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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Banca, sistema financiero y deuda


Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas.

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Impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60 000 millones de euros en el rescate bancario. A través del rescate bancario —debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades—, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

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Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse y la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado.

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No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Además, resulta inadmisible que se use una institución como el ICO, que debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo, con el objetivo de financiar las campañas de algunos partidos.

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Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país.

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En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

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La deuda pública ha superado por primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementaremos la reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

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Sin justicia económica no habrá ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

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Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo, elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda.

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España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En cualquier caso, en el procedimiento de ejecución para deudoras y deudores hipotecarios, será posible realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. Asimismo, en los créditos hipotecarios de vivienda, la responsabilidad de la persona deudora se limitará al máximo del valor de la vivienda. Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Adoptaremos medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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A PSOE y PP no les costó ni cinco minutos reformar la Constitución en 2011 para poner por delante los intereses de los bancos a los de nuestra ciudadanía. Hay que establecer con toda claridad en la norma constitucional que la prioridad de los presupuestos públicos es siempre el bienestar de la ciudadanía.

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Estableceremos un tipo efectivo mínimo, más eficaz y justo, del 15 % sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20 % para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Al mismo tiempo, rebajaremos el tipo para las pequeñas empresas (aquellas que facturen menos de un millón de euros) del 25 % al 23 %.

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Hay una gran diferencia entre un pequeño ahorrador que invierte una parte de sus ahorros en acciones y las operaciones de compraventa de activos financieros varias veces en el mismo día e incluso durante la misma hora o minuto. Este impuesto afectaría al segundo tipo de operaciones financieras especulativas.

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Del mismo modo que el rescate fue una operación específica destinada al sector bancario y no se extendió a trabajadoras y trabajadores autónomos, familias, pymes ni otros sectores económicos, tiene todo el sentido establecer un impuesto específico para recuperar, también a través de otras reformas, los 60 000 millones del rescate bancario.

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Las personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal como indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo. La Agencia Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo.

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Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos al menos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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