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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Ciencia, I+D+i y universidad


Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.

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Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.

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Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.

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El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. Con esta estrategia y la aprobación de una ley de economía circular conseguiremos el objetivo de «residuos cero» mediante la prohibición de los plásticos de un solo uso y el establecimiento de objetivos ambiciosos de reutilización y reciclaje introduciendo sistemas de devolución y retorno. Con ello ganaremos también soberanía productiva al sustituir elementos importados por propios durante todo el ciclo de producción.

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Es necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera Común que la haga realmente transparente y participada por todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada, basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará también el esfuerzo investigador para tener información clara sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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Liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

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Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz.

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Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal.

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Se desarrollará un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

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Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello es urgente recuperar el personal científico que los gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público.

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Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

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Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Junto con el aumento de la financiación pública, esto tendrá un efecto de arrastre sobre la inversión privada en I+D+i, que es una de las mayores debilidades de nuestro sistema. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

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Habrá tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Uno de los objetivos de de nuestra política económica debe ser que la introducción nuevas tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial, no suponga una reducción de la cantidad de empleos ni de los derechos laborales, sino una mejora de la competitividad cuyos efectos positivos se distribuyan en beneficio de las personas trabajadoras. Para ello, resulta vital que el sector público participe en la orientación de la revolución tecnológica, democratizándola, y que impida las deslocalizaciones, los cierres, las concentraciones excesivas o la destrucción de empleo que afectan a pymes, trabajadores y trabajadoras.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia. La necesidad de una mayor presencia del sector público, para una orientación democrática de la investigación y la participación directa en estas tecnologías, se corresponde con el objetivo de que la nueva relevancia de la inteligencia artificial redunde en beneficio de todas las personas y no suponga un deterioro para nuestros derechos civiles o nuestros empleos.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Sin embargo, el alto precio de las telecomunicaciones lastra los presupuestos familiares y la viabilidad de pymes y autónomos. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red.es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red.es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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Incorporaremos de manera continuada y coordinada el conocimiento científico a la acción de gobierno y a las instituciones legislativas, a través de una red de asesoría científica, conforme a los criterios de los organismos internacionales en la materia.

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Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

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La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

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El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido estudiar en algo imposible para muchas familias, y quienes han accedido con recursos escasos han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará las becas concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, se establecerá un calendario para que se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se ingresen durante el primer trimestre.

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Impulsaremos una nueva Ley de Universidades que, desde la participación de la comunidad universitaria y las comunidades autónomas, garantice que la universidad, después de una larga década de recortes, alcanza por fin la financiación suficiente para ser un servicio público clave en la formación superior, la promoción de valores y de igualdad en todas las etapas de la vida, funciona con criterios de buen gobierno dentro de los más altos estándares europeos y garantiza la efectividad de los derechos del personal docente, investigador y de administración y servicios.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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