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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Deporte


En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

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La proliferación de estos negocios depredadores está atacando nuestras comunidades, en particular, a las personas más jóvenes que no tienen alternativas de ocio asequible en los barrios. Hay que acabar con esta lacra y por eso nos fijamos el ambicioso objetivo de que el 90 % de estos establecimientos hayan cerrado en un periodo de dos años. Para ello, se impedirá que estos locales abran antes de las 22.00 horas y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades culturales y de ocio, y se genere también empleo joven en los barrios. En cualquier caso, los propios movimientos populares y asociaciones que han liderado estas demandas deben formar parte del diseño e implementación de cualquier estrategia pública en la materia.

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Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. Esta norma también incrementará la protección de la salud de quien utiliza estos servicios, que muchas veces se prestan sin la titulación profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros talentos seguridad durante los ciclos de preparación de la alta competición. También se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres y a las oportunidades a través del empleo público. Este sector, cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar, y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y estableceremos premios y dietas iguales para mujeres y hombres. También fomentaremos el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que empezarán los medios públicos conforme a criterios objetivos de éxito en las competiciones nacionales e internacionales.

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Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

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