Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Se reforzará la voz y la influencia de los municipios y de las comunidades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones y se promoverá que estas últimas asistan a las reuniones del Consejo de Ministros de la UE para intervenir en los asuntos de su competencia.

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Para ello, y de manera complementaria, se avanzará en (1) el reconocimiento en la normativa comunitaria de las agrupaciones de entidades locales como unidad territorial sobre la que planificar la distribución y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión, ya que, dentro de una misma provincia, existen diferencias demográficas que, si se obvian, harán imposible enfrentar la despoblación, y (2) desarrollar el concepto de ultraperiferia demográfica interior para reconocer la situación de aislamiento y alejamiento social y económico de las áreas escasamente y muy escasamente pobladas de Europa, con el objetivo de articular un tratamiento fiscal y de políticas públicas diferenciado.

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Se impulsará un plan de choque europeo para darle la vuelta a la discriminación territorial y acelerar la equiparación de derechos y servicios en todo el territorio de la UE. En virtud de este plan, se descentralizarán las inversiones productivas y se garantizará que cualquier programa e inversión europeos que deban implementarse en distintas fases priorizarán los territorios despoblados, aislados y peor tratados por las anteriores políticas de inversión.

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Para ello, es necesario poder complementar y utilizar todos los fondos disponibles de manera coordinada, de forma que el desarrollo rural no dependa solo de los fondos de la PAC, sino que reciba otros fondos para inversiones, formación y empleo. Aparte de asegurar una mayor dotación presupuestaria, se podrán transferir hasta el 50 % de los fondos de la PAC a este pilar de desarrollo rural. De ahí la importancia de crear un Marco Financiero Multifondo para el Desarrollo Rural con una dotación suficiente que integre los fondos FEGA, Feader, FEDER y FSE para garantizar mayor impacto en los territorios rurales. Por último, se impulsarán las estrategias y medidas de desarrollo local participativo impulsadas al amparo de la metodología LEADER, pero garantizando una vuelta a los principios originarios de la iniciativa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Se promoverá el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Se intensificarán los planes de infraestructura ferroviaria potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.

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Se impulsará de manera inmediata una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. Se impulsarán los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red y las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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Creación de espacios de coordinación de áreas metropolitanas y regiones para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión pública, la asignación de recursos suficientes y el aumento de su influencia en las políticas globales que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

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Se facilitará que la voz de los barrios y municipios se escuche directamente en Europa a través del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y de otras instituciones. Asimismo, se velará por el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local.

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Se fomentará la capacidad de iniciativa de los poderes locales, en especial de las agrupaciones supramunicipales en asociación con otras organizaciones de base territorial y social ―como ONG, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de carácter económico…―, para promover experiencias de cooperación interregional en políticas de desarrollo que aseguren la participación de la ciudadanía.

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