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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Autónomos/as, pymes y economía social


Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».

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Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

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Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo.

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Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.

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Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.

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Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.

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Se impulsarán planes plurianuales que, en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15 % y el 20 % del precio de adquisición, así como una reforma de la fiscalidad que favorezca la introducción de los modelos más adecuados (por ejemplo, aquellos con un peso y un consumo reducidos de materiales asociados a la fabricación) y que tenga en cuenta factores como la renta del comprador, al tiempo que se garantice que esta progresiva sustitución de los combustibles fósiles no va a correr a cargo de las personas usuarias. Además, la Administración Pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos.

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Ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi. Por eso, el Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta). Además, se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30, establecida en el Real Decreto Ley 13/2018. Las Administraciones Públicas desarrollarán también una aplicación pública para que integre toda la información sobre movilidad disponible y los mecanismos de reserva y de pago de los servicios de movilidad de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, incluyendo todos los medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, autobuses, tranvías, taxi, bicicletas, patinetes, motocicletas eléctricas, etcétera. De esta manera, las Administraciones aprovecharán los datos generados para la planificación de la movilidad sostenible en las ciudades, así como la digitalización, en favor del bien común y del horizonte verde.

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Se implementará un conjunto de medidas para proteger a las y los pequeños y medianos transportistas frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución y de los grandes puertos. Con esta regulación se impedirá la emisión de pagarés a más de 30 días, se garantizará un precio mínimo por kilómetro basado en los precios medios, se reconocerán adecuadamente los periodos de carga y descarga, se permitirá una jubilación anticipada sin penalización en razón de la especial dureza de este empleo y se prohibirán las prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.

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Hay que eliminar sus privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

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Es importante reconocer la alimentación como un derecho fundamental y mejorar la situación de productores y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera eficaz, los productos de temporada y proximidad.

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Nuestro país necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Cabe señalar que España se encuentra estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para 2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación.

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Impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60 000 millones de euros en el rescate bancario. A través del rescate bancario —debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades—, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

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Liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

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Habrá tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Uno de los objetivos de de nuestra política económica debe ser que la introducción nuevas tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial, no suponga una reducción de la cantidad de empleos ni de los derechos laborales, sino una mejora de la competitividad cuyos efectos positivos se distribuyan en beneficio de las personas trabajadoras. Para ello, resulta vital que el sector público participe en la orientación de la revolución tecnológica, democratizándola, y que impida las deslocalizaciones, los cierres, las concentraciones excesivas o la destrucción de empleo que afectan a pymes, trabajadores y trabajadoras.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Para ello, es necesario conquistar el control sobre estos y poder aprovecharlos como un bien común, e impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados, más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro.

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Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la Administración en un mundo digital.

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La desigualdad de fuerzas entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía. En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.

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A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse y la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado.

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La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen
la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras
figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo.

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En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

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Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte, apoyaremos las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.

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Se conocen cada vez más casos, como los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

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En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

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Las grandes empresas del IBEX y cotizadas cobran inmediatamente, pero pagan a 90 días, e incluso más a veces, de manera que se financian gracias a unos trabajadores y trabajadoras autónomos y pymes a quienes trasladan todos los riesgos. Muchas de estas pymes y autónomos son, además, reticentes a reclamar, porque temen las represalias de esos grandes clientes de los que dependen. Por lo tanto, la prohibición se debe acompañar de un sistema automatizado de sanciones y reparaciones para hacerse efectiva sin que sea necesaria la reclamación específica. Asimismo, el sector público dará ejemplo de puntualidad, para lo que impulsaremos una ley que lo obligue a pagar a 30 días como máximo a pymes y autónomos en todas las Administraciones.

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Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

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Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del 15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo, rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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