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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Agricultura, ganadería, pesca y alimentación


La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero. Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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España está viviendo una pérdida irreparable en la calidad de sus suelos que nos hace todavía más vulnerables a otros fenómenos extremos, como sequías y crecidas, y que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas comunidades. Es urgente implementar un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal, por ejemplo, con la recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema.

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Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

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Es importante reconocer la alimentación como un derecho fundamental y mejorar la situación de productores y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera eficaz, los productos de temporada y proximidad.

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Es necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera Común que la haga realmente transparente y participada por todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada, basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará también el esfuerzo investigador para tener información clara sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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En los últimos años, los poderes económicos han tratado de imponer tratados comerciales, como el TTIP o el CETA, que, negociados en secreto, pretenden otorgar ventajas económicas a las grandes corporaciones hasta alcanzar un poder superior al de cualquier gobierno. Estos tratados son una amenaza para la viabilidad de pymes y autónomos y ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria. El próximo gobierno impedirá que España firme cualquier tipo de tratado comercial bajo estas condiciones y garantizará que cualquier acuerdo comercial no perjudique a la sostenibilidad de nuestros productores, por ejemplo, aceptando estándares de seguridad alimentaria inferiores o condiciones de competencia desfavorables.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte, apoyaremos las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.

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Necesitamos abrir un proceso de diálogo con las organizaciones agrarias para reformar la actual Ley 12/2014, que regula la representación de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo es alcanzar una adecuada representatividad y una interlocución eficaz entre el sector agropecuario y la Administración. Este proceso debe ser democrático y representar la diversidad de los distintos tipos de agricultura y ganadería que se dan en nuestro sector primario.

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La guerra comercial puede perjudicar todavía más a la gente más precaria del campo. Como ya propusimos este mismo año con una nueva ley en el Congreso, estableceremos una única prestación (subsidio especial agrario) para trabajadores y trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura, eliminando el requisito de jornadas trabajadas (peonadas) y subiendo su cuantía al 75 % del SMI. Este suelo de ingresos aumentaría con cada tramo de 10 nuevas peonadas, para lo que computarían las realizadas en el extranjero. Al garantizar el subsidio, estamos quitando un mecanismo de poder a los terratenientes y caciques locales con el fin de aumentar la libertad de la gente que trabaja en el campo para exigir sus derechos y que se cumpla la ley.

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Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

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Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

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Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos, de modo que es necesario garantizar una acción pública y un marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la participación de las asociaciones de afectados y afectadas en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos, productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances médicos y científicos.

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Impulsaremos, al mismo tiempo, una reforma de la directiva del IVA para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo, que dejaría el IVA de estos productos en el 25 %. También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21 % actual al 10 % y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10 % actual al 4 %.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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