. Aquí es donde radica el verdadero problema de nuestras finanzas públicas.
Para resolverlo, es imprescindible aplicar una verdadera reforma fiscal que garantice una financiación de las políticas públicas, suficiente y más progresiva. Seguir sin abordar este problema –o incluso anunciar de forma irresponsable futuras bajadas de los ingresos– es condenar a las ciudadanas y los ciudadanos a sufrir unos servicios públicos cada vez más deteriorados. Es necesario recordar que, en materia social, España mantiene un déficit en gasto público con respecto a la zona euro equivalente a 5 puntos del PIB, o que la inversión pública se ha reducido un 30% con los Gobiernos del Partido Popular.
Esta falta de medidas para asegurar unos ingresos suficientes genera consecuencias para las ciudadanas y los ciudadanos y se agrava por otras dos circunstancias. En primer lugar, por la insistencia del Gobierno en ahondar en una senda de reducción del déficit público completamente innecesaria y contraproducente. Persistir en esta drástica reducción del déficit, por encima de cualquier otro objetivo, es invertir el orden lógico de las prioridades de las políticas públicas. En segundo lugar, como muestra el siguiente gráfico, se sigue haciendo recaer el principal esfuerzo de ajuste presupuestario en las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que, sin embargo, son las administraciones que deben asegurar la prestación de servicios públicos fundamentales tales como la educación y la sanidad.
En este sentido, es necesario insistir también en que un objetivo fundamental de la reforma del sistema de financiación autonómico que se está discutiendo en estos momentos tiene que ser necesariamente la garantía de una financiación suficiente con la que atender estos servicios públicos.
Secretaría de Economía, Energía y Modelo Productivo
Viernes, 30 de junio de 2017