Han pasado ya casi 2 años desde que la gente corriente llegara al gobierno de las principales ciudades del país. Personas conocidas por su compromiso social como Ada o Manuela llegaron encabezando proyectos municipales de cambio honestos e inclusivos. Estos proyectos venían con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas, de esa España real que llevaba ya demasiado tiempo cargando con todo el peso de una crisis injusta y de una austeridad de peores consecuencias.

Estos gobiernos valientes han tenido en su corta vida un intenso recorrido con casi todo en contra. En primer lugar, la combinación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, y como consecuencia, la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la conocida como Ley Montoro, les han arrebatado una importante capacidad de actuación a los ayuntamientos. Juntos diseñan una estructura competencial en la que el Gobierno central tiene un extremado poder discrecional sobre las reglas de gasto, atando de pies y manos especialmente a los ayuntamientos. Esta Ley Montoro hiere de muerte a la autonomía local, principio básico para que los ayuntamientos sean útiles y puedan atender las necesidades de la gente.
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A este secuestro de facto de la autonomía local, hay que sumar el intenso período de elecciones del pasado año. Mientras la campaña del miedo de los partidos viejos puso en la agenda polémicas diversas hasta aburrir, poco se podía hablar de los avances reales que se estaban produciendo.

Pero los datos hablan por sí mismos, y frente a cualquier cortina de humo, demuestran que otra forma de gobernar es posible. Que cuando se ponen los intereses de la gente por delante, se puede gestionar mejor y de manera más eficiente. Nunca gracias a, sino a pesar, de un Gobierno central que se ha encargado de limitar sus competencias y asfixiarlos con sus objetivos financieros, los ayuntamientos del cambio han sido ejemplo de responsabilidad mostrándonos que una sociedad más justa se construye desde la base de que nadie puede quedarse atrás.

Estos ayuntamientos son ejemplo de que el proyecto de cambio para este país ya está en marcha. Llegamos a la política rechazando unos recortes injustos y un sistema político que había dado la espalda a su gente, pero en estos años de gestión en Madrid, Barcelona o Valencia podemos ver que existe un horizonte más allá de la denuncia. La garantía de que las fuerzas del cambio son ya gobiernos municipales de referencia, hará posible que Podemos sea quien lleve ese cambio al gobierno país. Necesitamos una organización que esté a la altura y respalde su tarea.

Se están construyendo ciudades en las que el cambio de paradigma va de la mano de una gestión capaz de aumentar el gasto social y reducir la deuda. El Ayuntamiento de Madrid, que venía de aumentar el gasto social un 20% en 2016, este año destina un 21,8% más (798 millones de euros) a esta partida y, a la vez, ha conseguido reducir la deuda un 32% en menos de 2 años. Cuando se gobierna a favor de todos y todas y no de una minoría, se impone el sentido común y pagan sus impuestos quienes antes no lo hacían: en 2016 se recaudaron 215 millones adicionales gracias a iniciativas como la regularización catastral de inmuebles que antes no pagaban el IBI o la creación de nuevas tasas (como la de cajeros).

En Barcelona, Ada Colau y su equipo llevan demostrando desde primera hora –la primera medida del gobierno municipal fue destinar 96 millones a políticas de emergencia social, como la mejora del acceso a la vivienda o la protección a la infancia– que cuando las instituciones se ponen al servicio de la gente y no se piensan como propiedad privada de los que gobiernan, salimos ganando todas y todos. En la lucha contra los desahucios han conseguido no solo duplicar el número de lanzamientos parados, sino que han conseguido más de 500 pisos vacíos de bancos, cuando el anterior gobierno alcanzó 20 en cuatro años.

Pero Madrid y Barcelona no están solas. Cádiz ha conseguido impulsar el uso de la electricidad 100% renovable en la ciudad mientras que reducen la deuda –en un 45% la deuda con proveedores municipales– y aumentan también el gasto social. En Valencia, mientras se incrementa un 47% la partida de bienestar social, se rebaja la deuda 709 millones y el pago a proveedores se reduce de 60 a 14 días.

El ejemplo de estos ayuntamientos de la gente ha sido y es transformador. Con ellos podemos ver cómo anteponiendo los objetivos –las necesidades de la gente– a etiquetas somos capaces de generar una mayoría popular, transversal y democrática que luego gobierna ciudades y ofrece un nuevo horizonte que defiende con alegría el bien común.

Todo esto marca claramente una tarea pendiente para Podemos en esta nueva fase. El nuevo ciclo que ha abierto el débil gobierno de Rajoy, apoyado en un acuerdo con el PSOE que acaba con el bipartidismo, nos ofrece el escenario perfecto para ir dando respuestas a las “polémicas” con hechos y avances, ofreciendo garantías que hagan que ganemos la confianza de la gente. Solo así lograremos que empiecen a imaginarnos gobernando este país. No es cuestión menor saber que en Barcelona, tras un año de Ada Colau como alcaldesa, la gestión del Ayuntamiento tuvo la nota más alta de los últimos 12 años, o que en Madrid, la valoración de Manuela Carmena sea más alta que la de Esperanza Aguirre (PP). Cuando se gobierna en favor de la gente se restablece la confianza y la capacidad de construir juntas y juntos.

Por tanto, Podemos tiene que defender este trabajo municipalista y estar del lado de estos ayuntamientos del cambio y también de las y los miles de ediles que forman parte de Podemos. Todos ellos y ellas están repartidas por el país poniendo lo mejor de sí para mejorar las vidas de sus vecinos y vecinas. Para esto, Podemos tendrá que estar en primera línea de la denuncia de esta odiosa Ley Montoro, buscando su derogación y la apertura del debate sobre una nueva y moderna normativa local que garantice entre otras cuestiones una financiación suficiente –con participación real en tributos estatales o autonómicos–, un suelo competencial y no un techo que limite su actuación, y con la que poner fin a la perversa limitación de la tasa de reposición de efectivos para poder atender de forma efectiva las necesidades de los vecinos y vecinas, desarrollando servicios públicos de calidad con medios propios.

Solo con una apuesta clara por el municipalismo, contribuyendo a resolver dificultades y siendo altavoz del esfuerzo y de los éxitos que se conquistan en este ámbito, Podemos será capaz de avanzar y traer al Gobierno ese país que ya se construye en los municipios del cambio.

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Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid

Auxiliadora Honorato, diputada por Sevilla y responsable estatal de Acción Institucional.