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Programa de Podemos
para un nuevo país


Derechos y libertades civiles


Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.

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Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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Este plan incluirá una prestación de garantía de vida para mujeres víctimas de violencias machistas, destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.

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Implementaremos un plan de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

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La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.

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Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

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Apostamos por construir un sistema de cooperación en el que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad, como el machismo y la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real, adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud.

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La regulación de la propiedad intelectual se pondrá al servicio de la innovación, la ciencia y el progreso en lugar de operar como una barrera para el emprendimiento. Junto con el aumento de la financiación pública, esto tendrá un efecto de arrastre sobre la inversión privada en I+D+i, que es una de las mayores debilidades de nuestro sistema. Para abrir el acceso a la ciencia, crearemos una Red de Centros de Innovación Ciudadana, como un punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un Plan de Transición hacia la Ciencia Abierta para evitar que, con el dinero público con el que se financian las investigaciones, solo se publiquen sus resultados en revistas científicas de grandes corporaciones y de acceso muy costoso para nuestras Universidades y organismos públicos de investigación (OPI). Apoyaremos a las revistas científicas españolas para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Promoveremos la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, daremos un salto a la gestión digital de la ciencia, con una web de investigación que incluya todas las convocatorias públicas programadas y datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se crea un Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las Instituciones Investigadoras y Universitarias.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red .es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red .es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes.

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Estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Al igual que en el mundo analógico, se eliminarán las restricciones penales y administrativas a nuestros derechos civiles y políticos en internet. Para ello, es necesario conquistar el control sobre nuestros datos y poder aprovecharlos como un bien común, e impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados, más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro.

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Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la Administración en un mundo digital.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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Implementaremos un Plan de Reforma de RTVE y sus Sociedades, que nos coloque a la altura del modelo de la BBC británica, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación de profesionales y de público, el prestigio del servicio público y la consolidación del proceso de renovación vía concurso público, tal y como se acordó en el Congreso y en el Senado. Para ello, se fomentará y coordinará la participación directa de la audiencia, se dará voz en horario relevante a grupos políticos y sociales significativos y se realizarán auditorías semestrales con participación rotativa de las y los propios profesionales de la corporación y de la sociedad civil. Aseguraremos un Programa de Inversión en Producción propia para el Ámbito Digital, asumido de manera directa por los programas esenciales del servicio público, de manera que la externalización de servicios informativos quede excluida y se alcancen progresivamente los niveles de dotación presupuestaria previos a los recortes iniciados en 2012.

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No es casualidad que la única formación que no pide créditos sea la que está planteando que los bancos tienen que devolver los 60 000 millones de euros que nos deben a todos y a todas, y que los ricos deben contribuir con más impuestos. Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos.

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Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país.

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En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

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Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

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España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

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Toda persona que padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese sufrimiento. Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten.

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Una nueva red de casas de apuestas digitales y presenciales está atacando nuestras comunidades. Para protegerlas, se impedirá que estos locales abran antes de las 22 .00 h y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades de ocio; es decir, una política de cierre de locales de apuestas y de apertura de centros sociales en nuestros barrios.

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Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis.

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Abordaremos estas cuestiones desde el enfoque de los derechos humanos y conforme a la deontología periodística. Para ello, se introducirán programas de alfabetización mediática y de ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo y se impulsará una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales. También se aumentará la transparencia en torno a los gastos de comunicación de las Administraciones Públicas.

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Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

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Refuerzo del Servicio de Salvamento Marítimo, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de la vida en el mar. Para ello, dotaremos de recursos y de personal estable a las tripulaciones. Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares.

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Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

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Impulsaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia («Ley 14»). La Ley 14 establecerá medidas para evitar el racismo y otras discriminaciones en todos los ámbitos y creará un organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá denuncias, investigará eventos en colaboración con la Justicia y podrá participar en procedimientos judiciales. Esta ley irá acompañada de un Plan Estatal Integral de Convivencia, con medidas de formación a empleados públicos, de difusión en medios de comunicación, para la reparación de las víctimas en las fronteras y para el avance en el proceso de descolonización simbólica.

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Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá de responsabilidad penal si están en situación administrativa irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio.

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En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas. Esta comisión formará parte de una estrategia estatal para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante.

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España sigue queriendo tener cerca a las personas que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, así como sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

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En 2015, el Partido Popular nos devolvía a tiempos predemocráticos con la aprobación de las leyes mordaza, es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en sus limitaciones a la acción política libre. Nuestro país se merece una democracia del siglo xxi y, por ello, derogaremos las leyes mordaza y reformaremos el Código Penal para acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión.

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La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos. Al mismo tiempo, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

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Reconoceremos la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia Civil y derogaremos las normas que prohíban a sus miembros la participación en la vida sindical. Al mismo tiempo, garantizaremos sus derechos laborales y la capacidad de organización para defenderlos, con lo que se mejorará el servicio que prestan a toda la ciudadanía. Por otro lado, suprimiremos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.

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al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.

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Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los próximos presupuestos y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen disciplinario y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los perjuicios ocasionados para los y las militares y sus familias. También se renovarán los órganos de participación, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), con criterios democráticos y vinculantes para la elaboración de las normas sociolaborales. En la misma línea de equiparación de derechos, se reformará la Justicia militar: se suprimirá la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

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A través de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de complemento) y estableceremos una carrera militar integral sin discriminaciones por escala.

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Estas personas tienen una tasa de paro del 28,6 %, 9 puntos por encima de las personas sin diversidad funcional. Es en el acceso al mercado de trabajo donde se encuentra la barrera principal, por lo que aprobaremos una nueva Ley de Inclusión Laboral, dotada con un aumento de recursos suficiente.

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Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

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Esta norma será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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