participa.podemos.info

Programa de Podemos
para un nuevo país


Democracia y participación


Nuestro país necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Cabe señalar que España se encuentra estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para 2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación.

Comparte esta medida

El sector naviero, el sector metalúrgico y muchos otros han sido deliberadamente desmantelados en España siguiendo la máxima de aquel ministro socialista que dijo que «la mejor política industrial es no tener política industrial». Esto no solamente significa la pérdida de miles de empleos de calidad, sino también un suicidio económico como país. No permitiremos que esta deriva continúe y apostaremos por la implicación del Estado en una política industrial de futuro en colaboración con los sectores afectados y con dotación presupuestaria suficiente.

Comparte esta medida

Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas. Los fondos buitre pretenden hacerse con los puertos españoles y con los astilleros, imponer la precariedad laboral en estado puro y recortar los sueldos para aumentar los beneficios. Frente a esto, impulsaremos planes de reindustrialización de los puertos del Estado y de los astilleros privados que se encuentren en situación de quiebra o de grave crisis financiera, mediante la intervención directa de las Administraciones correspondientes para impedir el fin de la actividad y asegurar el mantenimiento del empleo. El hecho de que el Estado pueda intervenir, adquiriendo acciones de los astilleros en liquidación o de la unidad productiva, es clave de cara a establecer un plan de viabilidad para estas empresas a medio y largo plazo.

Comparte esta medida

En el rescate bancario, del que los bancos nos deben 60 000 millones de euros y debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

Comparte esta medida

La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Junto con el aumento de la financiación pública, esto tendrá un efecto de arrastre sobre la inversión privada en I+D+i, que es una de las mayores debilidades de nuestro sistema. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

Comparte esta medida

La desigualdad de fuerzas entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía. En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.

Comparte esta medida

No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos.

Comparte esta medida

En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

Comparte esta medida

La deuda pública ha superado por primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementaremos la reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

Comparte esta medida

Sin justicia económica no habrá ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

Comparte esta medida

Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

Comparte esta medida

España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

Comparte esta medida

Como se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro. Por eso, consideraremos a las empresas que cotizan en bolsa como empresas en las que existe conflicto de intereses, ampliaremos a cinco años la duración de la incompatibilidad para poder pasar al sector privado y tipificaremos como delito los casos graves de puertas giratorias.

Comparte esta medida

Cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para la democracia española, resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos.

Comparte esta medida

Impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.

Comparte esta medida

Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos. Asimismo, rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado, y revisaremos los complementos económicos (gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera). Estableceremos mecanismos de control de las dietas y los desplazamientos y eliminaremos las indemnizaciones por cese, las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, de modo que sus derechos sean como los del resto de las personas trabajadoras.

Comparte esta medida

Sustituiremos la fórmula de reparto de escaños D’Hondt por la de Sainte-Laguë, más proporcional. Con este cambio en la ley electoral, atenuaremos la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños que obtiene cada partido y, con ello, las desigualdades en el valor del voto y la representación.

Comparte esta medida

Superaremos la regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %) al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser representantes políticas sean mujeres.

Comparte esta medida

Sustituiremos el sistema mayoritario actual —que hace que, por ejemplo, el PP tenga un 62 % de los senadores y las senadoras de elección directa con poco más del 30 % de votos— por un sistema más justo, similar al del Congreso.

Comparte esta medida

Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

Comparte esta medida

Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

Comparte esta medida

Como las campañas deben servir para que la ciudadanía pueda conocer los diferentes proyectos políticos en liza, estableceremos la garantía de al menos dos debates entre los o las candidatas a la presidencia del Gobierno, de los que al menos uno se celebrará en la televisión pública. También estableceremos un envío único de papeletas que permitirá ahorrar millones de dinero público.

Comparte esta medida

Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.

Comparte esta medida

Esta reforma también permitiría abrir nuevos espacios participativos, como la deliberación ciudadana en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas, los presupuestos participativos del Estado, la participación en los procesos legislativos en las Cortes Generales o una mayor presencia de consultas populares, y sentaría las bases para que la participación avance en los demás ámbitos territoriales. Además, cuando el 15 % del censo electoral entienda que el Gobierno le ha dado la espalda, podrá iniciar un proceso revocatorio que terminará con un referéndum en que se decida de manera vinculante si quien ocupa la presidencia del Gobierno debe dimitir y convocar nuevas elecciones generales. Suprimiremos, además, la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales, en el ámbito de sus competencias.

Comparte esta medida

Aparte de las listas electorales, incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir los órganos ejecutivos de los partidos.

Comparte esta medida

Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme a la deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo y se impulsará una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales. También se aumentará la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas.

Comparte esta medida

Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

Comparte esta medida

En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión.

Comparte esta medida

En las últimas décadas hemos construido en España aeropuertos sin aviones, autopistas sin conductores, paradas de AVE en pueblos de menos de mil habitantes… En definitiva, se ha despilfarrado mucho dinero mientras otras zonas del país, como Extremadura, Soria o Teruel, se han dejado abandonadas. No puede ser que se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar la fase de evaluación a todas las políticas públicas, al servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las normas jurídicas.

Comparte esta medida

Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española.

Comparte esta medida

Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial.

Comparte esta medida

Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera. Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.

Comparte esta medida

Para ello, estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa. Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, simplemente al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los trabajadores y las trabajadoras.

Comparte esta medida

Hace 5 años se aprobó la Ley 12/2014, que regula la representación de agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas por parte de las organizaciones profesionales agrarias, pero, en este tiempo, aún no se han convocado las elecciones que allí se preveían a escala estatal ni en algunas comunidades autónomas. En tanto que no se convoquen, son el Ministerio y las consejerías autonómicas correspondientes los que eligen las organizaciones representativas con las que negocian. Esta dilación retrasa también los cambios que estos sectores productivos necesitan y que los productores y las productoras están demandando con urgencia. Por eso, debe superarse la situación actual y deben convocarse esas elecciones a escala estatal. Hasta ese momento, también es necesario que la interlocución se mantenga ya con las organizaciones que hayan obtenido un respaldo significativo de los agricultores y agricultoras y de los ganaderos y ganaderas en las elecciones autonómicas que sí se han celebrado.

Comparte esta medida

(artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria), para que la prioridad de los presupuestos públicos sea siempre el bienestar de la ciudadanía.

Comparte esta medida