No podemos permitir que los más desprotegidos tengan que esperar más de nueve meses para recibir la ayuda social que les ha sido reconocida como derecho, mientras que la Administración Pública se da prisa en pagar las dietas de los altos cargos

La Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana propuesta por Podemos en las autonomías acorta los plazos de tramitación y reorganiza recursos humanos de los servicios sociales para paliar los efectos de la austeridad y atender las necesidades básicas de personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección.

Los primeros en integrar esta norma en el ordenamiento jurídico han sido nuestros compañeros de Castilla-La Mancha, pero en el tiempo que llevamos en los parlamentos de las comunidades autónomas también la hemos presentado en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Guipúzcoa, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. La Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana también ha sido aprobada en las Cortes Valencianas y en la Región de Murcia, mientras que está en tramitación en Asturias y Aragón.

Por desgracia, no en todas las comunidades hemos contado con una buena predisposición de los otros partidos políticos para crear estas medidas que mejorarían la vida de tantas personas que lo necesitan con urgencia. En Andalucía, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y las Juntas Generales de Vizcaya, la iniciativa ha sido tumbada por el PP, el PSOE, C’s o el PNV, usando incluso el veto en el caso del PSOE de Extremadura.

Concretamente, estas leyes tienen cuatro grandes objetivos comunes, aunque cada territorio la adapta a su circunstancia. El primero de ellos es la citada agilización de la gestión de las prestaciones, con la cual se pretende reducir a la mitad el tiempo de espera entre el reconocimiento del derecho y el disfrute de los servicios. Para llegar a este punto, la ley contempla como segundo pilar dotar a los equipos encargados de tramitar las prestaciones con los recursos humanos necesarios para evitar colapsos. En tercer lugar, la norma pretende que se considere prioritario el pago de todos estos servicios y dotaciones por delante de dietas, gastos suntuosos, publicidad institucional, etcétera. Todas estas medidas tienen como objetivo final atender a todas las personas, familias y colectivos que en la actualidad se encuentran en riesgo de exclusión social.