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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Feminismos


En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

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Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo.

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Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.

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Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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Pondremos en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para estas mujeres, que incluirá una prestación económica de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada çmujer tenga a su cargo.

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La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.

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Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.

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Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

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Estamos en contra de la trata y de cualquier tipo de explotación sexual o reproductiva de las mujeres y niñas y actuaremos para erradicarlas.

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Apostamos por construir un sistema de cooperación en el que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad, como el machismo y la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real, adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

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Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan, restauraremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia.

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En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble de su tiempo que los hombres y muchas tienen empleos con menos horas de las que desearían. Para paliar estas desigualdades, implementaremos una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario; protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo; permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo; estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos.

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Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para cada progenitor o progenitora, independientemente de su sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora.

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Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.

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Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Se incluirán tanto el primer embarazo como los posteriores a la hora de acceder a las técnicas de Reproducción Humana Asistida en el Sistema Nacional de Salud. Se promoverán medidas de protección para las mujeres que accedan a tratamientos de reproducción asistida en los mismos términos que los aplicados para los supuestos de embarazo en la legislación laboral. Se favorecerá, asimismo, el acceso a los últimos métodos anticonceptivos, incluidas la píldora masculina y la anticoncepción de urgencia, y la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes de 16 y 17 años, en el Sistema Nacional de Salud. Se facilitará y favorecerá el acceso a estos servicios a las personas trans, para facilitar la conservación de su capacidad de gestar y fecundar.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 % para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor.

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Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.

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Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de la voluntad del menor, tanto entre países de la Unión Europea como con terceros países. Dentro de la prioridad de su tratamiento como niños, niñas y adolescentes, es relevante evitar su segregación en instituciones ad hoc, así como las medidas que impidan una socialización.

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Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

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Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo.

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Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector.

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Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

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Superaremos la regla de paridad que introdujo la Ley de Igualdad (40-60 %) al hacer obligatorio un sistema de listas cremallera, que solo se romperá si beneficia a las mujeres. Así, garantizaremos que al menos la mitad de las personas con posibilidad de ser representantes políticas sean mujeres.

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Aparte de las listas electorales, incorporaremos la paridad a los órganos de los partidos políticos y serán obligatorias las primarias para acceder a presidir los órganos ejecutivos de los partidos.

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Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá de responsabilidad penal si están en situación administrativa irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio.

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Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial.

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Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera. Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.

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Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.

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Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trajajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.

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Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

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Esto mejorará sus condiciones laborales, ya que la actual ausencia de reglas favorece la precariedad que reina en el sector. Esta norma también incrementará la protección de la salud de quien utiliza estos servicios, que muchas veces se prestan sin la titulación profesional adecuada. Se establecerán planes plurianuales de becas y financiación de las federaciones para ofrecer a nuestros talentos seguridad durante los ciclos de preparación de la alta competición. También se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalizan sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres y a las oportunidades a través del empleo público. Este sector, cuya Ley del Deporte tiene casi 30 años, debe adaptarse a la realidad de que el deporte femenino goza hoy de un seguimiento y de una asistencia a las competiciones similar, y en ocasiones superior, al masculino, al mismo tiempo que las propias deportistas tienen que luchar día a día contra la desigualdad en su reconocimiento y en sus retribuciones. Por eso, reconoceremos las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y estableceremos premios y dietas iguales para mujeres y hombres. También fomentaremos el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad, algo con lo que empezarán los medios públicos conforme a criterios objetivos de éxito en las competiciones nacionales e internacionales.

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Aparte de la creación neta de empleo y, por tanto, de ingresos de los horizontes verde, morado y digital, revisaremos el actual sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones, que ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de manera más eficaz. Eliminaremos, además, los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados.

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Con el actual sistema, muchas personas que ya han cotizado más de 35 años, pero que, sin embargo, no encuentran un empleo digno en los últimos años de su vida laboral, no pueden acceder a la jubilación, porque sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la fecha. Aplicaremos la medida también de forma retroactiva a quienes se hayan visto perjudicados o perjudicadas al ver reducida su jubilación por el hecho de hacerlo anticipadamente bajo la regla en vigor.

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Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

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Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera automática e incondicionada, aprovechando la agilidad que permiten las bases de datos actuales, para que quien tenga derecho a la prestación cuente con la certeza de que la cobrará sin demora. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental con financiación suficiente, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y iy con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

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Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Impulsaremos, al mismo tiempo, una reforma de la directiva del IVA para establecer un plus del 4 % a los artículos de lujo, que dejaría el IVA de estos productos en el 25 %. También se bajará el IVA de los servicios veterinarios, del 21 % actual al 10 % y de los productos de higiene femenina y de alimentación animal, del 10 % actual al 4 %.

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