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Migraciones


En el caso de los llamados «menores extranjeros no acompañados» (MENA), su condición de niños, niñas y adolescentes prevalecerá siempre sobre su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de su voluntad, tanto entre países de la UE como en terceros países. Asimismo, impulsaremos la armonización de los procedimientos en los países miembros de la UE a fin de garantizar la autorización de residencia y trabajo a la mayoría de edad de estas personas.

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Se reformará con urgencia el Sistema Europeo Común de Asilo y se creará un Sistema Común de Migraciones. Ambos serán efectivos y estarán basados en los derechos humanos y los valores fundamentales de la UE. Urge, asimismo, modificar el Reglamento de Dublín: derogar el principio de primer país de entrada y establecer que el análisis de la solicitud de asilo sea responsabilidad del Estado de preferencia de la persona solicitante. También se incrementarán de manera drástica las plazas de reasentamiento y se prestará especial atención a las solicitudes de asilo presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera), sin que medien prejuicios o estereotipos.

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La UE dedicará medidas y recursos a erradicar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras. Impulsará la creación de un fondo para la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio de Estambul en Migración y Asilo, con un enfoque interseccional de derechos y de género.

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Se establecerán vías legales y seguras de acceso a Europa a través de un programa efectivo de reasentamientos, abrirá la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de los Estados europeos en terceros países; hará posible, también, la concesión de visados humanitarios, y facilitará la reagrupación familiar tanto ad intra como ad extra.

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La UE evaluará el trabajo realizado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y reformulará sus funciones a fin de priorizar las de búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar. Complementariamente, se promoverá la creación de servicios de salvamento estatales en los países miembros, exportando así el modelo del Servicio de Salvamento Marítimo español. En tanto se implementa este modelo público civil de salvaguarda de la vida en el mar, se garantizará el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y cesará la criminalización de su actividad.

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Se exigirá, en las fronteras de la UE, la retirada de elementos lesivos que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas migrantes, y se prohibirán expresamente tanto en las fronteras terrestres como marítimas, en plataformas de desembarco o similares. También se prohibirá cualquier tipo de «devolución en caliente» o exprés ilegal, ya sea por ser colectivas (sin expediente individualizado), por el incumplimiento del principio de no devolución o por no haber tenido lugar una atención e identificación adecuadas de los posibles perfiles de vulnerabilidad de cada persona.

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Se impulsará el cierre de todos los centros de internamiento y detención para personas migrantes o refugiadas en territorio europeo. Se velará, asimismo, por que los campos de refugiados reúnan las condiciones mínimas para que en ellos se pueda tener una vida digna y se respeten los derechos humanos.

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Se instará al Consejo, a la Comisión y a los Estados a que se abstengan de concluir acuerdos sobre migración con terceros países que no respeten los derechos humanos, así como a que suspendan los ya existentes por no ser conformes a las propias normas europeas.

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La UE hará que los Estados implementen y supervisen el cumplimiento de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, poniendo especial atención a que se las considere sujetos de derecho, se garanticen vías migratorias legales y seguras, así como a la identificación, protección y reparación de todas las mujeres y niñas víctimas de trata. También se incidirá en la prohibición de deportación o encierro de víctimas en los CIE y en que estas queden exentas de responsabilidad penal en caso de encontrarse en situación administrativa irregular. Las medidas para combatir la trata deben diseñarse y aplicarse conforme a los principios enunciados e incluir sanciones para los Estados que las incumplan.

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La UE reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La UE impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Conforme al principio de vinculación de los derechos al lugar de residencia, y no a la nacionalidad, esta tarjeta de residencia europea eliminará las trabas burocráticas con las que se encuentran las personas migrantes residentes en el territorio europeo y permitirá un cambio del estatus migratorio más ágil.

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Lo ocurrido en el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, en 2014, marcó un antes y un después en la política migratoria europea y, por ello, es necesario poner el foco en la justicia y en la reparación para las víctimas y sus familias como símbolo de las miles de víctimas en el tránsito hacia Europa. Por lo tanto, se establecerá esta fecha para avanzar en la reparación de daños a las miles de víctimas de los procesos migratorios en el tránsito hacia Europa y cumplir en 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo.

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La UE implementará un programa de apoyo a los Estados para que sus políticas activas de empleo y sus ofertas de empleo público tengan en cuenta las circunstancias y experiencia laboral de las personas que viven fuera, para que desde el momento del retorno puedan acceder a prestaciones, como nuestra propuesta de garantía de ingresos, y para que exista un servicio de información y orientación al retorno en las secciones y oficinas consulares.

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La UE velará por que los Estados no puedan imponer restricciones ni obstáculos desproporcionados al ejercicio de los derechos políticos de sus nacionales, tales como los impedimentos al voto que impone España con el sistema de voto rogado.

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La UE establecerá medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una cobertura sanitaria adecuada, al margen de donde vivan, su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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