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Agua


Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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Se revisará la Estrategia de Biodiversidad y se la dotará de un presupuesto suficiente que ataje aquellas actividades humanas que perjudiquen a las especies y los ecosistemas europeos con el fin de frenar el proceso de extinción de especies para pasar a fomentar la recuperación neta de biodiversidad endémica y la restauración de los ecosistemas mediante planes de corrección y compensación específicos a escala europea.

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Promoveremos planes de restauración de ecosistemas y planes de recuperación de especies amenazadas para recuperar la biodiversidad en peligro y los servicios ecosistémicos degradados o destruidos, de forma coherente en todo el espacio europeo, más allá de la Red Natura 2000 y con una financiación superior a los actuales programas LIFE. Al mismo tiempo, se impulsarán estudios científicos sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas europeos, de cara a diseñar planes de adaptación especiales.

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Se garantizará la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España y la UE. Esto implicará la revisión de la llamada Directiva Bolkestein, que permite la liberalización y privatización de los servicios en el mercado interno, frente a la que se impulsará una gestión pública del agua por parte de las diferentes Administraciones. Se trata de un bien clave para la garantía de los derechos humanos que no puede estar sujeto solo a las reglas del mercado.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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En este contexto, es imprescindible establecer tales estrategias en materia de planificación y gestión de aguas, así como en el resto de las políticas sectoriales, conforme al principio de precaución, lo que implica contemplar el caso más desfavorable para asegurar estrategias prudentes. Junto con las anteriores medidas y una aplicación rigurosa de la Directiva de Gestión del Riesgo de Inundaciones no solo se pretende mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como sequías e inundaciones, sino también construir un sector agropecuario puntero en el mundo.

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España necesita disponer de caudales suplementarios para atender los picos de demanda de la agricultura mediterránea y otros sectores. Por ello, es fundamental aprobar una Directiva sobre Recirculación y Reutilización de Aguas Depuradas que facilite este recurso.

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La UE seguirá cofinanciando con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión las instalaciones de saneamiento para núcleos rurales y territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país y en comunidades costeras como Galicia, Asturias y Cantabria.

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